CDEEE tiene el reto de ampliar la matriz energética del país.
SANTO DOMINGO. En la Ley de
Presupuesto de 2014, el Congreso autorizó la concertación de operaciones
de crédito público para financiar la ejecución de proyectos del sector
eléctrico por un monto total de US$2,294 millones.
Estos fondos, una vez obtenidos,
se destinarían al financiamiento del plan integral para el sector
eléctrico anunciado el 20 de marzo de 2013 por Rubén Bichara,
vicepresidente de la Corporación Dominicana de le Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), en uno de los almuerzos mensuales de la Cámara
Americana de Comercio.
Sin embargo, hasta la fecha, el
único proyecto de ley introducido por el Poder Ejecutivo ha sido el
correspondiente al contrato de ingeniería, procura y construcción de una
central generadora de electricidad, compuesta de dos plantas a carbón
con una capacidad conjunta de 674.78 Mega Watts (MW) de capacidad neta.
Como resultado de una licitación
pública internacional del 2013, esta obra fue adjudicada al Consorcio
Odebrecht-Tecnimot-Estrella, por un valor de US$1,556 millones o
US$1,632.6 millones, dependiendo del precio del contrato.
El precio de este contrato es de
US$2,040,747,405.23 (en términos redondo: dos mil cuarenta, punto siete
millones de dólares), el cual se contempla reducir a US$1,945 millones,
como resultado de la exoneración de impuestos al Consorcio. En la
pieza, aprobada por el Senado en única lectura, el 21 de mayo pasado, se
contempla que el Ministerio de Hacienda busque en las entidades
financieras o bancos internacionales un financiamiento por hasta un 80%
del precio del contrato. La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector
Público, número 423-06, manda que previamente el Congreso debiera
autorizar la concertación de ese préstamo en el año que transcurre. Y
así es.
Para el ejercicio fiscal de
2014, los legisladores autorizaron un préstamo por un máximo de US$1,500
millones para la construcción de una planta de generación
termoeléctrica. Se haría con la banca internacional, a los precios que
dicten los mercados, lo que por lo general es más costoso que los
otorgados por los organismos multilaterales, como son el BID y el Banco
Mundial. Se manda a que las condiciones sean a una tasa de interés y
comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República
Dominicana y con plazo mínimo de siete años.
El restante 20% del precio de la
obra deberá provenir de las fuentes de ingresos fiscales, como son los
obtenidos mediante las recaudaciones de impuestos, lo que representa un
presión adicional de entre RD$17,271.6 a 18,212.8 millones para el
Gobierno, según lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de 2014.
Una de las condiciones para
iniciar la construcción de la central termoeléctrica, estipulada por el
Senado, es que el Gobierno debe cumplir con el “anticipo del precio de
contrato”. Se trata del “primer o los primeros pagos” que la CDEEE y las
distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edenorte, y Edesur), en
representación del Estado, deberán realizar al Consorcio, como medio
para suministrarle “el flujo de caja necesario para contratar personal,
equipos para realizar los diseños, ingeniería, movilizaciones,
herramientas de gestión, las obras provisionales, comprar equipos y
materiales de construcción, contratar la seguridad y vigilancia”, entre
otros requerimientos básicos del proyecto.
Esto significa que de acuerdo a
la letra del contrato, en Punta Catalina, en Baní, el Consorcio no debía
dar el primer picazo, ni remover una libra de tierra, antes de recibir
el anticipo de US$150 millones.
Sin embargo, el 18 de enero de
2014, casi cuatro meses antes de introducir el contrato al Congreso,
Marcos Cruz, director superintendente de Odebrech, declaraba a la
prensa: “Los trabajos están bien avanzados, más de lo que esperaba… me
asusté cuando fui en días pasados, con veinte días de haber iniciado se
ha avanzado muchísimo”.
En los próximos cuatro años, el
país debe ampliar su parque de generación en 1,500 MW, lo que implica
atraer inversiones por US$3,000 millones, según las proyecciones de la
CDEEE, divulgada en su plan estratégico para el sector. Esa nueva
generación permitiría abastecer en un ciento por ciento la demanda, y a
la vez mantener un nivel de reserva de un 30%, considerado “el valor
mínimo para operar de manera relativamente segura el Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado”. En otras palabras, que no se vaya la luz,
cuando una planta sale del sistema para recibir mantenimiento.
Rehabilitación de las redes rotas
Las pérdidas en las líneas de
distribución y de transmisión de electricidad es el otro frente del
problema del sector eléctrico. En el Presupuesto de 2014 se autoriza al
Poder Ejecutivo a concertar dos préstamos con la banca internacional, a
una tasa de interés y comisiones compatibles con vigencia en el mercado,
y con un plazo mínimo de siete años. Estos préstamos son por US$304
millones, para el mejoramiento del sistema de distribución; y de US$490
millones, para rehabilitación de redes y normalización de usuarios.