La pobreza no se mide únicamente por la escasez de recursos, sino también por la facilidad con que se desperdician. República Dominicana, con necesidades en servicios básicos, mantiene millones de pesos y dólares pudriéndose en obras abandonadas.
El inventario resulta indignante. Un mercado de 16 millones de dólares, terminado y equipado, lleva catorce años cerrado en Villas Agrícolas. Un liceo de 24 aulas se convirtió en refugio de vacas en Los Peralejos. Una estancia infantil, construida en un 90 %, permanece paralizada desde 2014. A estos casos se suman la terminal de autobuses del Cibao, el mercado de Los Rieles, el antiguo edificio del IDSS y el Teatro Agua y Luz.
Cada administración anuncia rescates, prepara planos, promete presupuestos o atribuye la parálisis a litigios, deudas y trámites. Entretanto, el óxido avanza, la maleza crece y la factura de recuperación aumenta. Lo invertido pierde valor, mientras el Estado alquila oficinas, faltan aulas y comerciantes trabajan en condiciones antihigiénicas.
No basta con inaugurar. Gobernar también exige terminar, conservar y poner a funcionar. Cada obra inconclusa revela fallas de planificación, continuidad y responsabilidad institucional. Un país rico puede soportar algún error; uno pobre no tiene derecho a convertir el dinero público en ruinas. Despilfarrar así no es descuido, sino una forma imperdonable de empobrecer a quienes ya tienen poco.