Aeropuerto de Pedernales
El oscuro historial de sobornos, lavado de activos y corrupción de la empresa española Acciona, que ha dejado una estela de escándalos en países como España, Brasil, México, Perú y Bolivia, ha encontrado un nuevo escenario: República Dominicana.
A pesar de su amplio antecedente plagado de prácticas corruptas, colusorias y fraudulentas en grandes proyectos de infraestructuras y su inclusión en listas negras que le prohíben participar en licitaciones públicas en varios países, Acciona fue seleccionada en junio pasado para construir el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo en Pedernales.
La adjudicación de este megaproyecto, que incluye una pista de 3 kilómetros, una torre de control y otras infraestructuras críticas, levanta serias dudas sobre el futuro de la transparencia en el país, ¿estamos a punto de repetir el escándalo Odebrecht, pero con otro nombre? Este contrato con Acciona amenaza con importar a República Dominicana las mismas prácticas que han arruinado la reputación de otros gobiernos y desangrado los bolsillos de los contribuyentes en varios países.
La adjudicación
Acciona Construcción S.A. fue la empresa ganadora de la licitación abierta número FID-2023-0002 para la construcción del campo aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, pese a que presentó la oferta económica más elevada entre los participantes.
La iniciativa incluye la construcción de una pista de 3 kilómetros de longitud y calles de rodaje o plataformas de estacionamiento de aeronaves, de una torre de control, estación de bomberos, subestación eléctrica y planta hidrosanitaria.
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El proyecto tenía un presupuesto base de RD$3,640,000,000.00, y Acciona presentó una propuesta de RD$3,961,295,253.98, un 8.83% superando el monto inicial en RD$321,295,253.98. Sin embargo, fue seleccionada por alegadamente contar con una calificación técnica superior y mayor experiencia, lo que primó sobre el costo en la decisión final.
Las otras empresas participantes en la licitación fueron Consorcio Aeroportuario del Sur, conformado por Alba Sánchez & Asociados, S.A.S.; Consorcio Pedernales CR, conformado por Ingeniería Estrella, S.A.; Remix, S.A.; Consorcio Nacir, conformado por IDC Construcción, S.R.L.; Consorcio Obras Aeroportuarias de Pedernales (COAP), conformado por ISECON Ingeniería Servicios y Construcciones, S.R.L. y Consorcio Oviedo, conformado por J López Constructora, S.R.L.
La construcción de este aeropuerto en la comunidad de Los Tres Charcos en Oviedo en la provincia de Pedernales, cerca de la frontera con Haití, lo convierte en una importante puerta de entrada para vuelos internacionales y un motor de impulso para el desarrollo económico y el crecimiento de la industria turística en esa provincia sureña.
¿Cómo llega Acciona a RD?
Aunque el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo en Pedernales es su primer megaproyecto en el país, Acciona incursionó como contratista del Estado dominicano durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo las administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina.
El primer proyecto público de la empresa en el país data de 2009, cuando, bajo la administración de Leonel Fernández, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), le adjudicó la construcción y puesta en marcha del Acueducto Múltiple de Peravia, con un contrato que ascendió a aproximadamente 109 millones de dólares.
En 2016, durante el gobierno de Danilo Medina, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), otorgó a Acciona la ampliación del Acueducto Oriental de Santo Domingo por un monto aproximado de 88 millones de euros mediante la licitación CAASD-LPI-01-2016 del 29 de julio de 2016.
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Este proceso estuvo envuelto en controversia, ya que el Consorcio Aguas de Santo Domingo, cuyo principal socio era la Odebrecht, interpuso un recurso jerárquico y una solicitud de medida cautelar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La DGCP acogió la solicitud y suspendió la ejecución del contrato mediante la resolución número 56-2016.
También en el año 2016, el Ministerio de Turismo adjudicó a Acciona un proyecto de 64.6 millones de dólares para la restauración y mejora de 13 playas en distintas regiones del país. Las playas intervenidas incluyeron Cabeza de Toro Macao; Arena Gorda-Cortecito en Punta Cana; Playa Rincón, Las Galeras; Las Terrenas, Playa Bonita; Playa Cosón en Samaná; Juan Dolio y Guayacanes, en San Pedro de Macorís; Bahía de las Águilas en Pedernales; Playa Grande en Río San Juan y Playa Sosúa en Puerto Plata.
Acciona construcción: el Odebrecht español
Fundada en 1931 bajo el nombre de MZOV, la empresa Acciona ha evolucionado hasta convertirse en un gigante global, con presencia en más de 40 países y proyectos que abarcan desde la construcción de carreteras hasta la generación de energías renovables. Sin embargo, su expansión también ha estado acompañada por nubes grises especialmente en la última década, cuando la empresa comenzó a enfrentar sanciones en diversos países, por vinculación a diferentes temas, entre ellos, lavado de activos y corrupción, lo que ha afectado su reputación.
Acciona, cuyo nombre combina «Acción» y «Construcción», tiene sus raíces en España, donde ha sido un actor clave en el desarrollo de infraestructura desde su fundación. Durante los años de crecimiento económico en el país, la empresa se consolidó como líder en la construcción de autopistas, puentes y edificios emblemáticos. A finales del siglo XX y principios del XXI, Acciona diversificó su portafolio, apostando por las energías renovables, lo cual le permitió posicionarse como uno de los principales actores globales en este sector.
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Sin embargo, su expansión internacional no ha estado exenta de controversias. A medida que la empresa ampliaba su alcance, surgieron acusaciones de prácticas poco éticas, especialmente en países donde la corrupción es un problema habitual. Estas acusaciones, que en muchos casos resultaron en investigaciones formales, pusieron en riesgo la reputación de una empresa que durante décadas fue considerada un ejemplo de éxito empresarial español.
Investigaciones en México: el caso del parque eólico de Tamaulipas
En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México inició una investigación contra Acciona por presunto lavado de dinero relacionado con la construcción de un parque eólico en Tamaulipas. Este proyecto, parte de los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto para promover las energías renovables, se convirtió en foco de atención cuando las autoridades comenzaron a investigar posibles irregularidades financieras. Según los informes, la UIF sospechaba que los fondos utilizados en la construcción del parque podían estar vinculados a actividades ilícitas, lo que generó un escrutinio significativo sobre las operaciones de Acciona en el país.
Como resultado de esta investigación, Acciona enfrentó la congelación de cuentas bancarias y sanciones administrativas que afectaron su capacidad para operar de manera fluida en México. La UIF también impuso restricciones a futuros contratos gubernamentales hasta que la empresa aclarara su situación. Entre las multas impuestas, Acciona fue sancionada con un total de 50 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 2.5 millones de dólares) por violaciones a normativas financieras. Las investigaciones también revelaron la posible implicación de funcionarios locales en la adjudicación del contrato, aunque estos no han sido formalmente identificados.
Perú: sobornos y corrupción en licitaciones públicas
En 2017, Acciona fue implicada en investigaciones en Perú por presuntos sobornos para asegurar contratos en proyectos de infraestructura. Estas investigaciones, surgidas en el contexto de la Operación Lava Jato que sacudió a América Latina, indicaron que Acciona pudo haber utilizado pagos indebidos para obtener contratos en la construcción de carreteras y otros proyectos energéticos. Este patrón de corrupción ha afectado a numerosas empresas multinacionales en la región, acusadas de pagar sobornos para ganar contratos lucrativos.
Las autoridades peruanas, en su lucha contra la corrupción, impusieron a Acciona multas significativas, además de prohibir temporalmente a la empresa a participar en futuras licitaciones públicas. La multa impuesta a Acciona en Perú ascendió a 15 millones de soles (aproximadamente 4.5 millones de dólares). La investigación también implicó a varios funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes habrían recibido pagos para facilitar la adjudicación de los contratos. Aunque algunos de estos funcionarios fueron separados de sus cargos, el proceso legal continúa en curso.
Bolivia: transparencia cuestionada en licitaciones
En 2019, Acciona fue objeto de escrutinio en Bolivia, donde las autoridades investigaron la transparencia de su participación en licitaciones públicas. En un país donde la corrupción ha sido un tema recurrente en la adjudicación de contratos, las investigaciones se centraron en determinar si Acciona había incurrido en prácticas irregulares para ganar contratos de infraestructura. Aunque el alcance completo de estas investigaciones no siempre es evidente, el simple hecho de ser mencionada en tales contextos ya supone un golpe a la reputación de la empresa.
En respuesta a estas acusaciones, Acciona fue multada con 10 millones de bolivianos (aproximadamente 1.4 millones de dólares), y sus proyectos en curso fueron sometidos a revisiones exhaustivas. La empresa también enfrentó la posibilidad de perder contratos clave en Bolivia, lo que la obligó a fortalecer sus políticas de cumplimiento y a colaborar estrechamente con las autoridades bolivianas para evitar sanciones adicionales. En el proceso, se descubrió la implicación de algunos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, quienes habrían facilitado la adjudicación irregular de contratos a cambio de comisiones ilegales.
España: el legado de la corrupción en casa
En 2018, Acciona fue investigada en España, su país de origen, por presunta corrupción en licitaciones públicas. Las autoridades españolas centraron su atención en si la empresa había realizado pagos indebidos para obtener contratos en proyectos de gran envergadura, como obras públicas y de infraestructura. Este caso es particularmente significativo, ya que se desarrolla en el país donde Acciona tiene su sede y donde durante décadas había sido vista como un modelo de éxito empresarial.
Las investigaciones en España resultaron en multas considerables, ascendiendo a 25 millones de euros (aproximadamente 29 millones de dólares). Además, la empresa fue obligada a someterse a auditorías internas y externas para garantizar la transparencia de sus operaciones. Acciona fue temporalmente excluida de nuevas licitaciones públicas hasta que implementara medidas correctivas.
Estas sanciones no solo afectaron a la empresa financieramente, sino que también representaron un golpe a su prestigio en el mercado nacional, donde la confianza pública y la credibilidad empresarial son fundamentales para mantener su posición de liderazgo.
Entre los funcionarios implicados en España, destacan varios miembros de la administración regional que habrían facilitado la adjudicación de contratos a Acciona a cambio de sobornos. Estos funcionarios fueron llevados ante la justicia, y algunos ya han sido condenados, mientras que otros enfrentan procesos judiciales en curso.
Brasil: un nombre en medio de escándalos de corrupción
En 2016, Brasil, que ha estado en el epicentro de algunos de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, mencionó a Acciona en investigaciones relacionadas con sobornos en proyectos de infraestructura.
En el marco de la Operación Lava Jato, una de las mayores investigaciones de corrupción de la historia, Acciona fue vinculada a posibles irregularidades en licitaciones públicas. Este tipo de casos han tenido un impacto devastador en las empresas involucradas, llevando a la pérdida de contratos, multas significativas y, en algunos casos, la salida del mercado brasileño.
En el caso de Acciona, las investigaciones resultaron en la imposición de multas multimillonarias que ascendieron a 100 millones de reales brasileños (aproximadamente 20 millones de dólares). La empresa fue incluida en una lista negra de empresas prohibidas de participar en futuras licitaciones públicas por un período de tres años.
Aunque Acciona logró negociar su salida de esta lista mediante la implementación de estrictas políticas anticorrupción y la colaboración con las autoridades brasileñas, el daño a su reputación fue considerable y afectó su capacidad para operar en uno de los mercados más grandes de América Latina.
Funcionarios de Petrobras y otras entidades gubernamentales estuvieron implicados en este caso, habiendo facilitado contratos a Acciona a cambio de sobornos. Algunos de estos funcionarios han sido condenados en el marco de la Operación Lava Jato, lo que ha reforzado la percepción de corrupción endémica en las relaciones entre empresas y el gobierno en Brasil.
Multas y sanciones adicionales
En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España multó a Acciona con 29.4 millones de euros por su participación en un esquema de colusión con otras importantes constructoras. Según las investigaciones, Acciona y otras empresas se reunían semanalmente entre 1992 y 2017 para coordinar ofertas y compartir información técnica sobre licitaciones públicas, incluidas las relacionadas con aeropuertos y otras infraestructuras. Esta conducta fue considerada una violación significativa de las normas de competencia en España.
Asimismo, el Banco Mundial inhabilitó a Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial S.A.U. (IEOCI), la sucesora de Acciona Ingeniería S.A., por un período de 28 meses debido a prácticas corruptas, colusivas y fraudulentas en un proyecto financiado por el Banco en Bolivia.
Este tipo de sanciones refleja problemas serios en la conducta empresarial. La empresa cooperó en la investigación y tomó medidas correctivas, lo que resultó en una reducción del período de inhabilitación.
El futuro incierto de Acciona
Las múltiples investigaciones y sanciones que ha enfrentado Acciona en los últimos años han tenido un impacto significativo en su reputación global. La confianza de los inversores se ha debilitado, la percepción pública se ha deteriorado, y la capacidad de la empresa para asegurar nuevos contratos está en entredicho. En respuesta, Acciona ha tenido que implementar medidas drásticas para intentar reparar su dañada imagen.
El impacto legal de estas investigaciones ha sido profundo. Las sanciones financieras que ha enfrentado, sumadas a la exclusión de importantes licitaciones en varios mercados clave, han afectado significativamente su estabilidad financiera y operativa. Con multas que suman decenas de millones de dólares y procesos judiciales aún en curso, el camino hacia la recuperación se perfila largo y arduo. Mientras las investigaciones continúan, Acciona enfrenta el desafío de restaurar su reputación en un entorno legal y regulatorio cada vez más complejo.
Las autoridades dominicanas deben aprender de las experiencias de otros países que han sido afectados por las prácticas corruptas de Acciona. Es crucial que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar repetir los errores del pasado. La integridad y transparencia en la adjudicación de proyectos de gran envergadura como el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo son esenciales para proteger los intereses del país y garantizar que la corrupción no eche más raíces.