Ismael Hiraldo-Diario Libre
Santo Domingo - jul. 02, 2026 | 12:01 a. m.| 4 min de lectura
Sesión del Senado del martes 30 de junio en la que se aprobó por última vez la nueva ley de residuos sólidos. (FUENTE EXTERNA)
Las grandes empresas que deberán realizar aportes millonarios para financiar el sistema de gestión integral de residuos sólidos también podrán tomar ese pago como un gasto al momento de calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR), una modificación incorporada por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso y que solo espera ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
El cambio quedó plasmado en un nuevo párrafo del artículo 36 del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al establecer expresamente que la contribución especial será deducible de la renta bruta.
En términos sencillos, esto significa que el dinero que una empresa pague al fideicomiso para la gestión de residuos podrá ser considerado como un gasto al momento de calcular cuánto deberá pagar de Impuesto Sobre la Renta.
Por ejemplo, si una empresa debe aportar 2.2 millones por residuos sólidos, que es le monto máximo, esa cifra podrá incluirse entre los gastos utilizados para determinar la renta sobre la cual se calcula el ISR.
Un cambio de la Cámara de Diputados
La disposición no figuraba en la versión anterior de la ley ni en el proyecto original del Senado y fue incorporada cuando el proyecto llegó a la Cámara de Diputados, donde los legisladores aprobaron modificaciones mediante enmiendas propuestas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Con esa modificación, el Congreso dejó expresamente establecido que la contribución especial tendrá el mismo tratamiento que otros gastos deducibles previstos en el Código Tributario.
La iniciativa ya fue aprobada por ambas cámaras legislativas y únicamente resta que sea promulgada por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia. También puede ser observada.
El esquema de aportes
La reforma mantiene la obligación de que las empresas que reportan ingresos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realicen una contribución especial destinada a financiar el sistema nacional de gestión integral de residuos sólidos.
Sin embargo, el proyecto reorganiza la escala de aportes y fija nuevos montos de acuerdo con los ingresos anuales de cada empresa.
Así, las compañías con ingresos superiores a 2,500 millones de pesos deberán realizar el mayor aporte, fijado en 2.2 millones de pesos anuales, mientras que las de menores ingresos pagarán montos inferiores conforme a la escala establecida en la ley.
Otra de las novedades incorporadas al proyecto establece un tratamiento especial para las empresas cuyos márgenes de ganancia son regulados por el Estado.
En esos casos, la contribución ya no se calculará tomando como referencia el total de las ventas, sino las ventas netas, es decir, el resultado de restar a las ventas el costo de los bienes vendidos.
Con ese cambio, las compañías que manejan elevados volúmenes de facturación, pero cuyos márgenes comerciales son reducidos por regulación estatal, podrán calcular su aporte sobre una base menor.
El proyecto también crea un tratamiento especial para las personas jurídicas o entidades que actúen como comisionados o comisionistas.
La modificación dispone que esas empresas pagarán como máximo 675,000 pesos por concepto de la contribución especial, aun cuando sus ingresos anuales superen los 700 millones de pesos.
Además de los aspectos tributarios, el proyecto introduce otras modificaciones a la legislación sobre residuos y entre ellas amplía las restricciones a la importación de productos plásticos de un solo uso sin certificación de biodegradabilidad, incluyendo pajillas, tenedores, cuchillos, cucharas, vasos y otros artículos fabricados en poliestireno (foam), estableciendo un plazo de seis meses desde la promulgación de la ley para que entre en vigor la prohibición.
Con la aprobación definitiva por parte del Congreso Nacional, el proyecto quedó listo para ser enviado al Poder Ejecutivo, cuya promulgación constituirá el último paso para que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse.
Ismael HiraldoIsmael HiraldoCompartir por Twitter
Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.