Por Rhene Miranda Feliz /Canpesino Digital
Cabral, Barahona.- Raysa Espinosa afirmó que lo que se ha desatado contra ella es una persecución debido a que no ha querido adherirse a las irregularidades surgidas desde el departamento de Tesorería de la alcaldía de este municipio. También afirmó que lo declarado por el alcalde Rolbik Urbáez y el tesorero Eliezer Olivero ayer, en el programa Acción Mañanera, es "totalmente falso".
“No es cierto, como se dijo aquí ayer, que no he colaborado con esta alcaldía. He sido una colaboradora de esta institución desde antes de que comenzara la gestión. Fui parte esencial del equipo de transición que formó el alcalde Rolbik Urbáez, participando en innumerables reuniones para el traspaso de mando”. Espinosa indicó que es falso que se haya negado a firmar las nóminas de abril, mayo y junio, admitiendo que la única nómina que no firmó fue la de julio, debido a las anomalías observadas.
“El 25 de julio entregué un reporte al Concejo de Regidores informando sobre irregularidades en la nómina, que van desde aumentos salariales desproporcionados hasta la creación de puestos fuera del presupuesto y el incremento de personal en proceso de pensión. Además, citamos que desde el departamento de Tesorería se están autorizando órdenes de compra sin seguir el debido proceso, sin siquiera pasar por el departamento de Compras y Contrataciones, y se están realizando compras sin facturas ni los soportes correspondientes”, explicó Espinosa, negándose a firmar cualquier documento de la alcaldía municipal hasta que los procedimientos se realicen conforme a la ley.
Como prueba de que nunca dejó de asistir a su trabajo, la contralora presentó ante los periodistas el Control de Asistencia de Equipos de Trabajo (NOBACI), donde se demuestra que el pasado 28 de agosto ella acudió a su lugar de trabajo y que salió después de las 7 de la noche.
Entre los aumentos salariales que se destacan está el del tesorero Eliezer Olivero, quien se habría incrementado su salario mensual de 35,000 a 48,000 pesos, más una supuesta asignación irregular por concepto de combustible, violando el presupuesto y la ley que rige los ayuntamientos del país.