La investigación confirma que las fallas responsables del devastador terremoto de 1751, que destruyó gran parte del sur del país, siguen activas y podrían provocar un nuevo evento de gran magnitud.
Los datos, publicados en la prestigiosa revista Scientific Reports (Nature Portfolio), indican que la región ha experimentado terremotos destructivos cada 200 años en promedio, y el último ocurrió hace ya 274 años.
“La amenaza sísmica en esta zona es real y urgente. Existen evidencias geológicas claras de terremotos de magnitud superior a 7 en los últimos 2,000 años”, explicó Javier Escuder Viruete, investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).
El hallazgo se basa en el análisis de estructuras de licuefacción (sismitas) encontradas en la Playa Tortuguero, en la Bahía de Ocoa. Estas deformaciones del terreno fueron causadas por terremotos pasados, y permiten a los científicos identificar patrones de recurrencia sísmica con precisión.
Metodología del estudio
El equipo internacional, conformado por expertos del IGME, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Alicante, usó tecnologías como drones, dataciones por radiocarbono y modelos de amenaza sísmica para confirmar la relación entre estas estructuras y terremotos históricos.
Los resultados muestran hundimientos de hasta 20 cm y estructuras subterráneas de hasta 3 metros, asociadas a sismos de intensidad VIII a X en la escala ESI (Escala de Intensidad Sísmica).
Una amenaza que persiste
Las fallas de Beata y la fosa de Los Muertos, ubicadas al sur de la isla, fueron las responsables del gran terremoto de 1751 (magnitud 7.5), y los científicos aseguran que podrían activarse nuevamente.
Las provincias de Azua, Baní y Barahona, con una población conjunta que supera las 650,000 personas, se encuentran dentro del área de mayor riesgo.
“Este estudio es clave para actualizar los mapas de riesgo sísmico y tomar decisiones de planificación urbana y protección civil”, enfatizó Escuder Viruete.
Implicaciones para el país
El informe insta a las autoridades dominicanas a incorporar estos datos en sus políticas de ordenamiento territorial y gestión del riesgo, ya que la evidencia científica advierte de la posibilidad real de un gran sismo en el sur del país.