Julián P. Herrera
Por Julián P. Herrera-Tomado de Acento
28/09/2026 · 05:00 AM
Rubén Jiménez Bichara
Una auditoría de la Cámara de Cuentas a los estados financieros de la disuelta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), correspondiente al período 2016-2018, cuantificó irregularidades por RD$44,960.2 millones y retrató una institución sumida en un profundo deterioro financiero. El examen registró un patrimonio negativo de RD$82,898 millones, pérdidas acumuladas superiores a RD$106,986 millones y pasivos por RD$92,704.7 millones.
El informe final, publicado la semana pasada, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas mediante la Resolución AUD-2026-037. La auditoría concluyó con una opinión adversa porque, según el órgano fiscalizador, los estados financieros examinados no reflejaban razonablemente, en aspectos importantes, la situación financiera de la CDEEE.
De acuerdo con la auditoría, la partida de mayor peso corresponde a RD$19,811.3 millones en gastos por cuentas incobrables que los auditores no pudieron validar. Le siguen RD$11,111 millones vinculados a documentos requeridos que no fueron entregados, y RD$5,723 millones en provisiones de cuentas por cobrar y por pagar, cuyos saldos tampoco pudieron confirmarse.
En conjunto, esos tres señalamientos suman RD$36,645.3 millones, equivalentes a cerca del 81.5 % del total cuantificado. Esa concentración sitúa el núcleo de las observaciones en partidas decisivas para evaluar la calidad de los activos, las obligaciones pendientes y la validez de los gastos reconocidos por la corporación.
El monto global exige, sin embargo, una lectura cuidadosa. La Cámara de Cuentas agrupó diferencias contables, registros sin respaldo, limitaciones en el alcance de la revisión y pagos cuya recepción no pudo acreditarse. Por tanto, los RD$44,960.2 millones señalados no representan automáticamente un desfalco ni un daño patrimonial definitivo, aunque sí evidencian graves deficiencias en los controles internos, la trazabilidad de los expedientes y la confiabilidad de la información entregada a los fiscalizadores.
Pagos millonarios sin respaldo suficiente
Entre los señalamientos de mayor sensibilidad figuran RD$961.4 millones cargados a cuentas de costos sin documentos de respaldo y RD$95.3 millones desembolsados en publicidad sin constancias de que los servicios contratados hubieran sido recibidos.
El ente fiscalizador detectó, además, una diferencia de RD$2,529.9 millones entre los auxiliares de cuentas por cobrar y las confirmaciones obtenidas, así como RD$2,574.5 millones en saldos de naturaleza contraria dentro de las cuentas por pagar. Para aclarar cada caso se requieren expedientes completos, conciliaciones verificables y la identificación de las personas que intervinieron en las operaciones.
A esa debilidad documental se sumaron expedientes valorados en RD$11,111 millones que no fueron entregados, lo que limitó directamente el alcance de la auditoría. Sin contratos, facturas, órdenes de compra, comprobantes de pago y actas de recepción disponibles para su contraste, el órgano fiscalizador no pudo completar pruebas esenciales ni determinar con suficiente certeza si los registros correspondían a operaciones debidamente autorizadas y ejecutadas.
Un patrimonio hundido por las pérdidas
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Los estados financieros examinados muestran que, al cierre de 2018, la CDEEE tenía una estructura profundamente comprometida. La corporación declaró activos por RD$9,806.6 millones y pasivos por RD$92,704.7 millones, casi nueve veces y media el valor de sus activos. El patrimonio estatal cerró con un saldo negativo de RD$82,898 millones, las pérdidas acumuladas superaron los RD$106,986 millones y el déficit de ese año alcanzó RD$30,251 millones.
El estado de resultados permite seguir la ruta de ese deterioro. Durante 2018, las ventas generaron RD$18,526.4 millones, mientras la compra de energía consumió RD$40,993.6 millones. La operación arrojó así una pérdida bruta de RD$22,467.2 millones antes de contabilizar otros gastos. Al incorporar RD$14,136.9 millones por operación, mantenimiento y administración, la pérdida operacional se elevó a RD$36,604.2 millones.
Los ingresos no cubrieron el costo de la energía
El cierre de 2018 también reflejó una marcada dependencia financiera. Los aportes corrientes del Estado alcanzaron RD$1,931.2 millones, frente a una pérdida neta de RD$32,182.2 millones. El auxilio público cubrió apenas una fracción del resultado negativo y no compensó la brecha provocada por el costo de la energía y los demás gastos acumulados.
La dimensión del desequilibrio se aprecia en la relación entre ingresos y egresos. Por cada peso obtenido en ventas, la CDEEE destinó aproximadamente RD$2.21 solo a la compra de energía. Ese costo superó los ingresos en RD$22,467.2 millones, incluso antes de agregar los gastos de administración, operación y mantenimiento.
Punta Catalina deja una huella contable sin conciliar
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La auditoría incorporó, además, un asunto de énfasis relacionado con la cuenta del proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Una revisión anterior había establecido un valor acumulado de RD$95,862.8 millones al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, en la auditoría general esa cuenta aparecía llevada a cero.
La explicación consignada indica que la inversión se distribuyó en partes iguales entre las tres empresas distribuidoras de electricidad. El informe expresa la participación como 33.33 % para cada una, una aproximación por redondeo que suma 99.99 %. Aunque el movimiento podría responder a una decisión contable, el órgano fiscalizador planteó la necesidad de una conciliación transparente que permita rastrear el activo desde su registro original hasta las cuentas receptoras.
Para reconstruir la operación deben coincidir el valor retirado, las fechas de transferencia y los registros incorporados por las tres distribuidoras. Cualquier diferencia impediría comprobar que los RD$95,862.8 millones fueron transferidos íntegramente, sin omisiones ni duplicidades.
Tres años bastaron para profundizar el deterioro
La evolución de los balances confirma que la crisis financiera se profundizó entre 2016 y 2018. Los activos totales cayeron de RD$16,937.3 millones a RD$9,806.6 millones, una disminución cercana al 42 %. En paralelo, los pasivos aumentaron de RD$64,670.3 millones a RD$92,704.7 millones, alrededor de un 43 %. Como resultado, el patrimonio negativo se amplió de RD$47,732.9 millones a RD$82,898 millones, mientras crecían las obligaciones y disminuía la capacidad contable para respaldarlas.
La mayor sacudida se produjo en 2018, cuando el déficit del período llegó a RD$30,251 millones. Ese año, los aportes corrientes del Estado alcanzaron RD$1,931.2 millones, muy por debajo de la pérdida neta de RD$32,182.2 millones. El balance retrata una empresa incapaz de generar, mediante su operación ordinaria, los ingresos necesarios para pagar la energía adquirida, sostener sus gastos y atender sus obligaciones.
La estructura directiva durante el período auditado
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La relación de personal incorporada a la auditoría identifica a los principales funcionarios que ocuparon posiciones directivas entre el 1.º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. En ese período figuraban Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo; José Rafael Santana Cedeño, presidente del Consejo de Administración; Pablo de Jesús Rivas Méndez, coordinador técnico de proyectos; Rossana Montilla, directora de Servicios Financieros; Danilo Santos Santana, director de Auditoría Interna; y Carlos Contreras Núñez, contralor. Según los registros examinados, los cinco primeros habían ingresado a la institución entre 2004 y 2012, mientras Contreras Núñez asumió sus funciones el 12 de enero de 2016.
El documento también menciona a Marilyn Brito Brito, coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos; Altagracia Milagros Santos Ramírez, directora de Consultoría Jurídica; Guarynes Méndez Robles, directora ejecutiva; Julio César Pimentel Ovalle, director de Responsabilidad Social Corporativa; Melanea Mercado Ceballos, directora de Gestión Humana; y Rafael Andrés Cueto Stefani, director de Tecnología e Información. Brito Brito ingresó el 2 de agosto de 2018, mientras los demás desempeñaban sus funciones desde fechas comprendidas entre 2004 y 2013.
La inclusión de estos nombres permite reconstruir la estructura directiva vigente durante el período examinado, pero no implica por sí sola responsabilidad administrativa, civil o penal. Cualquier señalamiento individual deberá sustentarse en hechos, competencias y pruebas específicas, con pleno respeto al debido proceso.
La CDEEE desapareció, pero sus cuentas siguen bajo examen
El proceso de desaparición de la CDEEE comenzó el 16 de agosto de 2020, cuando el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 342-20, que declaró de alto interés nacional su liquidación y transfirió sus atribuciones, funciones y facultades al Ministerio de Energía y Minas.
La medida procuró corregir distorsiones en la estructura y la gobernanza del sector eléctrico, eliminar duplicidades administrativas, reducir gastos operativos y adecuar la organización estatal a las leyes vigentes. El proceso quedó formalizado jurídicamente con la Ley 365-22, que dispuso la supresión definitiva de la corporación y reorganizó varias de sus responsabilidades y activos.
La desaparición jurídica de la corporación no cerró el examen de sus cuentas. Una opinión adversa constituye una de las alertas más severas de una auditoría financiera, pues indica que las distorsiones encontradas son materiales y generalizadas. El informe no atribuye por sí mismo responsabilidad penal a personas determinadas, pero abre la vía a indagaciones administrativas, civiles y, si las evidencias lo justifican, judiciales.
El seguimiento deberá establecer quién autorizó los registros, por qué no aparecieron los soportes, si los servicios fueron efectivamente recibidos y qué medidas se adoptaron para restablecer la confiabilidad de las cuentas públicas.
Las conclusiones jurídicas de la Cámara de Cuentas vinculan los hallazgos con distintas funciones ejercidas por servidores y funcionarios de la entidad. Entre ellas figuran la vicepresidencia ejecutiva, la presidencia del Consejo de Administración, la coordinación técnica de proyectos, las direcciones de Servicios Financieros, Auditoría Interna, Consultoría Jurídica, Asuntos Internos y Administración, además de la Contraloría, la Administración General y la Dirección Legal de Punta Catalina.
Por su alcance, los hallazgos trascienden una institución ya desaparecida y afectan la calidad de la vigilancia sobre los fondos públicos. Los compromisos por decenas de miles de millones de pesos, sin conciliaciones suficientes ni expedientes íntegros, representan riesgos para el Estado. El efecto de la auditoría dependerá de las explicaciones documentadas, los ajustes contables y las consecuencias que se deriven de cada observación.
La Cámara de Cuentas distingue entre responsabilidad administrativa, responsabilidad civil e indicios de responsabilidad penal. Estas categorías pueden concurrir respecto de un mismo acto u omisión y alcanzar a uno o varios servidores, incluso si ya dejaron la función pública. Esa autonomía no equivale a una condena automática: exige relacionar cada conducta con su período de ocurrencia, la norma aplicable y la intervención concreta atribuida a cada persona, bajo criterios de legalidad, razonabilidad e integridad probatoria.
La mayor presión financiera se concentraba en las obligaciones de corto plazo. Los pasivos corrientes aumentaron de RD$64,031.9 millones en 2016 a RD$91,123.4 millones en 2018. Dentro de ese total, las cuentas pendientes con proveedores de energía, bienes y servicios ascendían a RD$57,849.3 millones, mientras las obligaciones bancarias sumaban RD$9,287.1 millones.
El órgano fiscalizador también destacó el crecimiento de las acumulaciones y retenciones por pagar, que pasaron de RD$517.1 millones a RD$17,538.8 millones en dos años. Un aumento de esa magnitud requiere información detallada sobre su origen, vencimiento y documentación de respaldo.
La auditoría identificó, además, RD$1,116.5 millones de efectivo restringido no registrados en 2017, otros RD$33.5 millones omitidos en 2018 y una diferencia de RD$50.4 millones entre el balance de ese efectivo y la confirmación emitida por el banco. En una observación distinta de los RD$961.4 millones en costos sin respaldo documental, el informe consignó RD$953.4 millones en cuentas de costos presentadas en sentido contrario a su naturaleza contable. Aunque cada importe responde a una situación diferente, todos distorsionan la lectura fiel de los estados financieros.
Las omisiones de efectivo restringido detectadas en 2017 y 2018 sumaron RD$1,150 millones, a los que se agregó una diferencia bancaria de RD$50.4 millones. Más allá de su impacto contable, estas variaciones impiden conocer con precisión la disponibilidad real de los recursos y la capacidad de la entidad para responder a sus obligaciones inmediatas. La CDEEE desapareció del organigrama estatal, pero la magnitud de sus cuentas pendientes mantiene abierta la exigencia de esclarecer responsabilidades, corregir los registros y proteger el patrimonio público.
Julián P. Herrera
Periodista
Periodista. Reportero de Acento.com.do