La cesantía se ha convertido en una vaca sagrada del sistema laboral dominicano. Su defensa suele presentarse como una conquista social irrenunciable, cuando en realidad funciona como un obstáculo para el empleo formal y una condena silenciosa para los trabajadores informales. El Senado ha preferido mantenerla intacta, sin calcular el costo económico y social de esa complacencia.
El país no necesita más rigidez, sino más oportunidades. Mantener una doble tributación -cesantía y seguridad social- encarece la contratación, desincentiva la creación de empleos y perpetúa el círculo vicioso de la informalidad. No significa que se prive al trabajador de sus beneficios de manera retroactiva, sino que se busque otro tipo de protección.
Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor real de la economía, no pueden sostener una estructura laboral que las asfixia cada vez que deben despedir o ajustar su plantilla.
Reformar el Código Laboral exige equilibrio. Hay espacio para una transición sensata, con topes, gradualidad y esquemas de compensación más modernos. Aferrarse a un modelo de hace medio siglo solo garantiza más desempleo, más informalidad y menos futuro.
La cesantía, tal como está concebida, ya no protege: encadena. Mientras no se rompa esa cadena, la economía dominicana seguirá avanzando con el freno de mano puesto.