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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El cable de la Embajada de Estados
Unidos en la República Dominicana se escribe solo dos días antes de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estaba pautada a dar su veredicto sobre la extradición de Quirino Ernesto Paulino Castillo, en el cual se expresa el deseo de entidad diplomática en que el narcotraficante señalará algunos de los altos políticos y oficiales militares por complicidad, por aceptar sobornos o al menos de no actuar mientras él acumulaba millones de dólares provenientes de las drogas.
Habían transcurrido casi dos meses del arresto del ex capitán del ejército y se deliberaba en la SCJ la solicitud de extradición, cuando la embajada en un cable confidencial, firmado por el embajador Hans Hertell, dice “Un veredicto de la SCJ el viernes, 18 de febrero, será decisivo en cuanto al significado del caso…para la viabilidad del sistema judicial dominicano, con importantes implicaciones para la política y la sociedad dominicana”.
El cable de numerado 27172 y de fecha 16 de febrero de 2005 y difundido este martes en Noticias SIN, explica la forma en como fue atrapado Quirino “La DNCD, con la asesoría y guía de su contraparte estadounidense, DEA, arrestó a Paulino el 18 de diciembre, poco después de haber detenido una camioneta en una importante vía del centro de Santo Domingo. La camioneta cargaba 1,387 kilos de cocaína perfectamente empaquetada”.
Tras destacar el éxito de la cooperación bilateral para agilizar la solicitud de extradición, el documento dice “NY quiere a Paulino porque la ciudad era el destino de la cocaína; el DEA y el resto de las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes quieren además a Paulino fuera de Republica Dominicana para evitar que utilice el soborno para esquivar las acusaciones, para lograr que hable y para mantenerlo vivo”.
El documento narra cómo las decisiones de extradiciones hasta esa fecha se hacían por recomendación de los presidentes dominicanos. Pero destacan que un cambio fundamental en el nuevo Código fue asignarle a la Cámara Penal de la SCJ la autoridad para examinar las solicitudes.
Añade que “Plenamente conscientes de la imperecedera importancia de este caso, el Procurador General Francisco Domínguez Brito tomó la determinación de hacer los mejores razonamientos posibles. Buscó y obtuvo de las autoridades estadounidenses, en poco días, un afidávit adicional con información más específica sobre los cargos en que se basa EUA. El gobierno norteamericano suministró jurisprudencia de otras jurisdicciones en los que se habían hecho extradiciones, incluyendo Colombia, para fortalecer la presentación del caso contra Paulino”.
La extradición de Paulino (asegura la trascripción) es una prueba para la ética y credibilidad de la Cámara Penal, la SCJ y todo el sistema judicial dominicano.
En el cable la embajada se pregunta “¿Aprobará la Cámara Penal la extradición? Una persona a (estrictamente proteger) dice que lo harán y cita la reputación de integridad de dos (“…no, tres”) de los cinco miembros. La inteligencia señala que podrían estar en marcha esfuerzos para sondear los jueces sobre posibles sobornos; las cantidades ofrecidas serían sustanciosas, tomando en cuenta otros rumores de que los abogados de la defensa reciben entre 3 y 5 millones de dólares. Es nuestra impresión que existe más oportunidad en la Cámara Penal que en el pleno, donde las reputaciones son menos firmes y algunos jueces envueltos en la política querrían mantener a Paulino en el país, para contener las consecuencias políticas”.
Asimismo, el cable que el Presidente Fernández apoya la solicitud de extradición. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y el Nuncio Papal Timothy Broglio aprobaron públicamente que se envíe a Paulino a Estados Unidos para ser enjuiciado.
Las consecuencias políticas
Acto seguido el cable detalla como Paulino “tenía su base en Elías Piña, en la frontera central con Haití, de una familia de escasos recursos, pero, como lo cuenta su madre, “Él ahorró e invirtió todo lo que ganó”.
En la medida en que su fortuna aumentó, Paulino compraba apoyo y se convertía en el benefactor de la provincia. Los bienes capturados por las autoridades dominicanas se estimaron en unos 3 mil millones de pesos (US$100 millones).
La filtración cita que los bienes incluían “Cuentas bancarias, efectivo, tres gasolineras, una granja de productos lácteos, un molino arrocero, una granja de semillas oleaginosas, un rancho, una distribuidora de gas de cocinar, un motel, un plataforma para helicópteros y dos helicópteros. Le compró un helicóptero al conocido amañador político “Pepe” Goico, encargado de los cuantiosos pagos que hacía Ramón Báez, del ahora colapsado Baninter, en apoyo a los viajes presidenciales del presidente Hipólito Mejía. (El despilfarro de parte de Goico al usar la tarjeta de crédito fue tan flagrante que Báez lo demandó y lo hizo destituir, aunque brevemente)”.
El documento dice que Paulino debía estar trabajando con los mayoristas de cocaína colombiana y trayendo la droga por la frontera, probablemente en helicóptero. Explica además que manejaba un Mercedes 500 sedán blanco cuando fue arrestado. El carro fue importado libre de impuestos utilizando una autorización emitida por el vicepresidente del Senado César Matías del PRD, el partido de Hipólito Mejía.
“Matías le dijo a la prensa que no sabía nada sobre el asunto; había transferido la autorización a un concesionario (una transacción que está prohibida por ley)”, dice la trascripción.
“En pocos días los periódicos publicaron fotografías del jefe de personal de Mejía, Sergio Grullón y de su esposa en una ceremonia en Elías Piña donde Paulino había recibido un reconocimiento como ciudadano sobresaliente.
El cable también afirma que el Presidente Leonel Fernández y el candidato presidencial reformista Eduardo Estrella había dicho por separado que sus asesores les habían instado a que se reunieran con Paulino debido a su posición en la provincia, “y cada uno se sintió aliviado de no haberlo hecho”.
El documento diplomático continua diciendo “Y entonces está el asunto de la carrera militar de Paulino. Fue nombrado teniente de manera irregular en marzo de 2002, muy probablemente a cambio de pagos en efectivo a alguien en la jerarquía militar. En mayo de 2003, el presidente Mejía firmó un decreto promoviéndolo al rango de capitán. Aunque la prensa no ha sacado a flote el hecho”.
También sale a relucir que las granjas de Paulino en Elías Piña suplían de provisiones a los puestos militares en esa zona, sin costo alguno, arreglo este que fue suspendido por el nuevo liderazgo del ejército a pocas semanas de la toma de posesión de Leonel Fernández.
Paulino fue separado y pasado a la reserva en octubre de 2004, uno de los muchos oficiales militares cancelados luego de que Fernández asumiera el poder.
Para es entonces el Secretario de las Fuerzas Armadas Sigfrido Pared Pérez insiste en que no vacilará en investigar cualquier vínculo con Paulino que sea revelado en los interrogatorios. Ya tiene información sobre los lazos con Paulino de algunos oficiales activos, y posiblemente esperará los tradicionales anuncios anuales de cambios militares programados para el 28 de febrero para tomar acción.
El documento termina diciendo que “El caso Quirino Paulino le da una oportunidad a la administración de Fernández para tomar acción concreta contra el narcotráfico y el crimen, y dar un paso adelante para establecer la credibilidad de la administración en general cuando el Presidente hable sobre ponerle fin a la corrupción”.
TOMADO DE NOTICIAS SIN