Leonel Fernández/Tomado de Listin Diario
EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
En
estos días la sociedad dominicana ha sido conmovida por la solicitud de
la Procuraduría General de la República de imponer medidas de coerción a
varios ex-funcionarios y legisladores, tanto del partido oficial como
de la oposición, por presuntamente haber aceptado el pago de sobornos en
contraprestación para la adjudicación de obras de infraestructura.
De
conformidad con el acto de solicitud de la medida de coerción, en
diciembre del 2016, la empresa multinacional constructora Norberto
Odebrecht, había suscrito un acuerdo con el Ministerio Público Federal
de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la
Procuraduría General de Suiza, en el que reconocía que durante los años
2001 al 2014 había realizado pagos en distintos países, con el fin de
facilitar o asegurar la adjudicación de contratos para la construcción
de obras de infraestructura.
Casi
al mismo tiempo en que las autoridades judiciales dominicanas actuaban
frente al denominado caso Odebrect, igual ocurría en Ecuador, en el que
cinco ex-funcionarios también fueron acusados por el Ministerio Público
de ese país sudamericano de haber incurrido en actividades ilícitas
vinculadas a la empresa brasileña.
Pero,
con anterioridad, ya se habían desatado, de igual manera, persecuciones
en contra de funcionarios y ex-funcionarios en Perú, Panamá, Colombia,
México, Argentina y Chile.
Era algo sin precedentes en la historia judicial de América Latina.
Normalmente,
los casos tienen lugar dentro del ámbito territorial de un país, dentro
de su jurisdicción nacional, o a lo sumo, entre dos países.
Pero
ahora, como consecuencia de las reveladas actuaciones de Odebrecht, una
empresa multinacional, de origen brasileño, se creaba una situación
novedosa que desborda las fronteras nacionales.
Aunque
hay razones para molestarnos e indignarnos, por la todavía falta de
transparencia y debilidades en los mecanismos institucionales de
rendición de cuentas, lo que ha acontecido es algo de una gran
complejidad. Es algo sin antecedentes. Es la entrada a una nueva etapa
transnacional del delito de cuello blanco, guiada por empresas
multinacionales.
Corrupción dominicana
En la República Dominicana, como en el resto de América Latina y el
Caribe, la corrupción es tan antigua como nuestra propia historia.
En
una aguda observación hecha en su libro, Crisis de la Democracia de
América en la República Dominicana, el profesor Juan Bosch escribió: ¨En
los países de América Latina, con muy pocas excepciones, gobernantes y
gobernados ejercen la corrupción en la forma más natural, y la
corrupción no se limita al robo de fondos públicos sino que alcanza a
otras manifestaciones de la vida en sociedad.¨ Luego, refiriéndose a su
período de gobierno, afirmó: ¨Durante años y años, la corrupción había
sido rampante, descarada y organizada desde lo más alto del poder
público; no iba a ser fácil, pues acabar con ella.¨ Corrupción hubo
durante la dictadura de Trujillo. Es más, se afirma que durante esa
época ni siquiera existía la República Dominicana.
Lo que había era una Compañía por Acciones, propiedad de Trujillo, que llevaba el nombre de República Dominicana.
Durante
la etapa del presidente Joaquín Balaguer, el saqueo de fondos públicos
llegó, en un momento dado, a niveles tan alarmantes, que el propio
mandatario llegó a decir, en frase célebre, que la corrupción sólo se
detenía en la puerta de su despacho.
Yo
mismo, hace más de 20 años, cuando fui escogido, por primera vez, como
candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, llegué a
consignar que el valor monetario de la corrupción en la República
Dominicana era equivalente a cerca de 30 mil millones de pesos.
La
corrupción, pues, a lo largo del tiempo, ha sido un elemento intrínseco
de la vida pública en la República Dominicana, así como, en mayor o
menor medida, en la generalidad de los países de América Latina.
Ahora
bien, dentro de ese marco, ha sido el Partido de la Liberación
Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores
contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga
efectiva la lucha contra la corrupción.
Fue
en el artículo 46 de la Constitución del 2010, auspiciada por el PLD,
que por vez primera se estableció, en forma clara y precisa en un texto
constitucional, la condena a toda forma de corrupción en los órganos del
Estado; la obligatoriedad de la declaración jurada; la pena de
degradación cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción; y
la ampliación de los plazos de prescripción para su persecución.
Fue
en los gobiernos del PLD que se aprobó la Convención de Naciones Unidas
contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la
Corrupción; la Ley de Función Pública; La Ley de Contraloría; la Ley de
la Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto; la Ley sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley de
Libre Acceso a la Información Pública; la Ley Contra el Lavado de
Activos; la que instituye el Código de Ética del Servidor Público; la
creación de Comisiones de Ética Pública; la creación del Consejo Asesor
en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República; la
reforma y modernización de la justicia; y la elaboración del nuevo
Código Penal, así como del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En
fin, a pesar de las debilidades institucionales aún existentes y de la
justa indignación de importantes sectores de nuestra sociedad con
respecto al flagelo de la corrupción, también es válido reconocer el
aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado
legal que permita su prevención, persecución y condena.
Corrupcion universal Pero no es sólo en la República Dominicana o en América Latina y el Caribe donde existe corrupción.
También
hay corrupción en Rusia, donde luego del desplome de la primera
revolución socialista del mundo, apareció una mafia rusa con
ramificaciones en distintas partes del mundo.
En
China persiste la corrupción, a pesar de que se han ejecutado personas
por ese hecho y a otras se les ha condenado a prisión de por vida. Los
antiguos países de la órbita socialista de Europa oriental se encuentran
entre los más corruptos del viejo continente, como son los casos de
Bulgaria, Rumanía, Polonia, la República Checa y Eslovaquia.
Pero
algunos de los países de Europa occidental, que tienen siglos de
civilización, tampoco escapan al contagio de la peste social de nuestros
tiempos. Tal es el caso de Italia, España y Grecia, pero también de
Alemania y Francia.
En
los Estados Unidos, los principales bancos del país son sorprendidos
continuamente en la comisión de prácticas dolosas, como ha ocurrido con
Wells Fargo; JP Mogarn Chase o Citigroup.
La
opinión pública internacional quedó estupefacta cuando se enteró de que
las agencias calificadoras de riesgo otorgaban categoría Triple-A a los
bonos creados con las hipotecas subprime o de alto riesgo, que llevaron
a la ruina el sistema financiero internacional en el 2008; o cuando se
destapó el escándalo Libor de manipulación de las tasas de interés en
los préstamos interbancarios.
Empresas
de gran prestigio internacional como la norteamericana Enron; la
italiana Parmalat; y la alemana Siemens, se han visto envueltas en
grandes escándalos por falta de transparencia en sus ejecutorias.
Hasta
la Federación Internacional de Futbol, la famosa FIFA, no pudo patear
el balón con transparencia y fue descubierta en una práctica continua,
de años, de fraude, sobornos y lavado de activos.
Como
podrá observarse, la corrupción está extendida por todo el planeta, y
es tan vieja en su práctica que resulta incluso anterior a la época de
cuando la Iglesia vendía el perdón de los pecados, es decir, las
llamadas bulas de indulgencia, lo que provocó a tal grado la ira de
Martin Lutero que terminó dando origen a la Reforma Protestante.
Ahora,
en esta segunda década del siglo XXI, lo que ocurre es que debido a la
magnitud, el perfil de los actores y la mayor visibilidad y frecuencia
de actos de corrupción, las sociedades se han tornado más sensibles, y
exigen, con razón, que se haga justicia.
Pero,
además, se han desatado, en el ámbito internacional, nuevas dinámicas
económicas, sociales y políticas como consecuencia de los persistentes
niveles de desigualdad social; la expansión de una clase media urbana
políticamente activa; las nuevas técnicas de comunicación y de
movilización social; y el empoderamiento ciudadano y de organizaciones
de la sociedad civil fruto de la nueva institucionalidad proclive a la
transparencia.
Mientras
tanto, en lo que atañe al expediente del caso Odebrecht, del que se
encuentra apoderado un Juez de la Instrucción Especial de la Suprema
Corte de Justicia, de lo que se espera es que el órgano judicial actúe,
tal como se consagra en los Principios Fundamentales del Código Procesal
Penal, con absoluta imparcialidad e independencia; en base al principio
de presunción de inocencia: y sujeto al criterio de legalidad de las
pruebas.
Y así, se hará justicia.
CONTROL
Reivindica
al PLD como el la organización política que más mecanismos ha creado
desde el poder para enfrentar el mal de la corrupción.