La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló las instituciones, maniobras y fraudes utilizados por los integrantes de operación Caso Calamar para supuestamente sustraer alrededor de 21 mil millones de pesos al Estado dominicano.
Según consta el expediente acusatorio presentado por el organismo del Ministerio Público los acusados utilizaron el organigrama del Estado para crear la estructura criminal a partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.
Indica que fue creado un Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, en el que el total delos pagos presentan se elaboraron en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una mega operación de lavado de activos.
Explica que fueron falseadas documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular.
Conforme el al expediente fueron constreñidas a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado.
Asimismo, se utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados.
También, accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45, 000 000.00 millones de dólares, sin ninguna garantía, falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido.
de Igual manera, aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
Señala que fueron creadas la necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares, que formaban parte de dicha organización criminal.
La PEPCA resalta en su expediente acusatorio que se requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos.
Explica que fueron creadas estructuras compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros.
En ese sentido, se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado.
Dice que fueron formadas fuerzas de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales.
El expediente da cuenta, además, de que se realizaron pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago y se emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada.
Agrega que se emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por ausencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia pago de impuestos sucesorales, entre otros.
Subraya que las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago.
Sostienen que utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a los intereses de los funcionarios públicos que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor.
Informa que simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Puntualiza que el ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción.
Destaca que se crearon empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.
Apunta que se utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.