El presidente Luis Abinader desmintió públicamente las declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien aseguró recientemente que el gobierno ya había otorgado permisos, y aprobado la formalización de la contratación de 15,000 trabajadores haitianos para el sector bananero, y que esa medida se extendería a otros sectores económicos que demandan mano de obra extranjera.
Cruz destacó que esta contratación regularizada es necesaria para garantizar la producción agrícola y otros trabajos que los dominicanos en general rehúsan desempeñar. Además, resaltó que estos trabajadores han sido esenciales para el desarrollo de sus empresas y la economía nacional.
Sin embargo, la Presidencia de la República reaccionó rápidamente con una comunicación formal dirigida al director del periódico Diario Libre, donde se desmiente que se haya aprobado tal contratación masiva. A través de la carta firmada por Homero Figueroa, director de prensa de la Presidencia, se indicó que “las expresiones del ministro reflejan las inquietudes de un sector económico ante la escasez de mano de obra”, pero que cualquier contratación debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la política migratoria vigente.
El gobierno enfatizó que no hay una autorización general para la contratación de trabajadores haitianos fuera del marco legal actual.
El debate cobra relevancia en momentos en que el Consejo Económico y Social (CES) discute seis ejes temáticos relacionados con el empleo y la migración, buscando soluciones para la formalización de la mano de obra extranjera.
Empresarios y sectores productivos sostienen que, debido al crecimiento económico y al desarrollo humano, la mayoría de los dominicanos ya no están dispuestos a realizar trabajos agrícolas o de construcción, lo que hace indispensable la incorporación ordenada de trabajadores haitianos.
La falta de regularización ha generado desorden y vulnerabilidad, afectando tanto a los empleadores como a los trabajadores y a la economía nacional. La polémica evidencia las tensiones internas en el gobierno y la complejidad política y social que implica el manejo de la migración y el empleo en el país