La ocupación progresiva de los espacios laborales y territoriales del país por parte de ilegales haitianos no puede seguir su hasta ahora incontrolado curso.
Este fenómeno ha venido acompañado de frecuentes fricciones entre
ciudadanos de los dos países, que muchas veces dejan estelas de sangre, muerte
y violencia desaforada.
También supone una fuerte sangría presupuestal por los altos costos que asume
el país para subsidiar el paritorio masivo de embarazadas haitianas en condiciones
de gratuidad, un privilegio que no tienen las madres pobres dominicanas.
Del mismo modo se desprende otra realidad ominosa: la presencia y acción
de bandas de delincuentes operando en el abigeato, el contrabando, el tráfico
de personas, el crimen organizado y la falsificación y suplantación de la
identidad dominicana.
La magnitud del problema está a ojos vista. Que nadie se llame a engaño.
Un grupo de prominentes ciudadanos ha dirigido una apelación al presidente
Luis Abinader para que ponga coto a esta “ocupación progresiva”, violentando
nuestras leyes migratorias y creando las condiciones para un futuro incierto.
Urge mover todos los músculos de la ley para ponerle freno a una situación
que, en medio de la crisis sanitaria, de empleo y quiebra de la economía, más
el clima de ingobernabilidad y pobreza de Haití, se torna en una bomba de
tiempo para la cohesión social y territorial de nuestra nación.
De lo contrario, resultará tarde y difícil desactivarla.