Ejecutivo observa y devuelve a diputados la ley sobre salarios
Cuestiona el Senado desechara la propuesta original del MAP
Tomado de Diario Libre
Santo Domingo. El presidente Leonel
Fernández, en la que pudo ser su última decisión importante como jefe de
Estado, observó y devolvió a la Cámara de Diputados, la Ley de
Regulación Salarial del Estado Dominicano, aprobada en la víspera.
En carta remitida al presidente de la
Cámara de Diputados, el Ejecutivo cuestiona que los senadores desecharan
la propuesta remitida por ese organismo, que introdujo su titular Abel
Martínez y que recogía la propuesta de Ministerio de Administración
Pública, con algunos cambios.
Cita la inclusión en la Ley de entes
públicos no previstos inicialmente y señala que contraviene la
Constitución el artículo tres que somete al Poder Judicial, al
Legislativo, a los Entes y Órganos Constitucionales con régimen propio y
a los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera,
al marco regulador común de la política salarial establecida en dicha
ley.
Entiende el Ejecutivo que esta decisión
no fue el resultado de un proceso de discusión con la participación de
sus autoridades y funcionarios competentes.
Señala, además, el Principio de
jerarquía y escala de remuneraciones dispuestas en los artículos cinco y
12. Sobre éstos considera que la aplicación del principio de jerarquía
salarial, tomando como punto de partida la escala de remuneración de
salario bruto máximo para los presidentes de los poderes su entes
constitucionales con régimen propio, al margen que desconoce la
necesidad de establecer salarios diferenciados para los servidores cuya
capacidad técnica o profesional requiera una remuneración acorde a sus
competencias, supone una obligación pecuniaria a cargo del Estado, cuyo
monto no ha sido determinado, y por tanto tampoco ha sido evaluado el
impacto que tendría en el Presupuesto del Estado, considerando la
inmediata entrada en vigencia de la Ley.
"En tal sentido, dicha ley no tendrá
efecto ni validez, y por tanto devendría en una ley contraria a las
disposiciones del artículo 237 de la Constitución que prohibe las leyes
que autoricen pagos o engendren una obligación pecuniaria a cargo del
Estado, sin establecer o identificar los recursos necesarios para su
ejecución", expresa la carta.
