FRONTERA-SEGURIDAD
NACIONAL Y DESARROLLO
Por
Virgilio Gautreaux P.
Los reyes de España “incentivaron” mediante un Edicto de fecha 30 de Abril
de 1492, que delincuentes condenados a muerte, se embarcaran con el navegante
genovés, a cambio de que se les conmutara su pena. Para 1512 la monarquía
española creó incentivos para estimular la producción azucarera en esta isla,
afirmando incluso que “algunos ingenios estaban
amparados con disposiciones que los protegían de los embargos por deudas”. También se otorgaron
generosos préstamos a colonos azucareros (ver Franklin Franco: La Población
Dominicana, Editorial Universitaria-2012, págs. 20-21 y 55-56).
En las décadas y siglos siguientes
diferentes monarcas españoles aplicaron incentivos diversos para estimular que
personas de la península se radicaran en la isla de Santo Domingo. Durante mucho tiempo arribaron a esta colonia
numerosas familias en búsqueda de mejor suerte. Se financiaban o cubrían
pasajes y fletes, como forma de atraer migrantes.
Luego de nuestra independencia en
Febrero de 1844, nuestro gobierno para corregir el incendio y saqueo del
ejército haitiano en Azua, promulgó el Decreto No. 11 el 5 de Junio de
1844, abriendo su puerto al comercio internacional y que los productos locales
exportados durante dos años serán libres de todo derecho, exceptuando sólo la madera de caoba”.
Esta disposición es el primer incentivo otorgado por la naciente
República Dominicana. Entre los firmantes del Decreto figura el Padre de la
Patria, JUAN PABLO DUARTE.
Coincidencialmente este Decreto surge
para beneficiar una provincia de nuestro Suroeste.
A los Ayuntamientos en la Ley 392 del
29 de Mayo de 1855, se les faculta otorgar facilidades a individuos industriosos y agricultores de ambos sexos”. En las últimas décadas del siglo XIX los gobiernos promueven políticas
desarrollistas en la minería, ferrocarriles, comercio y
puertos. También se estimula la producción de tabaco, azúcar, café,
industrias artesanales, etc. En adición, se otorgan diferentes concesiones a empresarios
locales y foráneos en diferentes puntos del país. De esta forma se construyen
ingenios, surgen por doquier fincas de café y cacao y se declaran zonas
agrícolas numerosas áreas de la geografía nacional, las cuales entran
rápidamente en producción de alimentos de origen agrícola y ganadero. También
aumenta el número de puertos habilitados para el comercio internacional y se
expanden líneas férreas que llevan a los muelles rubros de exportación.
En 1881 cuando Barahona es elevada a la
categoría de Distrito Marítimo, se le conceden una serie de incentivos para
estimular su economía, lo cual impactó rápidamente sobe la demarcación. Para
1889 los legisladores Mota y Damirón solicitaban al congreso Nacional la
reducción de ciertos derechos de importación, el establecimiento de aduanas
terrestres, así como también el otorgamiento de “franquicias,
garantías y hasta recompensas”, para atraer inversionistas que construyeran el ferrocarril
Barahona-Neyba. En términos similares se dirigieron al Presidente Horacio
Vásquez en Diciembre de 1926 la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Barahona, solicitando incentivos y apoyo gubernamental para incrementar la
producción de una serie de rubros, así como la construcción de carreteras. De
igual modo solicitaban del Mandatario “su apoyo para que
en la provincia fueran creadas colonias de inmigrantes con la esperanza de que
las potenciales riquezas de la zona, fueran creadas y se crearan fuentes de
trabajo”.
Retomando el tema central de estas notas, el
despoblamiento de las regiones fronterizas-que siempre preocupó a nuestros
gobernantes e intelectuales y desarrollistas-fue objeto de atención por lo cual
se promulgaron algunos dispositivos para estimular que dominicanos se radicaran
en esas zonas. En este tenor, el 29 de Julio de 1905 con el Decreto 4597
se crea el cargo de “DELEGADO EN LA FRONTERA” con una serie de atribuciones.
El Presidente Ramón Cáceres
promulga el 20 de Abril de 1907, la Ley 4797 sobre
Colonización y Fomento de las Fronteras, con la cual “Se declara de utilidad pública el fomento de todas las comarcas
colindantes con la República vecina de Haití desde la Común de Dajabón
inclusive hasta la desembocadura del río Pedernales”. En esta
Ley se apropiaban 40 mil pesos americanos anuales para atraer 40 familias
de agricultores de la raza blanca cada año por cuenta del Estado. Cada familia
recibiría:
a)
La suma de $ 110.00;
b)
200 tareas de monte para cultivarlas;
c)
Una mensualidad de $ 30.00 durante un año;
d)
3 palas, 2 picos, 2 azadones, cinco machetes y 4
hachas.
En 1927 el Presidente Horacio Vásquez
crea una Colonia de productores agropecuarios al lado dominicano del río
Pedernales que estaba despoblado. De ahí surge la provincia de Pedernales. El
tirano Trujillo también diseñó una política modernización en pueblos
fronterizos. Como puede observarse, la LEY 28-01 tiene un largo genoma.
Mientras los verdaderos “DUEÑOS DEL PAÍS” satanizan con toda su artillería
mediática y lanzan a los pasillos del congreso Nacional hábiles cabilderos para
desguabinar la LEY 28-01, en muchas partes del mundo existen leyes especiales
de desarrollo fronterizo. Los 44 legisladores que tienen la provincias de
Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan de la
Maguana, Bahoruco, Independencia, Azua, Pedernales y Barahona, tienen una gran
responsabilidad con las comunidades que votaron por ellos para que defiendan
los intereses de los pueblos que representan.
Estas once provincias en conjunto,
representan la zona con los peores indicadores en materia de Desarrollo Humano. Los
elevados índices de pobreza, analfabetismo, insalubridad y marginalidad,
requieren atención inmediata. En lugar de quitar los pocos instrumentos de que
disponen para atraer inversionistas-como aspiran los “DUEÑOS DEL PAÍS”-debieran aumentarse los actuales
incentivos y expandirlos incorporando otras demarcaciones cercanas, tales como
Azua, Barahona y San Juan de la Maguana.
La ausencia de programas
gubernamentales efectivos para la “zona fronteriza ampliada”, está provocando que esta parte del país se esté despoblando
rápidamente. El censo nacional de población del 2010 reflejó que varias
provincias de este grupo, tuvieran crecimiento negativos en su población. A
pesar de que las once demarcaciones citadas ocupan el 40% del territorio
nacional, en ellas sólo habita el 13% de la población. Mientras la densidad de
personas por Km2 a nivel nacional es de 196, para las once provincias señaladas es de 66. El promedio nacional
supera casi tres veces el prevaleciente en el G-11. En algunas de estas
demarcaciones se reduce la población,
debido a la estampida de jóvenes de ambos sexos que huyen ante la falta de
oportunidades.
Las once provincias que integran el
G-11 (Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan
de la Maguana, Bahoruco, Independencia, Azua, Pedernales y Barahona), tienen
graves problemas en materia educativa. El 55% de los habitantes de Elías Piña
son analfabetos funcionales. En Independencia son el 45%, en Pedernales 41% y
Santiago Rodríguez 36%. En Elías Piña el 21% de su población es totalmente
analfabeta.
La falta de oportunidades de la
población en edad de trabajar y reducidos niveles de ingreso, explican el bajo
uso de tecnologías de la información, la poca disponibilidad de
electrodomésticos en los hogares, el bajo consumo de gas propano y el aumento
del uso del carbón y la leña como combustible. Es igualmente precaria la
recogida de desechos sólidos y los sistemas de alcantarillado.
Ha sido precisamente la extrema
situación de pobreza, la que motivó que el Estado Dominicano implementara la
Ley 28-01, como forma de revertir los problemas estructurales que desde hace
décadas padecen las provincias fronterizas.
Obviamente todo aquello que no vaya en beneficio directo de los “DUEÑOS DEL PAÍS”, es malo, satánico y enemigo de “su”
competitividad. Por eso utilizando todos los medios de comunicación de su
propiedad, emprendieron una gigantesca campaña mediática contra esta Ley. Las
instituciones públicas competentes están recibiendo fuertes presiones, ya sea
mediante visitas a los funcionarios o mediante amenazantes comunicaciones.
Ahora bien: ¿cuáles empresas se han
acogido a la Ley 28-01 y cuántos empleos han generado? Para responder a continuación utilizo
información oficial del Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo:
Las empresas
fronterizas certificadas se concentran básicamente en el sector
primario de la economía, unidades arroceras y bananeras:
orgánico y convencional para la exportación, explotaciones agroforestales,
aguacate, procesadora de semillas, ceba de novillos y actividades extractivas
como la exploración minera. En el sector
secundario, productos manufacturados para el mercado
interno: Puertas, ventanas, pampers, electrodomésticos, motocicletas, gaseosas,
aguas saborizadas, casabe, estructura metálica. En
el sector terciario, en el área de los servicios: hoteles,
comercio, distribuidoras de mercancías de la economía regional.
La inversión económica proyectada por el conjunto de empresas activas
que se benefician de la Ley 2801 asciende a la suma de 6 Mil cuatrocientos
ochenta y nueve millones de pesos dominicanos, recursos que se están
invirtiendo en diferentes etapas, y que en la actualidad, las inversiones
realizadas, estimable en un 30 % de las proyectadas, han permitido el
desarrollo y fortalecimiento de sectores de la economía regional fronteriza, de
modo verificable, en los subsectores agrícolas, básicamente las empresas
líderes en la producción de banano para exportación.
Las empresas activas por provincias, que se benefician de la Ley, ya sea
mediante la exención tributaria del Impuesto sobre la Renta por concepto del
uso de servicios o creación de bienes o de los impuestos por el uso de los
mecanismos de importación de materias primas y equipos. Como consecuencia de
este apoyo fiscal se puede ver el incipiente desarrollo industrial en algunas
provincias de la frontera, en zona donde era nula la presencia de industrias y
de actividades económicas en sentido general.
En cuanto al impacto
de la Ley en el mercado laboral, gracias a la aplicación y a los incentivos
otorgados, se estima que se ha generado siete mil cuatrocientos setenta y un (7,471)
puesto de trabajo directo, de los cuales, el 88 % son trabajadores dominicanos
y el 22 % son extranjeros, sobre todo, en el sector primario y secundario de la
economía regional……
Sin duda alguna,
aunque existe una concentración de los incentivos por concepto de importación
de materias primas y equipos en Montecristi y Santiago Rodríguez, por la misma
naturaleza de las actividades económicas que allí se realizan, sin embargo, es
importante, destacar que el apoyo gubernamental mediante la aplicación de la
Ley 28-01, ha permitido la sostenibilidad y la competitividad relativa de
algunos rubros del sector agropecuario y ha fortalecido la competitividad de un
conjunto de empresas del sector industrial, que de otro modo, no se hubiesen
podido instalar en la frontera dominicana.
Volviendo a nuestro enfoque, sin duda alguna que
detrás de la aplicación de esta Ley, están objetivos estratégicos nacionales
que desbordan el ámbito y las percepciones de los grupos élites que controlan
la economía nacional desde 1844. Es vital que centenares de miles de
compatriotas permanezcan en la región fronteriza ampliada de forma digna, socialmente justa, ambientalmente sostenible
y con perspectivas de superación. No es equitativo ni patriótico que los “DUEÑOS DEL PAÍS”, sólo crean que
únicamente deben estar vigentes las leyes que le benefician. La despoblación de
la zona fronteriza, ha aumentado la presión sobre sus recursos naturales, los
cuales están siendo desguazados. Recordemos que la isla está habitada por 18.8
millones de personas y que estamos al lado de la nación con los indicadores
sociales más pobres de continente americano, cuya población se eleva a 9.8
millones de personas.
No son sólo objetivos regionales los
que están envueltos en este tema !!!!!!!!
Tenemos que estar atentos a todas las
intentonas de los “DUEÑOS DEL PAÍS”. Muchas veces sus objetivos no
son los de las mayorías nacionales. No siempre sus metas son la justicia
social. Sus procesos de acumulación y concentración de capitales-con cada vez
más frecuencia-se transforman en mayor cantidad de pobres dominicanos.
Aunque se conoce de la fuerza de estos
sectores y sus agentes solapados en todo los estamentos correspondientes, los casi
millón y medio de habitantes de las
provincias Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San
Juan de la Maguana, Bahoruco, Independencia, Azua, Pedernales y Barahona, deben
dar un paso al frente para que se aumenten los incentivos de la Ley 28-01 y que reciban sus beneficios
las comunidades de Azua, Barahona y San Juan de la Maguana.