Tomado de El Caribe
Es un caso muy grave y complejo. Requerirá tiempo y calidad. La justicia debe actuar con la corrección que demanda.
El
sometimiento a la justicia de 14 personas, desde un ministro del
Gobierno, dos senadores y un diputado de la República, un ex ministro y
un ex senador y actual presidente de la principal fuerza opositora por
los cargos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación,
desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en tratos con la
empresa brasileña Odebrecht es un acontecimiento sin precedentes en la
Nación que de algún modo impactará el desempeño de la función pública.
No
juzgaremos a nadie. Todos los acusados tendrán que responder ante los
tribunales. Ya lo ha dicho el procurador general de la República Jean
Alain Rodríguez. Si bien todos están señalados por tratos corruptos
contra el Estado y la sociedad, coaligados con la empresa brasileña, no
siempre los delitos se cometieron con el mismo modus operandi ni “todos
ellos participaron de los mismos hechos o en el mismo período de tiempo.
Cada caso, aunque todos están relacionados con el entramado generado de
sobornos y corrupción orquestados por Odebrecht, tienen sus
particularidades”.
Lo
esencial es que si se establecen las debidas responsabilidades haya el
condigno castigo. Tiene que ver con el reclamo de la sociedad para que
haya sanciones contra quienes traicionaron la confianza de los
dominicanos. El escándalo desatado en Estados Unidos y que estremeció a
Brasil tenía que repercutir en República Dominicana. La propia empresa
declaró que sobornó con US$92 millones a funcionarios para ser
favorecida con obras. Razones suficientes para la indignación social.
A
quienes se les prueben sus faltas deben ser sancionados con todo el
peso de la ley. Pero serán los jueces quienes habrán de decidir.
Corresponderá ahora al magistrado a cargo de la instrucción en la
Suprema Corte de Justicia, jurisdicción en que se conocerá el caso por
el involucramiento de legisladores, profundizar las pesquisas impulsadas
por la Procuraduría con la colaboración del gobierno de Brasil,
técnicos y asesores nativos y extranjeros.
Es un caso muy grave y complejo. Requerirá tiempo y calidad. La justicia debe actuar con la corrección que demanda.
Estamos
ante una oportunidad que ya ha debido aleccionar a la clase política y
puede servir para reivindicar al tan malhadado Poder Judicial.