Julia Ramírez/Tomado de El Caribe
Abogados que defienden a
“dueños” de terrenos en Bahía de las Águilas escuchan mientras el Estado
pide la nulidad de los títulos. La jueza solicitó juicio disciplinario a
un abogado. Abogados que defienden a “dueños” de terrenos en Bahía de
las Águilas escuchan mientras el Estado pide la nulidad de los títulos.
La jueza solicitó juicio disciplinario a un abogado. (Romelio Montero)
El Estado dominicano detalló
ayer cómo se realizó el alegado fraude con los terrenos de Bahía de las
Águilas, en Pedernales y pidió la anulación de los títulos y cartas
constancias emitidos sobre el inmueble.Laura Acosta, como parte
demandante en representación del Estado, sostuvo que del 5 al 10 de
febrero de 1996, el Estado transfirió al Instituto Agrario Dominicano
(IAD) los terrenos de Bahía de las Águilas, donde creó un asentamiento
agrario con más de mil 500 personas, a quienes emitió los títulos y
luego vendieron a los “terceros adquirientes de buena fe”.
“Hay dos reclamantes aquí en
esta sala”, dice Acosta, “que son Puro Pichardo Fernández y Miguel
Nelson Fernández, que junto a otros imputados fueron descargados en el
proceso penal porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los
terrenos adquiridos, cuyos títulos reposan en el expediente”.
En la audiencia que continuará
el próximo lunes, Acosta manifestó, además, que en noviembre de 1997 con
firma suscrita por José Altagracia Marrero Novas, que además de estar
representado ha venido a las audiencias, devolvió un total de 88 títulos
de propiedad (cartas constancias), de diferentes personas, muchas de
las cuales, hoy reclaman las tierras.
Reveló que se inventariaron mil
491 títulos, algunos de los cuales no tienen firma y otros sin sellos
del registrador. Dice Acosta, de manera irónica, que Jaime Rodríguez
Guzmán, exdirector del IAD, iba beneficiar a campesinos para sembrar
guazábara y cabrón, y criar iguanas en esas playas de Bahía.
El abogado del Estado Fermín
Casilla Minaya pidió que se declaren nulas las transferencias,
operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y
cualquier operación de transacción en perjuicio de los terrenos
“propiedad” del Estado por ser fraudulentas. Asimismo, pidió ordenar la
cancelación de todas las constancias de ventas anotadas, las hipotecas,
contratos de arrendamientos, de cuota lites. Seis de los abogados de la
parte demandada emitieron sus conclusiones pidiendo que se rechazara la
demanda del Estado. En tanto, los jueces del Primer Tribunal Colegiado
del Distrito Nacional dirán hoy si extinguen el proceso penal de Bahía
de las Águilas o si conocerán el expediente.
Decide se juzgue abogado disciplinariamente
Tras emitir sus conclusiones en
nombre de Puro Pichardo, el abogado Valerio Fabián Romero pretendía dar
calidades por unos intervinientes voluntarios en el proceso, esto
provocó que la jueza pusiera en duda su integridad profesional, y tras
reclamarle por lo ocurrido le envió por ante el Colegio de Abogados para
que sea procesado por faltar al Código de Ética.