Santo
Domingo.- La República Dominicana logró ganar un arbitraje
internacional de inversión DR-CAFTA por un monto de US$ 100 millones de
dólares reclamado en contra del Estado Dominicano, un fallo catalogado
de histórico por el ministro de Industria y Comercio, José Del Castillo
Saviñón.
El caso se generó a raíz del reclamo
elevado ante el mecanismo de arbitraje de inversión establecido por la
empresa Corona Materials LLC, debido a que el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana le había
denegado injustamente una licencia ambiental para una concesión minera
de agregados, lo cual en su opinión había sido una medida equivalente a
una expropiación de su inversión.
También
alegó que el país le había denegado justicia al supuestamente
prometerle que reconsideraría el rechazo de la licencia ambiental, y le
expediría la licencia.
Infructuosamente,
Corona Materials LLC intentó convencer al Tribunal de que el término de
prescripción de los tres años (requisito establecido en el DR-CAFTA) no
era aplicable porque funcionarios dominicanos, según la compñía, le
habrían prometido con posterioridad a la fecha crítica que
reconsiderarían el rechazo de la licencia ambiental.
No
obstante, la República Dominicana sustentó que las presuntas promesas
de reconsideración carecían de prueba y que las presuntas violaciones
estaban por fuera del término de los tres años.
Sobre
este particular, el 31 de mayo de 2016 el tribunal de arbitraje del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) desestimó totalmente la demanda, la cual fue presentada bajo el
DR-CAFTA y las Reglas de Arbitraje del Mecanismo Complementario del
CIADI.
Del
Castillo Saviñón manifestó que esta decisión es fruto del esfuerzo
realizado desde el 2013 por su cartera, teniendo como resultado la
creación del Sistema Nacional de Prevención y Defensa del Estado
Dominicano, mediante Decreto No. 303-15 del Presidente Danilo Medina,
recayendo esta responsabilidad en el Ministerio a través de la Dirección
de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX).
Expresó
que DICOEX funge en virtud del decreto, como la Autoridad Nacional de
Prevención y Defensa del Estado Dominicano ante arbitrajes
internacionales de inversión, acuerdos de libre comercio, y de la OMC,
teniendo a su cargo la coordinación de la defensa de los intereses de la
República Dominicana en este caso, conjuntamente con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El
equipo de defensa de la República Dominicana estuvo liderado por
Katrina Naut, directora general de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria y Comercio en conjunto con Patricia Abreu, viceministra de
Medio Ambiente.
También
Leslie Marmolejos, Coordinadora de Prevención y Solución de
Controversias, y Ariel Gautreaux, analista, ambos de la DICOEX, así como
Rosa Otero, directora de Comercio y Ambiente; Marisol Castillo,
Consultora Jurídica; y Claudia Adames y Johanna Montero, del Ministerio
de Medio Ambiente.
La
firma de abogados internacional Arnold & Porter LLP asistió al
Estado Dominicano, bajo la dirección de sus socios Paolo Di Rosa, Raúl
Herrera y José Antonio Rivas. Eduardo Jorge Prats fue parte del equipo
en calidad de experto de la República Dominicana.
wj/am