Tomado de Acento.com.do
Los impuestos
pagados por ciudadanos al Ministerio de Interior y Policía, durante la
gestión de Franklin Almeyda, por concepto legalizaron de armas de fuego,
fueron repartidos en incentivos y sobresueldos entre los principales
funcionarios, según detectó una auditoría llevada a cabo por la Cámara
de Cuentas de la República Dominicana (CCR)
SANTO DOMINGO, República Dominicana (Julián Herrera/Acento.com.do).-.-Los
impuestos pagados por ciudadanos al Ministerio de Interior y Policía,
durante la gestión de Franklin Almeyda, por concepto legalización de
armas de fuego, fueron repartidos en incentivos y sobresueldos entre los
principales funcionarios, según detectó una auditoría llevada a cabo
por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCR).
La institución recaudó en 2008,
fecha de la auditoria, la suma de RD$ 460 millones 327 mil 679, por
emisión, renovación, traspaso, legalización y cancelación de licencia
para porte y tenencia de armas de fuego, así como por permisos y
certificaciones emitidos por la institución.
A pesar del dispendio de
recursos públicos detectado en el Ministerio de Interior y Policía, el
informe no forma parte de las 68 auditorías enviadas por la Cámara de
Cuentas a la Procuraduría General de la República.
Los auditores detectaron que los
funcionarios beneficiados recibieron ingresos salariales superiores al
sueldo base, sin la autorización de Ministerio de Administración
Pública.
Otros 54 funcionarios y empleados recibían incentivos y sobresueldos de hasta de 900 mil pesos anuales, con dinero de los fondos propios dejados de reportar al Tesoro Nacional, en franca violación a la ley
La institución realizó
desembolsos por servicios prestados, especiales, incentivos y
sobresueldos por la suma de 460 millones de pesos, aplicando un
incremento en los incentivos de los funcionarios hasta de un 150 por
ciento sobre su sueldo base.
Los aumentos se aplicaron, según
la CCR, en varias nóminas de la institución a funcionarios y otros
servidores con cargos diferentes, sobre todo a los subsecretarios y
personal administrativo de la dirección ejecutiva de Interior y Policía.
La Cámara de Cuentas critica que
los fondos no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro ni
registrados en el presupuesto de la institución, como manda la ley de la
Tesorería Nacional y la Contraloría General de la República.
La circular 05 de la Contraloría
General de la República establece: “Se prohíbe pagar nómina de sueldo
(servicios personales) por los fondos propios (extra presupuestarios)
tal y como se consigna en el Artículo 25, Capítulo VI del reglamento del
Fondo en Avance y Reponibles”.
Funcionarios que cobran dos sueldos
Entre los funcionarios que
aparecen en dos nóminas figuran Juan Francisco Mañón Vargas, designado
como encargado de presupuesto con salario de 35 mil pesos mensuales, y
aparece con otro 70 mil como instructor analista de presupuesto de la
misma entidad.
Asimismo, revela la auditoria
que la subsecretaria Yadira Peña Suarez tenía un sueldo base 60 mil
pesos, pero recibía 70 como coordinadora de proyectos.
El subsecretario Roberto
Lamarche Cruz devengaba un salario de 60 mil pesos mensuales, y además
se desempañaba como capacitador del programa de seguridad, por el cual
recibía otro 60 mil pesos.
También figuraba el subsecretario Guerin Medina, con 60 mil pesos de sueldo y otro 50 mil como Director de Operaciones.
Asimismo, aparece una persona
descrita como asistente de Franklin Almeyda, que recibía un salario de
35 mil pesos, más un sobresueldo de 70 mil pesos.
La señora Rita Mendoza Taveras,
gerente financiera devengaba un salario de 49 mil, pero recibía
adicionales por 81 mil, como instructora financiera de la misma
institución.
Asimismo, destaca el informe que
Henry Rodríguez Castellanos recibía de sueldo 60 mil pesos, por sus
funciones como subsecretario de Estado, y otros 50 mil como director
general del programa “COBA”.
Otros 54 funcionarios y
empleados recibían incentivos y sobresueldos de hasta de 900 mil pesos
anuales, con dinero de los fondos propios dejados de reportar al Tesoro
Nacional, en franca violación a la ley.
La Ley de Función Pública 41-08 en su Artículo 80 establece:
“La aceptación de un segundo
cargo público incompatible con el que se está ejerciendo, supone la
renuncia automática del primero sin desmedro de las responsabilidad que
corresponda.”
Conclusiones de la CCR
En sus conclusiones generales la
Cámara de Cuentas recomienda a las autoridades del ministerio,
instruir a la dirección financiera para que incluya en el presupuesto
de la entidad el monto de los ingresos originados de actividades
propias.
Además, recomienda solicitar a
la secretaría de Estado de Administración Pública (actual Ministerio de
Administración), el estudio y racionalidad de la estructura salarial de
la entidad, de manera que pueda unificar y transparentar el salario de
sus servidores.