Por Ramón Núñez Ramírez
r.nunez[@]hoy.com.do/Tomado de Hoy Digital
Con
su posición planteada en la carta dirigida a monseñor Agripino Núñez,
fechada el 15 de julio, el PRM pone condiciones inaceptables para
desarrollar un diálogo en torno al proyecto de la ley de partidos y
garantías electorales; además se llega al absurdo de pretender suplantar
funciones propias del Senado de la República y del Consejo Nacional de
la Magistratura.
El PLD, con su mayoría congresual, puede aprobar la última versión del
proyecto de ley de partidos, consensuado en su Comité Político y también
en el diálogo propiciado bajo la mediación de monseñor Agripino Núñez,
sin embargo en ese momento el PRM se retiró y quedó en suspenso el
proyecto. Ahora el PLD propuso otra discusión de los cuatro partidos
principales, también bajo la misma mediación.
El PRM pone como condición previa a la discusión de las leyes
electorales, la renovación total y consensuada del pleno de la JCE y del
cuerpo técnico y administrativo de esa institución, también la
renovación completa y consensuada de los miembros del TSE y de la Cámara
de Cuentas, la revisión y renovación del cuerpo directivo de las juntas
electorales y municipios y en adición incluir en la discusión a los
partidos que presentaron candidaturas presidenciales, los mismos que han
hecho causa común con el PRM en la denuncia de un “fraude colosal”, más
una serie de organizaciones empresariales, el Centro Bonó y
Participación Ciudadana.
El PRM pretende que una reunión de dirigentes políticos y de la
sociedad civil suplante al Senado de la República para ellos designar
los miembros de la JCE y barrer con el personal técnico y
administrativo, también designar los miembros de la Cámara de Cuentas y
suplantar al CNM para designar los miembros del TSE y que los miembros
de estos órganos constitucionales refrenden esa iniquidad.
En el caso de la JCE el asunto es más grave, porque detrás de ella está
el Registro Civil, y algunos de los actores políticos y de la sociedad
civil, que pretenden sumarlos a la discusión, fueron rabiosamente
opuestos a la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional e
hicieron causa común con ciertos países que pretenden el país absorba
esa masiva inmigración y le otorguemos ciudadanía, contrario a lo que
establece nuestra Carta Magna. De eso se trata en el fondo y justamente
lo que no le perdonan al presidente de la JCE, Dr. Roberto Rosario, es
el papel honorable que jugó en defensa de nuestra soberanía. Algunos
partidos y organizaciones de la sociedad civil sueñan con asaltar el
Registro Civil para dotar de ciudadanía dominicana a los haitianos que
nuestra Constitución y leyes no se las otorga. Tampoco esos sectores
perdonan al TSE y a su presidente, Dr. Mariano Rodríguez, por haber
aplicado la ley sin contemplaciones.
El pueblo, en el ejercicio cívico del 15 de mayo, le otorgó al
presidente Danilo Medina el 62% de los votos, la mayor votación en la
historia del país, le dio al PLD 28 de 32 senadores y una amplia mayoría
en la Cámara de Diputados para que gobiernen. El soberano delega en el
Senado para que elija o ratifique la totalidad o una parte de los
miembros de la JCE y la Cámara de Cuentas y el pueblo delega en el CNM
para que elija o ratifique una parte o la totalidad del TSE. Obviamente
el PLD no debe actuar como una aplanadora y los seleccionados deben
obedecer a un determinado perfil y comportamiento en defensa de la
soberanía.
El PRM tiene una representación mínima en el Senado y el CNM, porque
eso le dio el pueblo con su voto, y como tal deben jugar su papel
sabiamente en esas instancias, pero jamás tratar de suplantar sus
funciones consagradas en la Constitución. La oposición tiene una
oportunidad de oro para lograr una reforma estructural de las leyes
electorales, pero la van a perder si insisten en la quimera de imponer
los miembros de la JCE, TSE y la CC.