En Cuba, la línea que separa la protesta de la prisión es casi inexistente. Cuatro ciudadanos acaban de ser condenados a penas de hasta 14 años por publicar y compartir mensajes críticos en Facebook. La acusación, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se sustentó en testimonios de la Contrainteligencia y el Ministerio del Interior, aparatos acostumbrados a sofocar cualquier disidencia. La primera instancia había absuelto a dos de ellos, pero la apelación fiscal prosperó y el castigo colectivo suma 36 años de cárcel.
La diferencia con la República Dominicana es evidente. Aquí protestan los médicos, los maestros, los transportistas y los sindicatos, y aunque a veces sus métodos afectan escuelas, hospitales o el tránsito, no terminan en celdas por el simple hecho de levantar pancartas. Esa es la esencia de la democracia: tolerar la voz discordante, aunque incomode.
Otra cosa es la responsabilidad de quienes protestan. Reclamar derechos no puede confundirse con secuestrar los de los demás, menos aún cuando están en juego servicios esenciales. La ADP y el CMD siempre protestan; pero bajo el código penal cubano, su dirigencia estaría tras las rejas desde hace años.
La democracia se mide también por esa diferencia. En Cuba se castiga la palabra; en República Dominicana, aunque duela, se la permite.