Tomado de Diario Libre
Santo Domingo - oct. 29, 2025 |
El contrato con Aurix S.A.S. nunca fue registrado ni en la Contraloría General de la República ni en los archivos del propio Ministerio de Defensa. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)
En junio de 2020, el Ministerio de Defensa firmó un acuerdo de "cooperación" con una empresa privada llamada Aurix S.A.S., dedicada supuestamente a servicios de seguridad e inteligencia.
El documento no parecía, a primera vista, diferente de otros convenios institucionales. Pero cuatro años después, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lo incluye entre las piezas centrales de la Operación Camaleón, una investigación que combina corrupción administrativa, sabotaje tecnológico y delitos de seguridad nacional.
Según la acusación formal, el contrato nunca fue registrado ni en la Contraloría General de la República ni en los archivos del propio Ministerio de Defensa.
El acuerdo, firmado durante la gestión del entonces ministro Rubén Darío Paulino Sem, fue suscrito con José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), quien representó a Aurix S.A.S. como director.
El documento habría permitido a la compañía acceder a plataformas de videovigilancia, inteligencia y control estratégico bajo uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
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La investigación del Ministerio Público sostiene que esa puerta de acceso se utilizó no para fortalecer la seguridad del Estado, sino para fines privados y operaciones de encubrimiento patrimonial.
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Aurix S.A.S., según la Pepca, carecía de estructura técnica y patrimonial real: era una empresa de papel dentro del entramado controlado por Gómez Canaán, también beneficiario de contratos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
A través de ella, se habrían importado equipos de inteligencia, drones y tecnología de vigilancia de uso reservado, sin la debida autorización militar.
Una amenaza a la seguridad nacional
El expediente describe esa maniobra como una amenaza directa a la seguridad nacional, al permitir la interconexión ilícita de redes militares con sistemas civiles operados por compañías privadas.
En su acusación, la Pepca afirma que los equipos y las plataformas interconectadas se usaron también como instrumentos de espionaje y manipulación tecnológica, lo que amplía el alcance del caso más allá del fraude administrativo.
El contrato con el Ministerio de Defensa habría servido, además, como base de legitimación para posteriores convenios firmados con el Intrant y otras dependencias públicas, donde las mismas empresas —Aurix, Transcore Latam, PagoRD Xchange y Dekolor— operaban en conjunto.
La interconexión entre sistemas de videovigilancia, semaforización y cobros electrónicos habría permitido a los acusados acceder simultáneamente a información de tránsito, seguridad y recaudaciones estatales.
El Ministerio Público califica ese acuerdo como un punto de inflexión en la estructura delictiva, porque trascendió los límites de la corrupción administrativa para penetrar áreas reservadas de defensa e inteligencia.
En términos legales, los fiscales sostienen que el uso indebido de esa información encuadra en delitos de terrorismo, sabotaje a infraestructuras críticas, falsedad documental y lavado de activos.
Aurix S.A.S. figura entre las 17 entidades y personas físicas incluidas en la solicitud de apertura a juicio.
Para la Procuraduría, el caso demuestra cómo una empresa sin experiencia en defensa nacional logró acceder al corazón tecnológico del Estado mediante un contrato que, según la acusación, nunca debió existir ni registrarse.