Si yo fuera asesor de comunicación del presidente de la República Luis Abinader, ante un caso tan complejo como lo que se está investigando en SENASA, suspendiera sus presentaciones en La Semanal, o quizás prohibiera a los periodistas preguntar sobre ese tema, pues hasta ahora sus respuestas parecen defender a sus amigos del grupo Read-Villanueva, ante los cuestionamientos publicos de sus contratos con la ARS Pública.
Cuando en La Semanal a Abinader se le pregunta del caso SENASA, lo que responde es el mismo argumento que usó esa institución, como defensa ante el pedido de investigación abierta por la Dirección de Contrataciones Públicas, a requerimiento de la empresa DHL Digital Health, sobre un contrato para proveer servicios farmacéuticos ambulatorios a los afiliados del régimen contributivo de esa ARS.
Evidentemenre nervioso, el presidente dice textualmente lo siguiente: "ehh..la institución SENASA es una institución autónoma ehhh no es directamente ehh..y parte de su sector mm parte sus sus atribuciones no están en el compra y contrataciones", solo que esa dirección declaró ilegal el contrato al que se refiere el señor presidente..
¿A que nos referimos?, A un contrato con la empresa FARMACARD, que es a su vez parte del grupo Read-Villanueva (sin agregar ese apellido es imposible entender el tema), en que se entregó por CAPITA toda la cartera de afiliados de SENASA en el régimen contributivo, para que gestionara la entrega de medicamentos.
Hablamos del contrato entre SENASA y FARMACARD, dónde la primera asume la gestión de medicamentos a la segunda, es decir entre afiliados del régimen contributivo y jubilados; la ARS tiene 1,870,894 afiliados contributivos y el contrato se hizo POR CAPITA a razón de RD$168.85 pesos, lo que significa que SENASA debía pagar cada mes la suma de RD$314 millones de pesos, lo que sumaria en un año la suma de RD$3,780,000 (tres mil setecientos millones de pesos), que son RD$11,340.000.000 (once mil trescientos cuarenta) millones de pesos por el uso de un sistema informatico llamado MEDINET, durante los 3 años que dura el contrato.
Llama la atención de como Contrataciones Publicas, lo declara ilegal porque no cumplió con las reglas para un proceso competitivo y transparente, ya que FARMACARD no es una prestadora de servicios de salud, como tambien lo confirmó el Ministerio de Salud certificando que no esta registrada ni habilitada para ofrecer esos servicios, y por esto se declaró declaró su ilegalidad, así como la SISALRIL que al ser consultada sobre el tema respondio que se contrataba una asistencia farmacéutica" a los afiliados no un servicio de salud.
Pero no solo eso, SENASA en el contrato de marras, entregó el pago de los servicios farmacéuticos de la institución a FARMACARD, precisamente el área de una ARS con mayor riesgo de corrupción, pues esa empresa era la encargada de pagar y cobrar los medicamentos aurorizados a los usuarios y esta a su vez, no conforme con lo que cobraba por capita a la ARS, también envió una comunicación a las farmacias planteandoles que cobrarían un 4.25% de todo lo que facturaran.
Dicho esto nos parece otro acto de manipulación la campaña montada en contra de la red de farmacias GBC, algo muy parecido al intento de desviar el tema con maniobras de comunicación, que se hizo montando un programa que vendió la idea de que el caso de corrupción en SENASA lo cometieron unos cuantos ladronzuelos, para poner fuera del radar al grupo Read-Villanueva dueño de casi todas las empresas mencionadas en el escándalo SENASA.
GBC es un proveedor más de medicamentos a los usuarios de las ARS publica y privadas, parece ser víctima de otra campaña de desinformación, dónde lo primero es que FARMACARD al estallar el escándalo dice que fueron ellos quienes detectaron el fraude, que es lo mismo planteado por Kherson SRL , Santiago Hazim y hasta el presidente de la república se inscribió en esa línea de cambio de relato.