Por: Dr. Víctor Terrero Encarnación
En la República Dominicana hemos logrado significativos avances con relación a la salud de la mujer.
Hemos
venido incorporando en la agenda de trabajo políticas públicas de
primer orden para que las mujeres puedan asumir y transformar
positivamente sus vidas, entre las que cabe destacar planes
intersectoriales para la reducción de la mortalidad materna, la
prevención del embarazo en adolescentes y la prevención y atención al
VIH/ SIDA y el abordaje de la violencia basada en género.
La
salud de la mujer ocupa un sitial importante en la Ley 1-12 que define
nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Somos signatarios
de decenas de acuerdos internacionales que establecen la necesidad de
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Tenemos
el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible establecido por vía
de 17 Objetivos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015, el tercero de los cuales pretende lograr una vida
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad.
Sin
embargo, formamos parte de los cuatro países que a nivel mundial tienen
todavía tenemos por delante el gran desafío de hacer frente a una
situación que indica un progreso lento y desigual que afecta a las
mujeres, a causa de las disparidades de género, que exhibe como uno de
sus mejores ejemplos elindiscutible problema de salud pública que
representa el aborto, cuya penalización obliga a las mujeres a
practicarlo en condiciones clandestinas e inseguras.
Existe
consenso mundial de que la penalización del aborto expresa los
significativos niveles de inequidad que afecta a las mujeres,
especialmente a aquellas más pobres; posiblemente lasque no han tenido
el acceso oportuno a servicios de salud reproductiva y planificación
familiar; las que por las condiciones de hacinamiento en que han vivido
han sido expuestas a un incesto; las mujeres que alimentan las
estadísticas de violencia sexual, o las de las de una violación, o las
que aportan el 10% de las muertes maternas que ocurren cada año en el
país.
En
el marco de la revisión del Código Procesal Penal del país, llevada a
cabo por la Cámara de Diputados, la aprobación del aborto en los casos
de violación o incesto, o cuando la vida de la madre está en peligro,
cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, cuando el
feto presenta malformaciones que sean incompatibles con la vida
,constituye una oportunidad para que como país demos una respuesta
justa, sostenible y fundamentada en los Derechos Humanos, a este
problema de salud pública en la República Dominicana.
Para
estos fines, entendemos que el papel de los congresistas es conocer el
impacto que sobre la salud pública implica la realización de más de cien
mil abortos clandestinos al año, y cuya práctica continuará,
independientemente de su prohibición, con el agravante de ser realizados
en condiciones de inseguridad, y por manos inexpertas.
Sería
importante que nuestros congresistas centraran la discusión y decisión
sobre este tema, en las implicaciones médicas y en enfoques de salud
pública, basados en evidencias científicas.
Seria
provechoso que nuestros legisladores valoraran el derecho que tienen
nuestras mujeres a la dignidad e integridad; el derecho de las mismas a
ejercer sus derechos reproductivos, que son Derechos Humanos, y su
derecho a la integridad y dignidad en circunstancias excepcionales, como
las citadas anteriormente.
Solo
a ustedes, distinguidos congresistas, les corresponde en esta coyuntura
tomar una decisión inteligente, libre de prejuicios y de presiones
dogmáticas.
A ustedes corresponde tomar una decisión fundamentada en la razón y el espíritu de justicia.
vitico vitico viticoPor: Dr. Víctor Terrero Encarnación
En la República Dominicana hemos logrado significativos avances con relación a la salud de la mujer.
Hemos venido incorporando en la agenda de trabajo políticas públicas de primer orden para que las mujeres puedan asumir y transformar positivamente sus vidas, entre las que cabe destacar planes intersectoriales para la reducción de la mortalidad materna, la prevención del embarazo en adolescentes y la prevención y atención al VIH/ SIDA y el abordaje de la violencia basada en género.
La salud de la mujer ocupa un sitial importante en la Ley 1-12 que define nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Somos signatarios de decenas de acuerdos internacionales que establecen la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Tenemos el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible establecido por vía de 17 Objetivos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el tercero de los cuales pretende lograr una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad.
Sin embargo, formamos parte de los cuatro países que a nivel mundial tienen todavía tenemos por delante el gran desafío de hacer frente a una situación que indica un progreso lento y desigual que afecta a las mujeres, a causa de las disparidades de género, que exhibe como uno de sus mejores ejemplos elindiscutible problema de salud pública que representa el aborto, cuya penalización obliga a las mujeres a practicarlo en condiciones clandestinas e inseguras.
Existe consenso mundial de que la penalización del aborto expresa los significativos niveles de inequidad que afecta a las mujeres, especialmente a aquellas más pobres; posiblemente lasque no han tenido el acceso oportuno a servicios de salud reproductiva y planificación familiar; las que por las condiciones de hacinamiento en que han vivido han sido expuestas a un incesto; las mujeres que alimentan las estadísticas de violencia sexual, o las de las de una violación, o las que aportan el 10% de las muertes maternas que ocurren cada año en el país.
En el marco de la revisión del Código Procesal Penal del país, llevada a cabo por la Cámara de Diputados, la aprobación del aborto en los casos de violación o incesto, o cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, cuando el feto presenta malformaciones que sean incompatibles con la vida ,constituye una oportunidad para que como país demos una respuesta justa, sostenible y fundamentada en los Derechos Humanos, a este problema de salud pública en la República Dominicana.
Para estos fines, entendemos que el papel de los congresistas es conocer el impacto que sobre la salud pública implica la realización de más de cien mil abortos clandestinos al año, y cuya práctica continuará, independientemente de su prohibición, con el agravante de ser realizados en condiciones de inseguridad, y por manos inexpertas.
Sería importante que nuestros congresistas centraran la discusión y decisión sobre este tema, en las implicaciones médicas y en enfoques de salud pública, basados en evidencias científicas.
Seria provechoso que nuestros legisladores valoraran el derecho que tienen nuestras mujeres a la dignidad e integridad; el derecho de las mismas a ejercer sus derechos reproductivos, que son Derechos Humanos, y su derecho a la integridad y dignidad en circunstancias excepcionales, como las citadas anteriormente.
Solo a ustedes, distinguidos congresistas, les corresponde en esta coyuntura tomar una decisión inteligente, libre de prejuicios y de presiones dogmáticas.
A ustedes corresponde tomar una decisión fundamentada en la razón y el espíritu de justicia.