Más adelante escribiré de aspectos puntuales de interés particular sobre la reforma fiscal depositada en el congreso nacional, pero aquí resumo mi valoración general de la misma.
Aunque coincido con la idea de que el Estado dominicano necesita incrementar sus ingresos fiscales (eso vengo diciendo hace tiempo y lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo), creo que con esta reforma se está desperdiciando la oportunidad de transformar y modernizar el Sistema Tributario.
Según las cifras oficiales, no existe una urgencia que obligue a medidas desesperadas, que ni siquiera lograrán reducir el porcentaje que representan los intereses de la deuda pública sobre los ingresos fiscales.
Lo que hemos podido ver en el proyecto es que se trata de una reforma de “mangos bajitos”, que concentra el grueso del recaudo aumentando los impuestos a los consumidores y a las personas físicas, lo cual implica un esfuerzo de recaudación mínimo, favoreciendo lo fácil en perjuicio de la equidad.
La agresividad en la eliminación de las exenciones de ITBIS a los alimentos de consumo masivo (Impuesto que se llamará IVA básicamente porque ahora gravará productos sin transformar y bienes no corporales o intangibles que merece un análisis especial), va a afectar de manera desproporcionada a las clases de menores ingresos y a la clase media, pero también será un incentivo para las ventas informales sobre todo de los bienes no procesados.
El proyecto concentra sus estimaciones de recaudación en el ITBIS dejando 7 productos alimenticios exentos (Arroz, pollo, huevos, pan, leche, plátano y yuca), gravando el 40% del consumo en alimentos de los quintiles de menores ingresos, y a la vez incrementando en 2 puntos el ITBIS pagado al azúcar, aceite, café, entre otros que estaban gravados con una tasa inferior.
Se amplió la base y no se bajó la tasa. Asumiendo que eso será resuelto con mas subsidios.
Creo que se habría podido aprovechar para corregir distorsiones que en la actualidad vuelven complejo el sistema tributario, dificultan el cumplimiento, pero también el control. Por ejemplo, se podría haber avanzado en el camino de reconocer la capacidad contributiva de las personas físicas incluyendo deducciones que le permiten generar la renta gravada con el ISR, o en temas de ajustar deducciones que impiden aumentar la productividad del ISR de las Sociedades, o en resolver las dificultades existentes propias del impuesto de ganancia de capital, o avanzar en crear un verdadero régimen dual del ISR, o profundizar en los regímenes simplificados para tributar por sectores, o en reconocer la comunidad conyugal para los fines impositivos, o en fomentar la formalización.
Se puede hacer una lista larga.
Respecto a eliminar las leyes de incentivo, concuerdo en la necesidad de revisar y limitar aspectos de esas leyes pero no me parece que eliminarlas en su totalidad es la mejor decisión. Para algo servían, por lo tanto considero más prudente discutir con más rigor técnico sus posibles cambios. Eliminarlas de prisa sin que quede claro su efecto recaudatorio en el corto plazo y teniendo un sistema tributario lleno de distorsiones que en parte son corregidas dentro de esas mismas leyes, podría ir en contra del objetivo esperado y de iniciativas que fueron definidas como pilares dentro de los planes económicos de la presente gestión de gobierno.
Tampoco me parece que aportará de forma significativa lo expuesto para la lucha frontal contra el fraude y la evasión, que básicamente descansa en una disposición del 2006 sobre Agentes de percepción, en un censo de contribuyentes y en fiscalizar, siendo tareas continuas de una Administración, que no requieren realizarse en el marco de una reforma y que de seguro forman parte de los planes de DGII y DGA.
Incluso se incluyen medidas que vuelven mas complejo el cumplimiento y la labor de DGII y aportan muy poco alas recaudaciones, como la obligatoriedad de declarar para asalariados con ingresos anuales hasta $624,330.
Para mencionar algunas cosas positivas destacamos, la eliminación de los anticipos a pequeños contribuyentes y a las personas físicas y la incorporación de la legislación necesaria para avanzar gravar los Servicios digitales.
Todo para recaudar 1.5% del PIB, en caso de que esa estimación se ajuste a la realidad (tengo mis dudas), en caso de que no aumente la informalidad, en caso de que el consumo se mantenga a la altura de las expectativas y en caso de que no se afecte la inversión de corto plazo en algunos sectores. #Valoracióndereformafiscal