La exministra de la Juventud,
Kimsberly Taveras, tuvo que renunciar al cargo luego de enfrentar
cuestionamientos por varios meses.
Cuatro casos han sido ventilados en la opinión pública; Milagros Ortiz reveló
que investigan entre tres y cuatro más
En los primeros cuatro meses del
gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se han producido al menos
siete casos de cuestionamiento a la transparencia o corrupción en el manejo de
la administración pública. El primer caso fue en Salud Pública por la supuesta
“venta de nombramientos” por lo que fue cancelado el director de Recursos
Humanos, le siguió el caso del escándalo del logo Marca País porque la
publicitaria contratada por un monto superior a los 32 millones de pesos para
desarrollarlo, plagió el diseño.
Las autoridades de Pro Dominicana
(antiguo Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana)
retiraron el logo que se dio a conocer en un publicitado acto que contó con la
presencia del presidente Luis Abinader.
A raíz del escándalo, el Ministerio
de Turismo convocó a un concurso a los estudiantes universitarios para
desarrollar un nuevo logotipo.
Sobre el caso, el Gobierno aclaró
que el contrato se hizo en la pasada gestión y que lo ejecutaron en
cumplimiento a la continuidad de los asuntos de Estado. El siguiente caso fue
la renuncia de la exministra de la Juventud, Kimsberly Taveras, luego de una
controversia pública con la periodista Nuria Piera que hizo varios reportajes
de investigación sobre la declaración jurada de patrimonio de Taveras superior
a los 75 millones de pesos. Contrataciones Públicas le suspendió el registro de
proveedor del Estado a la exfuncionaria y ahora la dama está bajo investigación
del Ministerio Público.
El último caso es el adelanto por cien millones de pesos que hizo el gobierno a
través del Gabinete de Políticas Sociales a 70 artistas para conciertos a
futuro y por el hecho la dirección de Contrataciones Públicas inició una
investigación y advirtió que en el proceso se violaron normas de la ley 340-06.
A raíz de la investigación, el
coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña, anunció que los
contratos fueron anulados y que el monto de 100 millones se le dejaría a los
artistas en calidad de ayuda solidaria del Gobierno por el impacto de la
pandemia en el sector. Esa acción generó más crítica y profundizó el
descontento de muchos por la decisión.
El caso tomó un giro de
irregularidad cuando Contrataciones Públicas, que dirige Carlos Pimentel,
informó que investigaría y dispuso que fuese anulado por no cumplir con algunos
requisitos de la Ley 340. Antes de ese momento, el tema generó críticas por la
forma en que fue gestionado y porque los recursos fueron entregados a artistas
de reconocida solvencia económica. El gobierno intentó aclarar que los recursos
también estaban destinados a músicos, pero ese esfuerzo fue infructuoso para
detener la crítica pública a la acción del Gabinete Social.
Los demás casos no se conocen en
cuáles instituciones se han producido ni los funcionarios que involucraría,
pero la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch,
informó el día diez de este mes que investigan otras tres o cuatro denuncias de
corrupción en el Gobierno.
En Interior un viceministro y 52
empleados cancelados por irregularidades
El presidente Luis Abinader destituyó con solo tres meses en el cargo al
viceministro, Víctor Miguel Polanco Severino, quien fue designado mediante
decreto presidencial el 17 de agosto de este año y fue destituido el pasado 30
de noviembre mediante el decreto 691-20.
Luego, el pasado diez de diciembre,
el Ministerio de Interior y Policía informó cancelación a 52 empleados de la
Dirección de Armas, tras detectarse serias irregularidades con el otorgamiento
de permisos para el porte y tenencia de armas de fuego.
La información fue suministrada por
la entidad en una nota de prensa donde se indica que la medida fue tomada luego
de realizarse una intervención en la Dirección de Control de Porte y Tenencia
de Armas de Fuego, donde se determinó las irregularidades cometidas en los
procesos.
“El ministro Jesús Vásquez Martínez
se dispuso como meta hacerle frente a los actos de corrupción que de acuerdo a
las informaciones recabadas, se cometían en el pasado en dicho departamento
contra los usuarios que iban en busca de servicios”, indica el comunicado.
En este caso, no se ha ventilado en
la opinión pública y se conoce porque el propio Ministerio de Interior lo dio a
conocer, por tanto, es un hecho que no ha repercutido hasta ahora no ha
impactado de manera negativa en la imagen del gobierno de Luís Abinader y el
Partido Revolucionario Moderno.
Redes dan agua de beber a las
autoridades
Los cuestionamientos más intensos
que ha tenido el gobierno se dan en las redes sociales especialmente twitter,
la red social de la crítica. Ante esta realidad da la impresión de una mala
estrategia de comunicación desde el gobierno, pues hasta ahora no han tenido
éxito en el manejo de ninguno de los temas ruidosos o escandalosos que han
enfrentado. El presidente Abinader ha tenido que salir al frente a las críticas
en varias ocasiones como ocurrió con el proyecto de presupuesto que incluía
nuevos impuestos y los rumores de intención de privatización de algunos
servicios. Un caso que se ha ventilado con intensidad en las redes es el de las
cancelaciones en el Ministerio de Educación que tienen en aprietos al gobierno
por el momento en que ocurren, en Navidad y en medio de una crisis.