Tomado de /Dias
El titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como un avance significativo el acuerdo alcanzado entre la Procuraduría General de la República y Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, mediante el cual este se compromete a devolver más de RD$3,000 millones al Estado dominicano como parte del proceso judicial por corrupción administrativa en el caso conocido como Operación Antipulpo.
“Cada peso recuperado es una victoria”, expresó Camacho, quien destacó que este tipo de acuerdos, amparados en el marco legal vigente, no solo validan el trabajo investigativo del Ministerio Público, sino que permiten una recuperación más ágil de los fondos sustraídos al erario.
El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y está sustentado en el criterio de oportunidad previsto por el Código Procesal Penal. En él, Montilla admite su responsabilidad penal y autoriza el decomiso inmediato de RD$2,000 millones, además del pago de una indemnización de RD$600 millones a las empresas distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, por los perjuicios causados mediante licitaciones fraudulentas.
El convenio también contempla pago de RD$431.8 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Decomiso de un terreno en el Ensanche Naco, valorado en más de RD$50 millones.
Disolución de 11 empresas vinculadas a las maniobras ilícitas en un plazo de dos años.
Estas compañías, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa y Watmax Lighting, habrían servido como vehículos para obtener contratos estatales de forma ilícita, aprovechando la cercanía de Montilla con el poder político y el acceso a información privilegiada.
El documento homologado por el tribunal señala que, mediante el uso de su red empresarial, Montilla operó un virtual monopolio en el sector eléctrico, distorsionando los procesos de compra y contratación pública con el pago de sobornos a funcionarios, manipulación de plazos y estafa al Estado.
“El Ministerio Público tiene que ser firme en sus convicciones, pero también estratégico e inteligente en sus decisiones”, dijo Wilson Camacho, al subrayar que la lucha contra la corrupción requiere mecanismos legales efectivos para recuperar bienes públicos y garantizar sanciones reales.
Montilla fue asistido por un equipo legal encabezado por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa. Las distribuidoras de electricidad fueron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
El Ministerio Público reiteró que el caso cumple con todos los requisitos legales para la aplicación del criterio de oportunidad, dada su complejidad y el impacto económico causado al país.