Documentos mercantiles y nóminas oficiales revisados revelan que un asesor del Ministerio de Energía y Minas figura simultáneamente como accionista y representante de la empresa minera GoldQuest Dominicana, una situación que abre cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés dentro de uno de los sectores más sensibles del Estado dominicano.
La información surge tras analizar el Registro Mercantil vigente de GoldQuest Dominicana SRL, empresa cuyo objeto social incluye de manera expresa la exploración y explotación de minas, así como actividades vinculadas al desarrollo de proyectos mineros en República Dominicana.
En la documentación aparecen tres socios principales: GoldQuest Mining Corporation, representada por Julio Espaillat; el propio Julio Espaillat como accionista individual; y Félix Mercedes Tejeda, quien además figura como gerente de la sociedad.
El nombre del asesor aparece repetido dentro de la estructura corporativa tanto como representante de una de las compañías socias como en condición de accionista personal.
Sin embargo, al revisar las nóminas del Ministerio de Energía y Minas, surge otro elemento relevante: Julio Espaillat figura además como asesor del ministro.
De acuerdo con los documentos consultados, habría ocupado esa posición desde octubre de 2023, primero durante la gestión del entonces ministro Antonio Almonte y posteriormente bajo la administración del actual ministro Joel Santos.
La situación genera interrogantes debido a que GoldQuest Dominicana es una empresa vinculada directamente a actividades que dependen de regulaciones, permisos, evaluaciones y concesiones otorgadas precisamente por el Estado dominicano a través del sector minero.
Es decir, un accionista y representante de una empresa minera privada aparece simultáneamente ocupando funciones de asesoría dentro del propio ministerio encargado de regular y supervisar la actividad minera nacional.
El caso adquiere relevancia legal y ética debido a las disposiciones establecidas en la Ley 41-08 de Función Pública.
El artículo 80 de esa legislación contempla prohibiciones expresas para los servidores públicos en situaciones donde puedan surgir conflictos de interés.
El numeral 7 establece que ningún funcionario puede “intervenir, directa o indirectamente, en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor”.
Mientras, el numeral 9 prohíbe participar en actividades oficiales donde el servidor público tenga intereses económicos particulares que puedan comprometer su objetividad.
A su vez, el numeral 10 impide actuar en procesos donde existan intereses privados que afecten la imparcialidad de las decisiones públicas.
La controversia toma mayor dimensión debido a que, según registros bursátiles y documentos revisados, Julio Espaillat no habría salido completamente de la estructura accionaria de GoldQuest.
Aunque habría vendido parte de sus acciones, continúa vinculado a la empresa mediante cientos de miles de títulos y sigue figurando formalmente como accionista y representante en registros mercantiles vigentes tanto en Santo Domingo como en San Juan.
La situación plantea múltiples interrogantes sobre el alcance de sus funciones dentro del Ministerio de Energía y Minas.
Entre las preguntas que surgen están si participó en reuniones relacionadas con concesiones mineras, si tuvo acceso privilegiado a información estratégica del sector o si intervino en procesos vinculados a permisos, exploraciones y regulaciones de proyectos extractivos.
También queda abierta la interrogante de si este posible conflicto de interés fue evaluado internamente por las autoridades del ministerio o por los organismos de control del Estado.
El debate adquiere especial sensibilidad debido a que el sector minero maneja decisiones multimillonarias con alto impacto ambiental, económico y social para el país.
En ese contexto, especialistas en transparencia y administración pública advierten que la línea entre interés privado e interés público debe mantenerse claramente delimitada para garantizar confianza institucional e imparcialidad en la toma de decisiones.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Energía y Minas ni representantes de GoldQuest Dominicana han ofrecido una posición pública sobre los cuestionamientos derivados de los documentos revisados.