El
presidente Medina se aboca a decidir entre una ley especial de
Naturalización y otra de Convalidación de la Nacionalidad para
solucionar el conflicto de la desnacionalización, pero podría proponer
una fusión de ambos proyectos
30 DE MARZO DEL 2014
Juan Bolívar Díaz/Especial para Acento.com.do (*)
Danilo se debate entre la Naturalización y la Convalidación (análisis de Juan Bolívar Díaz)
Presidente Danilo Medina
Archivo/Acento.com.do/Tomado de Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Tras agotar una semana de
consultas al liderazgo político, empresarial y religioso, el presidente
Danilo Medina se debate entre una Ley de Naturalización Especial u otra
de Convalidación de las Actas de Nacimiento instrumentadas por los
oficiales civiles a los dominicanos descendientes de extranjeros
indocumentados.
El mandatario también tiene la
opción de la “opinión consultiva” de la Corte interamericana de Derechos
Humanos (La Corte), pero se inclinaría por una fórmula que resuelva el
drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del
derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal
Constitucional.
Ley de Naturalización
La primera opción que ha
contemplado el gobierno y que se llegó a anunciar en noviembre, es una
Ley Especial de Naturalización, que ha sido favorecida por los sectores
ultra nacionalistas, medios de comunicación y aliados del gobierno, pero
tropieza con los organismos internacionales de derechos humanos que han
advertido que no hay solución sin restitución plena de los derechos
conculcados.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en su informe preliminar y al conversar con el
presidente Medina dejó bien claro que una ciudadanía de segunda
categoría, como la naturalización que contiene limitaciones
constitucionales a los derechos (cuadro anexo), dejaría abierto el
conflicto internacional y en camino a La Corte, cuya jurisprudencia
augura una condena revocatoria de la TC-168-13.
El Sistema de las Naciones
Unidas en un pliego entregado al gobierno en noviembre, proponía dos
fórmulas para devolver los derechos conculcados, sin enfrentar al TC:
que a los nacidos en el país hijos de extranjeros indocumentados se les
dé retroactivamente categoría de residentes, o que se establezca un
mecanismo jurídico fundamentado en la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas, de 1954. Al referirse a la propuesta ley de
naturalización, el documento, que nunca ha sido publicado, la
condicionaba a que otorgara a los desnacionalizados la condición de
“naturalizados dominicanos, de pleno derecho”.
En la audiencia del lunes 24 de
la CIDH dos de sus titulares, el chileno Felipe González y la paraguaya
Rosa María Ortiz insistieron en que no se puede considerar extranjeros a
los nacidos en el país antes de la Constitución del 2010 y pidieron al
Estado que responda las propuestas del informe preliminar sobre su
visita al país.
Ley de Convalidación
Un anteproyecto de ley que busca
atender los requerimientos constitucionales y del derecho
internacional, que elaboró el Ministerio de la Presidencia, estaría como
opción tras algunas modificaciones que no han trascendido. Se
fundamenta en los artículos 38 y 18.2 de La Constitución. El primero
proclama que la “dignidad del ser humano es sagrada, innata e
inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad
esencial de los poderes públicos”, y el segundo reconoce como
dominicanos a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la
entrada en vigencia de esta Constitución”.
Su artículo primero dispone “la
convalidación de todas las actas renacimiento instrumentadas por
Oficiales del Estado Civil sin el cumplimiento de los requisitos legales
en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18
de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El
segundo dice que para beneficiarse de esa disposición se requiere “ (a)
que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación
directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil y (b)
que no se trate de duplicidad o suplantación de identidad.”
Este proyecto buscaba también
resolver de una vez el problema de los descendientes de inmigrantes que
no tienen registro de nacimiento, pero a quienes las constituciones del
jus soli (hasta 2010) les otorgaban también la nacionalidad, cuando en
su artículo 6 establece una “Regularización documental” condicionada a
que “acrediten fehacientemente el hecho del nacimiento, el arraigo y
vínculos con la sociedad dominicana”, lo que sería reglamentado.
La convicción de Danilo
Tras admitir esta semana que el
gobierno está sujeto a fuertes presiones internacionales por los efectos
de la sentencia, (y personas bien informadas indican que son más graves
de lo publicado) el Presidente planteó que resolverá el conflicto por
convicción personal. Eso remite a sus dos declaraciones iniciales en
octubre, tras escuchar a un grupo de desnacionalizados a los que pidió
excusas por los daños causados y poco después al visitar la mina de oro
de Cotuí. Dejó interrogantes sobre la irretroactividad de la sentencia y
planteó una “solución humanitaria”.
Esa convicción fue lo que llevó
el gobierno a a firmar el 19 de noviembre un acuerdo con el canciller de
Haití, con el aval de Venezuela, para iniciar conversaciones sobre los
diferendos binacionales, cuyo segundo punto no deja dudas al reafirmar
su voluntad de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para
garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los
derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”.
Venezuela y Haití han estado demandando el cumplimiento del compromiso,
tras dos reuniones bilaterales en las que se ha adelantado varios
acuerdos. A eso se atribuye las dos suspensiones de la tercera cita,
ahora hasta la segunda semana de abril.
La convalidación de las actas y
no la naturalización resolvería el conflicto tanto a nivel nacional como
internacional y eliminaría un escándalo que ha consumido demasiado
tiempo del presidente y sus principales colaboradores, que desacredita a
la nación y deja pendientes posibles condenas y hasta sanciones. Sin
confrontar la TC-168-13, se podría protege a los que fueron admitidos
como ciudadanos, cuyo despojo es lo más inaceptable para todo el mundo.
Fusión de transacción
Presidente Danilo Medina y ex
presidente Leonel FernándezNo hay pacto sin dolor pero hasta los
triunfadores en las guerras a menudo tienen que hacer concesiones y
transar en aras de la convivencia. El presidente podría hacer una fusión
de Convalidación y Naturalización. La primera para reconocer los que
estaban registrados como ciudadanos y la segunda para los que no fueron
declarados a tiempo. A los ultranacionalistas les ofrendaría el
sacrificio de la “regularización documental”, planteada en el artículo 6
del anteproyecto elaborado por el equipo del Ministro de la
Presidencia.
La sociedad dominicana está
dividida a fondo por el conflicto, y así habría quedado de manifiesto en
las consultas del presidente. La encuesta Gallup-HOY de enero indicó
que el 58 por ciento de la población (65 en el gran Santo Domingo)
considera dominicanos a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos
en el país inscritos en el Registro Civil. Se percibe un crecimiento de
los que comparten la justicia, incluyendo a importantes sectores
empresariales, que habrían incentivado al presidente Medina a una
solución que conjure el escándalo y evite complicaciones internacionales
que podrían afectar el país hasta económicamente.
Juliana DeguisEl intercambio de
Medina con el presidente de su partido, Leonel Fernández, fue un paso
fundamental en dirección a una solución mediante ley, porque este
también ha cuestionado la irretroactividad de la sentencia y hasta ha
planteado que “Juliana Deguis debe ser considerada dominicana”. Los dos
líderes del PLD tienen el poder suficiente para hacer al Poder
Legislativo, bajo amplio control de su partido, compromisario de una ley
reivindicativa que resuelva tan grave problema.
Debe asumirse que los poderes
Ejecutivo y Legislativo tienen suficiente legitimidad, por lo menos
tanta como el TC, para tomar una iniciativa que sin confrontar la
sentencia 168-13 satisfaga las mayorías nacionales, el interés de la
nación y el derecho internacional, en cuyo caso sería aplaudida
ampliamente en el país y a unanimidad en el exterior. No se debería
descartar que los ultranacionalistas la interpelen en el TC, pero se
debe esperar que los jueces tendrán suficiente talento para aceptar el
“bajadero” y no desafiar a los otros dos poderes y a la comunidad
internacional.
Pero mientras esa posibilidad se
materializa, pasarían meses y el gobierno se habrá quitado el peso de
encima y logrado el reconocimiento internacional, de los decenas de
miles de personas a quienes se haría justicia y de todos los que les
respaldan. Si predominara el absurdo tampoco pierde el gobierno, porque
entonces sí que tendría que pedir la opinión consultiva de la Corte
Interamericana (opción que también tiene ahora) y nadie duda que el TC
quedaría enterrado y sus miembros tendrían que renunciar para que se
pueda rescatar ese organismo del descrédito. Pero hasta ahí no llegará
el conflicto si Danilo Medina y Leonel Fernández quieren, porque no hay
tanta independencia judicial.-
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La opción de la Naturalización
Repercusiones positivas
Ofrece la opción de una ciudadanía de segunda categoría, sin forzar apatridia.
Fortalece la posición del Tribunal Constitucional.
Satisface a los ultranacionalistas de la FNP y otros sectores antihaitianos.
Satisface al 40% de la población según la encuesta Gallup-Hoy.
Repercusiones negativas
Viola derechos humanos fundamentales y consagra un gueto.
Deja vivo el conflicto en la sociedad dominicana.
No satisface los reclamos de los organismos de Derechos Humanos.
Mantiene el riesgo de una condena de la Corte Interamericana de D. Humanos.
Marchita el proceso de diálogo con Haití.
Mantendría la animadversión del vecindario caribeño.
Deja mal parado el acuerdo firmado con Venezuela y Haití.
Riesgo de repercusiones negativas sobre el comercio, turismo e inversiones.
La aplicación retroactiva crea inseguridad jurídica.
Fortalece la posición de la ultra derecha en el bloque de poder gubernamental.
La opción de la Convalidación
Repercusiones positivas
Hace justicia a decena de miles de registrados como ciudadanos dominicanos.
Le quita un grave problema de encima al gobierno.
Conjura el escándalo internacional y el descrédito del país.
Hace honor a la “convicción” expresada por el Presidente Medina.
Honra el acuerdo firmado con Venezuela y Haití en Caracas.
Satisface al 58% de la población según la encuesta Gallup-Hoy.
Atiende el criterio de la mayoría de los expertos constitucionalistas.
Fortalece el proceso de diálogo y acuerdos con Haití.
Pemitiría restablecer la relación con la comunidad caribeña Caricom.
Favorecería el Plan de Regularización de Inmigrantes.
Pondría fin al proceso en la Comisión y la Corte Interamericana de D. Humanos.
Satisface a empresarios dominicanos preocupados por el escándalo.
Desmonta el escenario de odios y exclusiones.
Reivindica principios constitucionales y del derecho internacional.
Repercusiones negativas
Debilita la imagen del Tribunal Constitucional.
Deja insatisfechos a los aliados políticos de la FNP y sectores conservadores.
Se distancia de la posición del Presidente de la JCE, Roberto Rosario.
No complacería los planteamientos de varios funcionarios de su gobierno.
Disgustaría al Cardenal Lope Rodríguez.
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Limitaciones a los derechos políticos de los naturalizados:
* No pueden ser Presidentes o Vicepresidentes de la República.
* No pueden ocupar la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado.
* Solo pueden ser elegidos para
los cargos de senadores y diputados diez años después de haber adquirido
la nacionalidad dominicana siempre que hayan residido en la
jurisdicción cinco años antes de su elección.
* No pueden ser jueces o juezas de la Suprema Corte de Justicia.
* Conforme al artículo 201 de la
Constitución, los naturalizados Solo pueden ocupar los cargos de
alcaldes, regidores y demás funciones, cuando tengan más de 5 años de
residencia en su demarcación.
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(*) Escrito para el diario Hoy. Acento.com.do lo publica con la autorización del autor.