Villa Central, Barahona.– El presidente de la Segunda Sala Civil y Comercial del Distrito Judicial de Barahona aplazó para el próximo 15 de enero la audiencia que se sigue contra cientos de familias desalojadas de sus viviendas en el sector La Fruta, del municipio Villa Central.
El aplazamiento se produjo debido a que no fue posible notificar a la contraparte del proceso, a causa de las lluvias generadas por el huracán Melissa en esta ciudad.
El juez Emilio González, titular de la Segunda Sala Civil y Comercial de Barahona, acogió el expediente presentado por la barra de abogados de los presuntos dueños legítimos de los terrenos donde habitan las familias afectadas.
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Familias desalojadas
Durante la audiencia, las familias desalojadas, cuyos hogares fueron demolidos con tractores y palas mecánicas, se concentraron frente al Palacio de Justicia de Barahona. Exigieron que se respeten sus derechos y pidieron una solución a la situación.
Catalina Pérez Santana, de 65 años, relató entre lágrimas que su vivienda destruida con sus nietos y familiares dentro. Indignada por la situación, exclamó: “¡Vergüenza contra dinero!”
De su lado, Andy William Feliz, mostró su disgusto por la decisión del tribunal de posponer la audiencia hasta principios del próximo año.
El dirigente comunitario Víctor Manuel Feliz Díaz expresó su esperanza de que el presidente Luis Abinader intervenga directamente en el caso. "Después de Dios, con una palabra del presidente se resuelve este conflicto", afirmó.
Feliz Díaz explicó que los terrenos donde se ordenó el desalojo, bajo la dirección de Fredy Vargas, han sido habitados por más de 30 años. Aseguró que las familias construyeron sus viviendas con mucho esfuerzo y añadió que, según su versión, esos terrenos pertenecían a ciudadanos estadounidenses que los abandonaron al salir del país.
Terrenos
Feliz Díaz denunció que Vargas actúa en representación de la familia Díaz, quienes aseguran ser los dueños de los terrenos. Según Díaz, estarían intentando apoderarse de las tierras mediante documentos falsificados registrados hace tres años en el Tribunal de Tierras.
Por su parte, Raisa Pérez Cuevas, madre soltera de cinco hijos, relató que al regresar de su trabajo se enteró del desalojo. Junto a sus niños, quedó a la intemperie y perdió todas sus pertenencias.
Betania Medina, ama de casa, expresó su frustración por el rechazo de las autoridades del Palacio de Justicia a permitir el acceso a decenas de familias que querían presenciar la audiencia.
Sesarin Feliz, otro de los afectados, señaló que lleva 30 años viviendo en el lugar. Dijo que cientos de familias quedaron en la calle y criticó la indiferencia de las autoridades locales ante el problema.
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El 1 de agosto de este año, las autoridades realizaron un operativo que resultó en la demolición de unas 250 viviendas, principalmente construidas con madera, zinc y blocks, con el uso de equipos pesados. La operación fue supervisada por agentes de la Policía Preventiva, adscritos a la Dirección Regional Sur.
Las familias afectadas incluyen a dominicanos y ciudadanos haitianos residentes en el país. Actualmente, se encuentran a la intemperie, sin un lugar donde refugiarse y con sus pertenencias esparcidas por las calles.
Padres, madres solteras, mujeres embarazadas, niños y ancianos exigen una solución inmediata de las autoridades gubernamentales y los organismos de asistencia social.
Por Genaro Moreta Jr