Gómez-Mazara/Tomado de N.com.do
El dirigente político Guido Gómez Mazara solicitó a la Procuraduría General de
la República vía PEPCA y a la Cámara de Cuentas investigar tanto gestión al
frente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como el patrimonio del
ExVicealmirante, Félix Alburquerque Comprés, designando mediante decreto 39-19
durante la administración del ex presidente Danilo Medina.
La acción tiene como base legal lo dispuesto en Ley No.10-04 y el artículo
146 en su numeral 3 de la Constitución en lo relativo al informe de declaración
jurada de bienes al concluir el ejercicio de sus responsabilidades gubernamentales
de ex funcionarios.
El abogado y dirigente político, aseguró que está convencido de que los
esfuerzos tendentes a transparentar el uso correcto de los fondos públicos es
una tarea de todos los dominicanos comprometidos con una democracia efectiva.
Señaló que el impacto que provoca en toda la sociedad las prácticas de uso
abusivo de los recursos e incremento indecente del patrimonio ha sido la causa
esencial de tanta ira acumulada respecto de funcionarios, clase partidaria y
organizaciones políticas.
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La solicitud sometida por Gómez Mazara plantea uno de los elementos
extrañamente excluidos en el debate contra la corrupción en el país porque
tiende a circunscribir los rasgos esenciales de la persecución al ámbito civil
cuando existen evidentes manifestaciones de militares que en el desempeño de
sus responsabilidades públicas reflejan niveles de astronómico crecimiento de
su patrimonio, sin que ninguna autoridad competente ausculte con efectividad la
asombrosa transformación económica.
Resaltó, lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución en su numeral
3, que establece que “es obligatorio, de acuerdo en lo dispuesto por la ley de
declaración jurada de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre
probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus
funciones a requerimiento de la autoridad competente.
Lamentó que la pasada gestión de la DNCD desbordara el sentido de la
efectiva persecución contra las actividades de combate real al narcotráfico
para transformarse en instrumento politiquero en medio de una campaña electoral
en que una parte de la sociedad observó con alarma que, el interés de impedir
la victoria del candidato del cambio, encontrara en el organismo resortes de un
esfuerzo rastrero por calumniar y hacer de la competencia política un lodalaz,
donde se pagaban plumíferos y reconocidos vocingleros actuaban por mandato de
su principal ejecutivo.
Finalmente, solicitó tanto al PEPCA como la Cámara de Cuentas que determine
el correcto uso de los fondos públicos, y si el resultado es contrario,
proceder como establece la ley.