La Cámara de Cuentas reveló en una auditoría especial realizada al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), por el período comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020, donde “la entidad carece de estados financieros” que no justifican altos gastos en nómina, combustibles, compras, reembolsos sin beneficiarios entre otras anomalías.
Anteriormente, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, había afirmado que el Cusep durante el mencionado periodo fungía como el Banco Central en el entramado mafioso de la Operación Coral y que las investigaciones profundas revelarían su alcance, donde el general Juan Camilo de los Santos Viola, es acusado de estafa al Estado, a través de societario de corrupción político-militar, implicado en el caso de corrupción administrativa Coral 5G y exjefe de escoltas del expresidente de la República, Danilo Medina
La resolución No. AUD-X-2022-003, que aprueba el documento de la investigación especial al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) reveló:
La entidad carece de estados financieros
La entidad no registra sus operaciones a través del Sigef.
No existen manuales de procedimientos internos y de cargos.
El manual de funciones no está aprobado.
No existe un comité de ética.
La entidad no cuenta con un portal institucional.
La entidad no publica los procedimientos de compras y contrataciones en el portal administrado por el Órgano Rector.
No existen presupuestos aprobados.
No existen planes de compras.
La entidad no establece contratos entre las partes para los procesos de compras y contrataciones.
La entidad no registra sus nóminas en el sistema de la Contraloría General de la República.
La entidad no suministró las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$879,200,032.
La entidad realizó pagos a personal que no labora en la entidad por valor de RD$6,575,626.
Se evidenció la sustracción de recursos a través de las nóminas de personal por valor de RD$36,121,434.
Se evidenciaron pagos a personal que labora en otra entidad del Estado por valor de RD$1,248,650.
La entidad presentó debilidades en el reporte del personal (Formulario n.° 49): personal no asistía a labores; personal asignado de la Policía Nacional, sin evidenciar en la data correspondiente; personal asignado al Cusep, que realiza (2/ funciones a terceros; personal asignado al Cusep que realizaba funciones a otras instituciones; personal asignado a funciones especiales que no pertenecen al Departamento de Inteligencia; y personal sin funciones.
La entidad realizó pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la Ley n.° 340-06, por valor de RD$683,368,964.
La entidad realizó compras sin evidencia de certificación del pago de impuestos y a la TSS, por valor de RD$436,281,186.
Se evidenciaron desembolsos sin facturas por valor de RD$60,368,746.
La entidad realizó retención del impuesto sobre la renta a proveedores y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGI!), por valor de RD$7,485,726.
Se evidenciaron desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta, y retención de impuestos sin documentos de recepción, por un valor de RD$16,273,024.
Se evidenciaron pagos de alimentos, alquiler y servicios de Inteligencia sin documentos de recepción por parte del beneficiario, por valor de RD$134,412,885., así como pagos con certificaciones recibidas por otras personas diferentes a sus emisarios por valor de RD$12,958,316.
Reembolsos del fondo de dietas y otros servicios especiales e incentivos sin evidencia de recepción por parte del beneficiario, por montos de RD$6,237,169. y RD$25,000,000, respectivamente.
Se evidenciaron expedientes sin órdenes de compra por valor de RD$698,071.
Se evidenciaron compras soportadas en facturas con un mismo Número de Comprobante Fiscal (NCF) por valor de RD$10,285,549.
Se evidenciaron expedientes sin entrada de almacén o certificación del bien o servicio recibido por valor de RD$150,439.
La entidad realizó pagos por concepto de Inteligencia sin soportes por valor de RD$959,589,419.
Se evidenció factura y entrada de almacén sin fecha de impresión por valor de RD$2,000,000.
Se evidenciaron compras de productos alimenticios sin soportes por valor de RD$19,500,000.
.Se evidenciaron adquisiciones sin certificación de existencia de fondos y sin la debida clasificación de las cuentas, según e! objeto del gasto, por valor de RD$1,806,660,247.
Se evidenció proveedor no matriculado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la provincia Santo Domingo.
.Se evidenció compra de “tickets” de combustibles sin listado de beneficiarios anexo por valor de RD$245,459,550.
Se evidenciaron distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia, por valor de RD$464,463,401.
Se evidenció duplicidad en órdenes de compras por valor de RD$3,093,404.
Se evidenció Número de Comprobante Fiscal inválido por valor de RD$351,428
Las compras de galones de combustibles no evidencian su distribución, por valor de RD$204,132,455.
Se evidenciaron diferencias en confirmación de facturas a proveedores por valor de RD$3,157,534.
Se evidenciaron expedientes incompletos de pago de dietas e incentivos por valor de RD$39,517,338.
Pagos a proveedores con lazos de consanguinidad con funcionario de la entidad, por valor de RD$121,926,235.
Se evidenciaron funcionarios sin presentación de declaración jurada de patrimonio.
No existe un Sistema de Inventario de Materiales y Suministros.
Se evidenció distribución del combustible sin reglamentaciones internas.
.Se evidenció distribución de raciones alimenticias sin reglamentaciones internas.
Se evidenció ausencia de la función de Auditoría Interna. 45.Se evidenciaron debilidades del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación.
Remiten el documento con las conlusiones de la investigación especial del Cusep a las diversas autoridades para que procedan con las medidas pertinentes, en ocasión de las inobservancias e irregularidades detectadas en la institución, en el período comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020.
La Cámara de Cuenta mediante el informe legal expresa “que los principales funcionarios de la entidad, actuando en el desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.