Por Andrés Dauhajre hijo/Tomado de El Caribe
El
uso de recursos públicos en las campañas electorales es el tema de
debate preferido en los años de elecciones y muchas veces desde mediados
del año previo a las elecciones.
El
ataque siempre surge desde las trincheras de la oposición. Y es normal
que así sea pues se entiende que el que usa recursos públicos durante la
campaña, es el partido de gobierno para apoyar a sus candidatos.
Algo
que pasa desapercibido es que la oposición muchas veces también hace
uso de los recursos públicos, más allá de los que recibe de las
asignaciones a los partidos que la Ley canaliza a través de la JCE. Lo
que sucede es que utilizan los recursos públicos “a crédito”, no “de
contado” como sucede en el caso del dinero recibido de la JCE o del
dinero del Presupuesto nacional que podría desviarse para apoyar a los
candidatos oficialistas.
Por
ejemplo, cuando un candidato de la oposición promete que subirá los
salarios a los policías en una magnitud que implicaría un gasto
adicional de RD$12,113 millones al año, se hace uso “a crédito” de los
recursos públicos para apoyar a ese candidato.
Lo
mismo sucede cuando esos candidatos plantean rebajas absurdas en los
precios de los combustibles que aumentarían el déficit fiscal en
RD$58,110 millones o en la tarifa eléctrica que abultaría el déficit de
las EDES en RD$17,263 millones.
También
cuando esos candidatos, en medio de la campaña, exigen que se anule el
aumento del Itbis de 13% a 16%, o que se eleve de 2% a 5% del PIB el
gasto público en educación, lo que implicaría uso de recursos públicos
“a crédito” con fines electorales por un monto de RD$950 y RD$99,976
millones, respectivamente.
¿Cómo
piensa el lector que el senador Bernie Sanders ha logrado poner en
aprietos a Hillary Clinton en la lucha por la candidatura presidencial
del partido demócrata en los EUA? Usando “ a crédito” recursos públicos
cuando promete universalización del seguro de salud, universidad gratis
para todos, expansión del Social Security y un masivo programa de
construcción de infraestructuras que, junto a otras propuestas,
aumentarían el gasto público en US$18 trillones en los próximos 10 años.
Una
Ley que penalice el uso de recursos públicos en las campañas
electorales, si realmente persiguiese el objetivo de garantizar una
competencia equilibrada entre los candidatos oficialistas y los
opositores, debería penalizar tanto el uso “de contado” y “a crédito” de
los recursos públicos.
Tan
perjudicial resulta el uso “de contado” de estos recursos como las
propuestas que prometen el uso futuro de los mismos de una manera
alarmantemente deficitaria y populista, aprovechando muchas veces el
desconocimiento de una parte importante de los votantes que no comprende
las cuentas e identidades fiscales fundamentales. Las ofertas
populistas encantan a los que no visualizan sus implicaciones.
No
es por casualidad que en las primarias del sábado pasado en Carolina
del Sur, Trump obtuvo el mayor margen de ventaja sobre Cruz y Rubio
entre los votantes sin grado universitario.
En
el caso de uso “de contado” de los recursos públicos en las campañas
electorales, muchos analistas asocian esta práctica al aumento que se
produce en el gasto público en los años de elecciones y en algunos
casos, en el año previo a las elecciones.
Cuando
se analizan los últimos 11 procesos electorales presidenciales,
incluyendo el actual, se observa que en las elecciones de 1982 (Guzmán
Presidente) en las que Jorge Blanco fue el candidato del PRD, el gasto
del Gobierno no aumentó, todo lo contrario, se redujo en 4.9%.
Pero
esto se debió a la caída de 18% de los ingresos corrientes del
Gobierno. El año de menor aumento porcentual en el gasto del Gobierno en
un año electoral sería el 2016 (Medina) si se cumple el monto
establecido en el Presupuesto de este año, que reportaría un aumento de
7.8%, inferior al crecimiento del PIB nominal, con relación al nivel de
gasto fiscal ejecutado en el 2015.
Cuando
se analizan los resultados del aumento en el gasto del Gobierno en el
año previo al de elecciones, se tiene que el 2015 (Medina) es el tercero
de menor aumento en el gasto con 5.8%; sólo el 1.8% de 1981 (Guzmán) y
1995 (Balaguer) exhiben mayor prudencia en el ranking.
Dado
que estos aumentos nominales pueden estar influenciados por los
procesos inflacionarios en esos años, realizamos el análisis de las
variaciones en puntos porcentuales del PIB.
En
el caso del aumento en el gasto del gobierno en el año de elecciones,
el 2016 (Medina) quedaría con un aumento de apenas 0.07 puntos
porcentuales del PIB, superado en “prudencia” sólo por los verificados
en 1982 (Guzmán, -1.46), 1990 (Balaguer. -2.22) y 2000 (Fernández,
-0.21). En el caso del año previo al de las elecciones, el 2015
(Medina), quedó bien posicionado, con una caída de 0.47 puntos
porcentuales del PIB, siendo superado en moderación por el 1977
(Balaguer, -0.72), el 1981 (Guzmán, -1.11) y el 1995 (Balaguer, -1.55).
Lo
que sí queda claro cuando se analizan las últimas 11 elecciones es que:
(1) ninguno de los tres principales partidos de la democracia
dominicana tiene calidad moral para lanzar la primera piedra contra
alguno de ellos por supuestamente hacer uso de los recursos del Estado;
(2) si el Gobierno actual termina ejecutando el gasto público tal y como
establece el Presupuesto aprobado para el 2016, quedaría como uno de
los mejores posicionados en materia de prudencia fiscal en el año de las
elecciones y en el previo a las elecciones, un resultado muy valioso
para un país que, como bien indicó el FMI el pasado 23 de noviembre del
2015, tiene por delante el reto de hacer frente a un déficit del sector
público consolidado de alrededor de 5% del PIB, que en ausencia de
políticas, llevaría la deuda pública a 54% del PIB en el 2020; (3) no es
cierto que las cuentas fiscales “siempre” se descontrolan en los años
de elecciones o el año previo a las elecciones; y (4) que sería muy
saludable para la democracia dominicana y la equilibrada competencia
electoral, una legislación “con dientes” que penalice tanto el uso “de
contado” como “a crédito” de los recursos públicos en las campañas
electorales. Con la seria insuficiencia fiscal que enfrentamos,
caeríamos en el precipicio macroeconómico con propuestas tipo Sanders o
políticas tipo Maduro. l