El procurador de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó al Tribunal Supremo Federal de su país mantener bajo confidencialidad “todas las pruebas que constan en los acuerdos de colaboración premiada firmados por Odebrecht”.
Janot
también envió un oficio-circular a los jefes de los ministerios
públicos de los países donde se han abierto investigaciones contra la
empresa brasileña, informándoles de la solicitud que hizo al Tribunal
Supremo Federal de Brasil.
El
procurador justifica la petición de mantener en sigilo las pruebas en
razón del posible interés de las autoridades extranjeras de ordenar
investigaciones relativas a los hechos reportados por los colaboradores,
las cuales podrían verse perjudicadas si éstas se divulgan antes de que
sean dirigidas a las autoridades solicitantes.
La
nota de prensa del Ministerio Público Federal de Brasil advierte de que
las solicitudes de cooperación que ha recibido Brasil solo pueden ser
respondidas después de cumplido el plazo establecido en la cláusula
contractual de confidencialidad del caso de sobornos Odebrecht, que
tiene vigencia por seis meses, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando
los acuerdos fueron firmados.
Para
Janot, terminado el plazo, no significa que automáticamente desaparezca
la necesidad de mantener en secreto la información, en especial de
aquella que debe ser enviada al exterior a través de la cooperación
internacional.
La
solicitud formal de Janot al Tribunal Supremo Federal se basa en la
convención de Mérida, que establece que “el Estado Parte requirente
podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga sigilo acerca de la
exigencia y del contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria
para darle cumplimiento”.
Agrega
que “si el Estado Parte requerido [en este caso Brasil] no puede
mantener este sigilo, tendrá que hacérselo saber de inmediato al Estado
Parte requirente”.
De
la petición de Janot fueron informados los ministerios públicos o
fiscalías de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú,
Portugal y Venezuela, Países que suscribieron con las autoridades de
Brasil una declaración sobre cooperación jurídica internacional contra
la corrupción.
La
carta de Janot a los procuradores y fiscales de esos países indica que
la solicitud que ha hecho al Tribunal Supremo “garantizara” que aun a
partir del 1 de junio de 2017 –cuando será posible compartir las pruebas
con otros países-“No habrá divulgación pública del contenido de esa
parte de la colaboración y consecuentemente se evitaran eventualmente
perjuicios a la investigación que se realizara actualmente sobre el
tema” en cada país.
Janot
hizo hincapié en los documentos relacionados con otros países y que
constan en la colaboración de los exdirectores del grupo de Odebrecht
que se acogieron al programa de delación premiada.