SALUD. Ante la pandemia del COVID-19, sin lugar a dudas fue un acierto del Gobierno que preside Luis Abinader haber concentrado sus energías en la adquisición de las vacunas de diferentes orígenes y la vacunación de la población, lo que se ha traducido en que ya cerca de un 70% está vacunada. El efecto positivo de esta política se palpa en una notable baja de las defunciones y en la casi total normalización de las diferentes actividades y la reactivación de la economía.
El manejo de la pandemia por el Gobierno nos deja algunos asuntos pendientes.
I) En las informaciones brindadas hubo un subregistro de las defunciones, lo que se puso en evidencia con las cifras aportadas por el órgano electoral que duplicaban las aportadas por el Ministerio de Salud. Hasta la fecha no se tiene una explicación satisfactoria de esta notable discrepancia.
II) Las cantidades de vacunas adquiridas más que duplicaban las que se necesitaban conforme nuestra población. Varios de los contratos de compra de las vacunas fueron concertados en condiciones perjudiciales para el país, algunos sin garantía de entrega. En estos momentos no se tiene un informe de la cantidad de vacunas adquiridas, las recibidas, las utilizadas, el destino de las restantes, el precio pagado y quiénes realizaron la labor de intermediación. Sobre todo este asunto está pendiente una auditoría que esclarezca tales cuestiones.
III) Se observa un deterioro progresivo en otras áreas del sistema de salud. Es el caso del incremento de las muertes materno-infantiles. Al respecto, el pasado 20 de noviembre, día de la infancia, el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef) reveló que que en promedio en el país mueren cada día 11 bebés menores de un mes, de los cuales 8 se producen por causas evitables.
IV) Si algo ha dejado en evidencia la pandemia son las grandes deficiencias presentes en el sistema salud. En gran parte esto se debe a la baja inversión del Estado en salud, que no rebasa el 2% del PIB, y el promedio de la última década es de un 1.6%. Es por eso que resultó alarmante que el actual Gobierno, valiéndose de su mayoría en el Congreso, redujera unos 8 mil millones de pesos al presupuesto de salud en ejecución este año, a sabiendas de las condiciones precarias en que operan los hospitales del Estado, en los que faltan equipos, insumos para laboratorios y cirugías, ambulancias, medicamentos, además de médicos especialistas, enfermeras, bioanalistas. A todo esto debe añadirse que unos 16 hospitales provinciales y municipales se encuentran desde hace 7 años en una reconstrucción que no termina.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. La investigación y persecución penal de familiares muy cercanos, funcionarios y altos jerarcas militares, incluidos generales activos, del entorno directo del expresidente Danilo Medina ha sido el buque insignia en materia de la lucha contra la corrupción de este Gobierno. Estos procesos son la derivación del acierto de nombrar a la magistrada Miriam German como Procuradora General de la República. Su trayectoria de honestidad, capacidad e independencia, por más de 40 años en el servicio judicial, en medio del lodazal putrefacto de una Justicia corrupta y comprometida con el poder político de turno, es lo que la convierte en la columna de sostén de la actual arremetida contra la corrupción, dándole credibilidad y legitimidad a los procesos iniciados. Por igual, otro punto positivo es la decisión del Poder Ejecutivo de conformar, mediante decreto, un equipo de abogados para representar los intereses del Estado en los casos de corrupción para que encaminen las acciones y procesos necesarios para la recuperación del patrimonio público defraudado, presidido por el destacado abogado Jorge Luis Polanco.
Ahora bien, son varios los cuestionamientos a la actual lucha contra la corrupción.
I)El más generalizado se refiere a que hasta ahora, en año y medio de gobierno, la investigación y persecución penal ha estado concentrada en el entorno de Danilo Medina, sin tocar, otros miembros del Comité Político del peledé, ni la abundante corrupción del periodo 2004-2012. De continuar así, entonces estaríamos ante una persecución penal válida pero selectiva.
II) Si bien hay que reconocer que el presidente de la República ha destituido a buena parte de los funcionarios denunciados por la comisión de actos de corrupción o graves irregularidades, sin embargo, en la mayoría de estos casos, el Ministerio Público no ha abierto una investigación y persecución penal, contrastando con la actitud que asume en otros casos de corrupción.
III)Un hecho que puso en evidencia las limitaciones del Ministerio Público del país fue lo ocurrido con la denuncia hecha por el Consorcio de Investigación Periodística sobre las sociedades “offshore”, en los llamados Pandora Papers. En éstos figuran tres presidentes en funciones: los de Chile, Ecuador y República Dominicana. En los dos primeros países citados, el Ministerio Público abrió una investigación, lo que no hizo el dominicano.
IV)De igual forma, respecto del contrato conocido como “Peaje Sombra”, para la construcción de la carretera de Santo Domingo a Samaná, no es suficiente con la rescisión del contrato dispuesta por el Poder Ejecutivo, luego de una sustanciosa indemnización en favor de la contraparte del Estado. En casos como este, se impone auditar y abrir una investigación penal en todo lo concerniente a lo que fue su negociación y firma en el ejecutivo y aprobación en el congreso pues las condiciones tan onerosas en que se concertó hacen sospechar la existencia de sobornos, tráfico de influencias, entre otras.
V) El Ministerio de Energía y Minas acaba de contratar los servicios de comunicación estratégica sobre el sector minero de una empresa, obviando el concurso, invocando el proceso de excepción de la ley, por supuestamente no existir otras empresas con el expertise para participar en la licitación, lo que ha sido desmentido. Además, la empresa a la que se le adjudicó tiene conflicto de intereses pues también le hace comunicación estratégica a una de las empresas mineras del país. Este tipo de prácticas, tan frecuentes en las administraciones peledeístas, se creían superadas en el gobierno del cambio. (continuará).
Pasando balance al 2021
Análisis político-económico (2/2)
El balance de la marcha de la economía del gobierno de Luis Abinader revela la continuidad, en sentido general, del modelo instaurado por los gobiernos del peledé: Crecimiento de la economía sin distribución del ingreso y creación de empleo digno, déficit fiscal y financiamiento del presupuesto con deuda, abandono de la agropecuaria en favor de las importaciones, precariedad en los servicios públicos, privatización del Estado y Gobierno.
DEUDA PÚBLICA. Por casi una década fuimos testigos de los pronunciamientos de Luis Abinader, de los voceros de su partido en el Congreso y de los hoy titulares de los ministerios del área económica, denunciando el irresponsable endeudamiento público de los gobiernos del peledé, y ahora, en menos de año y medio, este gobierno ha impuesto récord en esta materia. A octubre de este año, la deuda pública consolidada ascendió a US$60,461.2 millones, lo que representaba un 66.6% del PIB. Se estima en más de 12 mil millones de dólares los montos tomados prestados. A septiembre de este 2021, el pago del servicio de la deuda representaba RD$190,761 millones. En el presupuesto de 2022 está previsto financiamiento externo de RD$$284,079.4 millones, lo que representa el 24.6 de los ingresos proyectados. De igual modo se contempla para el pago del servicio de la deuda la suma de RD$234,833.1 millones, es decir, el 22.4% del gasto proyectado para el 2022. Ya el Congreso, dominado por el partido oficial y sus aliados, renunciando a su rol de ejercer el debido control, le aprobó de urgencia al Ejecutivo el proyecto remitido que le autoriza la emisión y colocación de valores por deuda pública (bonos) por RD$284,079.4 millones, equivalente a más deuda por valor de US$5,000 millones.
AGROPECUARIA. En este gobierno continua el declive del sector agropecuario, cada vez con menos peso, representa actualmente apenas el 5% del PBI. No se hacen las inversiones necesarias en infraestructura en el campo, ni hay una política de agua para su preservación y uso eficiente, ni una política crediticia accesible. Este abandono del campo dominicano es grave si tomamos en cuenta que una de las lecciones de la pandemia y sus derivaciones ha sido la importancia que tiene alcanzar la soberanía y seguridad alimentarias, que nos haga menos dependientes de importaciones. La perspectiva del sector agropecuario se agravará aun más si el Gobierno no logra la revisión del Dr-Cafta para impedir el levantamiento total de los aranceles a la importación, entre otros, de arroz pues de no hacerse la producción de este rubro desaparecerá en el país dado que nuestro productor no puede competir con el arroz subsidiado por el gobierno de EE.UU.
EMPLEO. Una de las afirmaciones más recurrentes de este gobierno es el repunte en la generación de empleo. La verdad es que, si bien se ha producido un incremento importante, la tasa de empleo sigue por debajo de los niveles prepandemia. Así se establece en la encuesta del Banco Mundial y el PNUD difundida el pasado 29 de noviembre. En ella se precisa que antes de la pandemia en la RD la tasa de empleo era de un 72% y conforme esta encuesta en la actualidad es de un 65%. De todos modos, lo más relevante a destacar es que el modelo económico vigente, instaurado por el peledé y continuado por el gobierno de Luis Abinader, aún registre crecimiento económico como se anuncia con bombos y platillos, es incapaz de generar empleo formal y salarios dignos. No exagero. Pavel Isa Contreras, viceministro del ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo recientemente afirmó: “Los puestos de trabajo que se están generando son de menor calidad que los que había antes de la llegada del virus”. Y más adelante expresó: “Los empleos informales en el país han crecido cuatro veces más rápido que los formales”. También subrayó: “Los ingresos laborales reales y nominales de los trabajadores se han recuperado, pero estos siguen siendo inferiores a los observados antes de la pandemia” (DL. Pag.16. 8.12.21).
INFLACIÓN. El gobierno de Luis Abinader se ha mostrado incapaz de definir políticas que permitan enfrentar de forma efectiva la inflación o por lo menos disminuir el duro efecto que ésta tiene en la alimentación y subsistencia de sectores medios, pobres y muy pobres. El Banco Central mide la inflación de este año en un 8.23%. Los grupos de mayor inflación han sido el transporte (incluio el motoconcho), la vivienda, los combustibles (esto incluye el gas de cocinar); los alimentos: café, huevo, plátano, guineo verde, bacalao, carne de res, pasta de tomate. Pero donde los precios han alcanzado aumentos nunca antes visto es en los materiales de construcción: cemento, varilla, tubos plásticos. El propio Banco Central estableció que para las familias de menos ingresos el costo de la canasta básica de alimentos había aumentado para octubre pasado de RD$21,512.18 a RD$23,246.59. Asimismo, la canasta nacional de alimentos de RD$36,540.61 pasó a costar RD$39,359.81. Para comprender el efecto que esta estampida inflacionaria de los precios tiene en la población hay que relacionarlos con los niveles salariales. El salario mínimo actual en las empresas grandes, es de RD$20,000.; en las empresas medianas es de RD$18,500.; en las empresas pequeñas es de RD$12,400.; en la microempresa es de 11,500. Está previsto que estos salarios tendrán un aumento pírrico a partir del 1 de enero pasando a ser, respectivamente: RD$21,000.00; RD$19,2500; RD$12,900; RD$11,900.
APP/FIDEICOMISO. Esta es la versión del perreéme de las azarosas políticas de privatización iniciadas por el peledé. En su primer gobierno (1996-2000), el peledé, bajo una falsa capitalización, en un abrir y cerrar de ojos, despojó al pueblo dominicano de las empresas de Corde, de la CDE, de los ingenios y tierras del CEA, y terminaron todas en manos del sector privado. Otro ejemplo es el infame contrato para la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná y que dio lugar a la estafa legalizada conocida como “peaje sombra”. El gobierno de Luis Abinader ha estado promoviendo la alianza público-privada por medio de la creación de fideicomisos. Mediante éstos se entrega al sector privado la administración de un activo o servicio o institución pública a cambio de generar aportes del sector privado. Este gobierno ha aprobado a la fecha unos 13 fideicomisos que abarcan “manejo de desechos sólidos”, “transformación y profesionalización de la Policía Nacional”, “para el patrimonio público recuperado”, “de la termoeléctrica Punta Catalina” “para el desarrollo del sistema de transporte masivo”, entre muchos otros. En si mismo no puede decirse que sea negativo que el sector privado aporte recursos para el desarrollo de proyectos o empresas junto al sector público. En todo caso, para evitar la repetición de las negativas experiencias del pasado, hay que garantizar que: i) Que no se le despoje el carácter público al servicio o institución del Estado de que se trate; ii) que no se traduzca en encarecimiento del servicio para las personas; iii) que se garantice la transparencia de los aportes y beneficios del sector privado; iv) que el servicio o la institución esté sujeta a auditoría pública; v) que para la concertación de cualquier deuda con el aval del Estado sea obligatoria la aprobación por el Congreso.
Guillermo MorenoGuillermo Moreno
Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.