El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo que respeta la decisión de la Segunda Sala de Apelación del Distrito Nacional, de cesar la prisión preventiva a los principales acusados del caso Camaleón, es decir, Hugo Beras, exdirector del Intrant; Jochi Gómez, y Pedro Padovani.
Sin embargo, Camacho indicó al salir de la sala que no comparte la decisión, al tiempo de lamentar de que se envíe un mensaje inequívoco al crimen organizado, especialmente a las esferas de corrupción y de narcotráfico, de que perseguir jueces e infiltrar investigaciones judiciales, no tienen ningún tipo de consecuencias en el país.
Camacho sostuvo que el Ministerio Público presentó evidencias contundentes, no solo de la infiltración de la investigación, sino de la cantidad de armas que tenía Jochi Gómez, razones suficientes para mantener la prisión preventiva.
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El procurador adjunto dijo que no obstante, el Ministerio Público continuará haciendo lo que ha hecho hasta ahora, seguir trabajando y profundizando las investigaciones contra los imputados de corrupción.
El funcionario aseguró que la meta es presentar una acusación sólida, que conduzca a la condena de los imputados en el caso Camaleón.
Los imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la Operación Camaleón como una de las “Más exitosas” contra el crimen organizado.