SANTO DOMINGO.-El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), por recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
También, dictó apertura a juicio
contra Daniel Aquino Hernández, de la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D
Business Group, S.R.L.), que representa dicho imputado, así como de la compañía
Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L).
En tanto, fue dictado auto de no ha
lugar a juicio respecto de los imputados Félix del Orbe Berroa e Ysrael Abreu
Rosario.
Con relación al empresario Daniel Aquino
Méndez, otro de los imputados en el caso de soborno, fue separado del proceso
que se encuentra en la etapa preliminar, quedando fijada la audiencia en su
contra para el 15 de abril próximo, por asuntos de salud.
La decisión fue adoptada por la
jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raquel
Astacio, luego de admitir parcialmente la acusación presentada por el
Ministerio Público que estuvo representado por las fiscales Rosa Alba García y
María Melenciano.
Por este caso de corrupción la
empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al
pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) procedió con su
sometimiento a la justicia por la violación de varios artículos del Código
Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la
Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en perjuicio del
Estado dominicano.
Durante la investigación del caso,
iniciada en el año 2016, el órgano de justicia logró obtener pruebas
suficientes que vinculan a los imputados a este acto de corrupción
administrativa.
Las indagatorias abarcaron el
rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y
verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así
como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
El Ministerio Público ofreció la
información a través de un comunicado de prensa, donde destaca que sigue firme
en sus propósitos de procurar justicia y lograr una sentencia ejemplar en
contra de los procesados.
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