Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO
Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
El silencio del presidente Medina en medio de la ventolera que produjo en las últimas semanas el escándalo de la Odebrecht, y la insurgencia en los medios políticos de la opositora Marcha Verde, parece que al final le está redituando ganancias al gobernante.
Medina, de quien dicen sus cercanos que recibió con angustia el envío a prisión, por resolución del juez de instrucción especial, Francisco Ortega Peguero, de varios funcionarios, notablemente Temístocles Montás, exministro de Industria, en apariencias ya sudó la fiebre.
La semana que recién termina, vio a un gobernante espabilado tratando de ganar terreno para su causa, mientras se siguen conociendo en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, diez recursos de apelación, sometidos por igual número de imputados.
Medina prefirió mantener silencio cuando sus opositores y hasta partidarios le pidieron que hablara sobre el tema, que en algún momento puso en apuros al gobierno en medio de los reclamos populares que han hinchado los mítines de Marcha Verde.
El momento quitó el desasosiego a los encumbrados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en medio del descreimiento de que figuras tan notables, entre ellos los senadores de Santiago y San Cristóbal, fueran colocados como imputados.
A los senadores Julio César Valentín, de Santiago, y Tommy Galán, de San Cristóbal, los salvó su condición legislativa que le da inmunidad frente al proceso que se lleva a cabo, pero que se arriesgan si la presente legislatura no es prorrogada.
La incredulidad era general antes de que el procurador general de la República, Jean A. Rodríguez, ordenara la prisión del grupo de funcionarios, del presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Andrés Bautista y el lobista de Odebrecht, Ángel Rondón.
Bautista fue defendido por los productores agropecuarios, sobre todo de la región del Cibao, donde tiene sus negocios de porcicultura y avicultura, así como por otros dirigentes de su partido que lo consideran un hombre inocente de los cargos y pidieron su libertad.
En el grupo están Radhamés Segura, Máximo D’Oleo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, César Sánchez y el diputado del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de la capital, Alfredo Pacheco. Falta Bernardo Castellanos, que huyó a Guatemala.
Medina a la carga
El presidente Medina no ha abierto su boca para referirse a la situación política del país y al escándalo de la Odebrecht, excepto cuando dijo hace días indirectamente a un grupo de personalidades que propuso acortar su período: “Déjenme trabajar”.
Con entusiasmo, el Presidente recibió el informe de la Comisión designada para evaluar la licitación de la termoeléctrica Punta Catalina, al cual su vocero definió como “equilibrada”, y aceptó que la brasileña Odebrecht siga al frente de la obra.
El informe de la comisión de personalidades del país fue rechazado por la dirigencia del PRM, al decir que el informe protege los intereses de la empresa brasileña y del gobierno de Medina. El mismo rechazo provino de la Marcha Verde que convoca una protesta el próximo 16.
Algo que el Presidente tenía en su manga era el aumento de sueldos a los miembros de las Fuerzas Armadas, que anunció el martes durante una actividad para inaugurar un barrio y una casa de acogida de militares retirados. Los aumentos irían desde un 75% hasta el 122%.
Ese fue el tipo de medida que la oposición no puede tomar y que le dan ventaja al gobernante, ante cualquier consideración sobre lo que puede hacer quien está en el poder. El martes el Consejo de la Magistratura inició la depuración de los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia, SCJ, y el Tribunal Superior Electoral, TSE.
El pasado lunes el presidente Medina designó a los funcionarios que integrarán el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intrant. Colocó al frente a una especie de viga, la ingeniera de carrera en el ministerio de Obras Públicas, Claudia Franchesca de los Santos.
La posición del presidente Medina al parecer necesita más refuerzo. Su hermana, Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, y quien le ganó un pleito esta semana por difamación al periodista Salvador Holguín, pidió a sus colegas diputados contener sus nervios y tener la mirada en alerta para defender los logros del PLD.
Un dirigente librepensador del PLD, Euclides Gutiérrez, dijo en un programa que los Estados Unidos no querían a su partido en el poder. Sin embargo días atrás, el encargado de negocios, a.i, de ese país, Patrick Dunn escribió un artículo en el cual ponderó “la profunda tradición democrática” que comparten los dos pueblos.
Marcha Verde sigue
La Marcha Verde sigue su curso con una nueva convocatoria de una manifestación nacional el domingo 16 del corriente, en lo que se podría saber si en algo han afectado su causa los juicios del caso Odebrecht y los comentarios de empresarios de que le han retirado la colaboración.
La contribución de empresarios a la Marcha Verde era algo muy rumorado en un país donde predomina la indiscreción, y además, porque durante las manifestaciones se exhibió una profusión de parafernalia imposible de producir recogiendo monedas en las esquinas. Después del manifiesto de personalidades que pidieron acortar el cuatrienio del presidente Medina y convocar elecciones en el término de un año para elegir un nuevo Poder Ejecutivo, Congreso y alcaldías, la opinión pública pareció sufrir un sacudimiento.
Aunque la Marcha Verde no se asoció a las demandas del grupo de intelectuales, profesionales y activistas, algunos de sus animadores se empeñaron en destacar los fundamentos de las mismas por el caso de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht.
Con su presidente, el empresario Bautista en los tribunales bajo las acusaciones de la Procuraduría General, la situación del PRM no es solamente de inconformidad, sino también apremio de fortalecer la oposición, en un flanco diferente a la Marcha Verde, pero tiene como desventaja su pugna interna entre los líderes Hipólito Mejía y Luis Abinader.
El pasado martes, a 48 horas de que se conocieran los recursos de apelación planteados por la mayoría de los encartados en el caso de Odebrecht, el procurador general Rodríguez, pidió públicamente a los jueces mantenerlos en prisión, aunque adelantó que respetaría la decisión de la Cámara de la Suprema Corte.
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