Los países que más redujeron la corrupción en América Latina
Por: Darío Mizrahi dmizrahi@infobae.com
Tomado de Infobae.com
De las 16 naciones de la región
evaluadas por Transparencia Internacional entre 1998 y 2004, 7 mejoraron
sus índices, 5 permanecieron estancadas y 4 retrocedieron
Uruguay es el país que más
avanzó en el combate a la corrupción en los últimos 16 años. En 1998
sumaba 4,3 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional, en el que 0 es corrupción absoluta, y 10,
nula. Entonces era ampliamente superado por Chile, y tenía también por
encima a Costa Rica y a Perú.
Tras años de una mejoría
sostenida, en 2014 subió tres puntos, hasta 7,3. Así igualó a Chile al
tope de la transparencia en América Latina.
El segundo que más avanzó en el
período fue Colombia. En 1998 tenía un nivel de apenas 2,2, que lo
ubicaba como el más corrupto después de Paraguay, con 1,5. Hacia 2014
logró crecer 1,5 puntos. Con un índice de 3,7, ahora está séptimo entre
los 16 países latinoamericanos con datos en todos esos años.
Otros cinco países mejoraron su
evaluación medio punto o más fueron Honduras (1,2), Ecuador (1),
Paraguay (0,9), Bolivia (0,7) y Chile (0,5).
Los que involucionaron fueron Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Perú
También son cinco los que se
mantuvieron estancados, con variaciones inferiores a medio punto:
Argentina (0,4), Brasil (0,3), El Salvador (0,3), México (0,2) y
Guatemala (0,1).
Los que involucionaron en el período fueron cuatro: Costa Rica (-0,2), Nicaragua (-0,2), Venezuela (-0,4) y Perú (-0,7).
Lo de Costa Rica es una luz de
alerta, aunque aún no es algo del todo preocupante, ya que se mantiene
como el tercero con menor corrupción en la región, con 5,4.
Sí son preocupantes los otros casos. Nicaragua ya estaba entre los peores en 1998, y al retroceder bajó hasta el puesto 14.
Todavía más difícil es lo de
Venezuela, que ya tenía serios problemas en 1998, pero desde la llegada
del chavismo, en 1999, no hizo más que empeorar. Hoy está cómodamente en
el último puesto, con un 1,9 que lo sitúa entre los de mayor corrupción
en el planeta.
Lo de Perú también es grave. La
caída de casi un punto lo hizo bajar desde el tercer lugar en el que se
encontraba al comienzo, hasta el sexto en el que está ahora.
“Hemos visto un estancamiento en
materia de corrupción en América Latina. A excepción de países como
Bolivia y Ecuador, que sí han avanzado un poco, y de la mejora
permanente de Uruguay y Chile. Pero los cambios no son muy distantes
entre unos países y otros, y el parámetro de la región es bastante
bajo”, explica a Infobae el politólogo Jahir Dabroy, maestro en
Políticas Públicas por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
“Los logros han sido mínimos, porque la clase política no tiene el ideal de la lucha contra la corrupción”, agrega.
“La clase política no tiene el ideal de la lucha contra la corrupción”
Para tener dimensión de lo grave
que es este problema en América Latina es necesario comparar con otras
regiones. Transparencia Internacional relevó 174 países en 2014. Ningún
latinoamericano está entre los 20 mejores y apenas hay tres entre los
50: Chile y Uruguay (21º), y Costa Rica (47º). Otros cuatro están entre
los primeros 100: Brasil (69º), El Salvador (80º), Perú (85º) y Colombia
(94º).
“Hay países que vienen a la baja
constantemente, como Venezuela, Haití, Paraguay, Nicaragua, Honduras y
Guatemala. Tienen índices de percepción de corrupción similares a los de
naciones de África”, dice Dabroy.
Honduras, Nicaragua y Paraguay
están entre los 50 peores, y Venezuela está entre los 15, por debajo de
Angola, Siria, Zimbabwe, Chad y Congo, entre otros.
Los riesgos de la concentración de poder
“Los países con democracias más
sólidas y tradicionales, como Colombia, Uruguay o Chile, luchan de mejor
forma contra la corrupción, salvo excepciones históricas. La
explicación resulta sencilla: la democracia se convierte culturalmente
en una forma de vida, y los elementos propios de una lucha contra la
corrupción, como vigilancia ciudadana, control público y sistema
judicial, funcionan de mejor forma”, dice a Infobae el abogado Xavier
Zavala Egas, doctor en derecho por la Universidad Católica de Guayaquil y
ex miembro de la Comisión Anticorrupción de Ecuador.
La única forma de prevenir la
proliferación de estos delitos es evitar la concentración de poder.
Cuando esto ocurre, “los problemas no son conocidos por la ciudadanía,
la investigación o su procesamiento es abortado, y si llegan a
procesarse judicialmente, las cortes tienden a la impunidad”, dice
Zavala Egas.
“Los países con democracias más sólidas la combaten de mejor forma”
Sólo cuando el poder está
dividido y se lo reparten distintos organismos pueden existir los
controles cruzados necesarios para que los funcionarios no cometan
abusos. Este es un rasgo distintivo de los países mejor ubicados en los
rankings de percepción. Dinamarca, primero con 9,2, es un ejemplo claro.
“La desconcentración en la toma
de decisiones políticas y económicas es fundamental -dice Dabroy. Tienen
una alta tasa impositiva, pero junto con un alto grado de rendición de
cuentas. Los gobiernos están muy cerca de los ciudadanos, y sería
impensable que gasten grandes cantidades de dinero sin que haya una
discusión con la ciudadanía”.
“En países como Dinamarca,
Finlandia y Noruega hay un involucramiento de las personas en el
ejercicio de gobierno. Eso es algo que nos falta a nosotros, que
tendemos a delegar todo en la clase política. Esto significa darle un
cheque en blanco, lo que fomenta la corrupción”, agrega.
Por eso, una de las claves para
combatir los abusos de los funcionarios públicos es fortalecer los
organismos de control intraestatal, y los mecanismos que permitan a los
ciudadanos reforzar esos controles.
“Darle un cheque en blanco a la clase política fomenta la corrupción”
“Hay que generar cambios que le
den participación directa a la población para fiscalizar el uso de los
recursos públicos. También hay que reformar los sistemas de justicia,
que a veces son muy débiles para castigar los hechos de corrupción”,
dice el politólogo guatemalteco.
“Darle seguimiento a un hecho concreto se vuelve mucho más fácil con el acceso a la información. Eso requiere abrirle el camino a plataformas electrónicas que permitan ver cómo se ejecutan los fondos públicos”, concluye Dabroy.
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