Santo Domingo. – Mientras algunos países como Chile o Costa Rica han logrado mantener pérdidas eléctricas por debajo del 10%, otros —como República Dominicana u Honduras— registran pérdidas superiores al 35%. Estas pérdidas pueden representar un drenaje de recursos públicos, debilitan la calidad del servicio y reflejan, en muchos casos, la ineficiencia de las empresas distribuidoras estatales.
Según el estudio Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, los países con mayor participación privada en la distribución eléctrica presentan menores pérdidas en promedio (14.1%) que aquellos donde predomina la gestión estatal (22.3%).
No es coincidencia: la participación del sector privado ha permitido una mejor gobernanza, mayores incentivos para la eficiencia y mejoras sostenidas en la calidad del servicio.
Las empresas públicas, como las EDE en República Dominicana, no dependen de su eficiencia, sino del respaldo permanente de las finanzas públicas.
A mayo de 2025, las EDE ya habían recibido más de RD$35 mil millones en subsidios estatales, lo que representa una pesada carga para los contribuyentes.
Abordar el problema de las pérdidas eléctricas requiere más que inversiones: exige reformar la naturaleza institucional del sistema.
Persistir en un modelo estatal ineficiente implica postergar la modernización del sector eléctrico, perpetuar la carga sobre el erario y condenar a los usuarios a un servicio deficiente. La evidencia demuestra que donde hay gestión privada, hay menos pérdidas y mejor calidad.