Por Víctor Mateo
Con
la caída del Berliner Mauer o mejor conocido como el Muro de Berlín,
cuya finalidad era ser un muro de protección antifascista, después de
veintiocho años de horror y vergüenza, se inicia a nivel mundial una
nueva era. A partir de allí comienza un dinamismo económico que impulsó
grandes reformas en distintas naciones, incluyendo República Dominicana.
El
15 de enero de 1990 se promulgó la ley 8-90 de Zonas Francas de
Exportación, que, a decir verdad, es una de las legislaciones más
productivas que el Estado dominicano ha elaborado. Su inmediata
aplicación provocó, que la inversión extranjera se expresara en términos
reales en la economía dominicana. Hasta el día de hoy dicha norma
continúa siendo el marco legal de referencia a los fines de darle
entrada a miles y miles de empleos al país. En la actualidad, las Zonas
Francas constituyen uno de los sectores primordiales de la economía
local.
En
ese mismo orden se encuentra la ley 16-92 que instaura el Código de
Trabajo dominicano. El también denominado Código Laboral, se convirtió
en un texto legal de referencia, no solo a nivel local, sino, hasta
internacional. Por vez primera una norma contemplaba y reivindicaba
derechos adquiridos por los trabajadores que antes no eran reconocidos.
Estableció el 80-20, es decir, obliga a que el ochenta por ciento de la
mano de obra de una empresa establecida en República Dominicana, tenga
que ser dominicana y la restante, extranjera.
También,
a pesar de que entró en vigencia en 1993, para el 1992 se redactó la
ley 11-92, mejor conocida como el Código Tributario dominicano. Con esta
nueva legislación se creaba un marco legal que recogía y dictaba los
principios por los cuales debía regirse la política fiscal dominicana.
Hasta el día de hoy se encuentra vigente y su contenido sigue siendo
referencia.
Es
importante resaltar, la Ronda Uruguay del GATT, conocida como aquel
proceso de negociación que se desenvolvió desde 1986 hasta 1994 y que
culminó con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
mediante el Acuerdo de Marrakech y la adopción de un instrumento vital
que sirvió como regulador de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio, a partir de entonces conocido como ADPIC.
Gracias a ese hecho internacional, es que a partir de 1995 República
Dominicana acoge mediante resolución 2-95, del 20 de enero de 1995, los
temas relacionados a la OMC y el ADPIC.
Asimismo,
para el 20 de noviembre de 1995 se publicó de manera oficial la ley
16-95 sobre inversión extranjera. Una norma que armonizaba distintas
áreas de inversión y sometía al país a cumplir con estándares
internacionales que han dado al traste con cuantiosas inversiones
expresadas de distintas maneras. Esta norma también se encuentra vigente
actualmente.
Luego,
en 1996, se inicia a nivel local todo un proceso de modernización e
institucionalización que procuró la creación y modificación de diversas
normas y reglamentos. La implementación de esas legislaciones ha traído
grandes beneficios para la República Dominicana hasta el día de hoy, con
lo cual se demuestra que cuando hay voluntad política, el desarrollo
florece de forma natural. Todas las normas antes expuestas han cumplido
su rol, pero deben ser modificadas a los fines de adaptarlas a la época
actual, en vez de crear nuevas.
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