Por Magin Díaz
El país tiene un problema fiscal desde hace tiempo pero que se ha agravado después del COVID: los gastos del Gobierno son mayores que antes; el déficit no ha bajado y, por tanto, la deuda sigue aumentando. Estos problemas se resuelven con un aumento importante y sostenido de las recaudaciones.
La presión fiscal es la suma de todos los ingresos que se recaudan como porcentaje del Producto Interno Bruto, incluyendo tributarios (impuestos) e ingresos no tributarios y de capital (los cuales incluyen muchas partidas como los dividendos de empresas, ingresos por la operación de Punta Catalina, ingresos por ventas de servicios y un largo etc…).
La presión tributaria es la parte que solo corresponde a los impuestos y que históricamente representa alrededor de un 90% del total. Para hacer la comparación y saber cuál es la situación real de los ingresos tributarios es importante eliminar el impacto de las amnistías y adelantos que se han hecho en este periodo. Esto nos da una mejor idea de la evolución real de las recaudaciones.
Cuando hacemos esto para el 2021, la presión tributaria fue exactamente la misma que en 2019: 13.4% del PIB. Mientras los ingresos de la Dirección de Aduanas aumentaron de 3.2% a 3.6% del PIB, los de DGII cayeron de 10.6% a 10.2%.
En 2022 la presión tributaria fue de 13.9%, básicamente por un aumento en la recaudación de la Dirección General de Aduanas (DGA), explicada por el incremento de los fletes. La DGA terminó recaudando 3.7% del PIB y la DGII se recuperó respecto al 2021 (a 10.5% del PIB), pero todavía por debajo del 2019.
Para el 2023, si sigue la tendencia observada a la fecha, la presión tributaria será muy similar a la del 2019 ya que es difícil que se cumpla el estimado del presupuesto reformulado de 14% del PIB. Tal vez termine en el entorno del 13.7% del PIB, un aumento de apenas 0.3%.
Por otro lado, los ingresos no tributarios y los ingresos de capital del Gobierno, los cuales incluyen las ganancias de Punta Catalina, dividendos de otras empresas públicas y otros ingresos no relacionados con impuestos, han aumentado de 1% del PIB en 2019 a 1.4% este año.
Queda claro también que el Gobierno ha podido hacerle frente a la situación fiscal, al menos de forma parcial, con las amnistías y adelantos de impuestos, los cuales representaron 1% del PIB en 2021 y se estiman en 0.5% del PIB para este 2023.
En resumen, la presión tributaria, que era de un 13.4% del PIB en 2019 aumentará marginalmente al final del 2023; mientras que los ingresos no tributarios y de capital, pasarán de 1% del PIB a 1.3%-1.4%. No más de ahí.
Eso nos da una presión fiscal total en el entorno del 15% del PIB, muy inferior a un gasto, que no baja de 18.5%-19.0% del PIB. Esta es la definición de un déficit estructural: gastos rígidos a la baja e ingresos que solo aumentan de manera marginal por más esfuerzo que se haga.
Creo que es un logro importante que en un entorno tan complejo las recaudaciones del Gobierno se hayan mantenido en términos relativos. Pero esto tiene muchas implicaciones a la hora de discutir un aumento de impuestos a la población, la cual va a exigir que se busque el dinero que falta en el combate a la evasión, la elusión y el fraude, en lugar de buscar más en el que ya paga. Tampoco parece ser sostenible seguir pidiendo adelantos con regularidad al sector financiero y a grandes empresas.
La población simplemente no entiende que con medidas administrativas no se va a resolver el problema fiscal, ni por el lado de los ingresos, porque no han aumentado considerablemente en este periodo; ni por el lado de los gastos, porque no han bajado; y de hecho han aumentado.
Los esfuerzos para reducir el dispendio del gasto y aumentar su eficiencia han servido para reasignar gastos (en el mejor de los casos) pero no para resolver el problema del déficit y la deuda. Habrá que comprar palomitas porque esa discusión no será fácil.