Santo Domingo.- María Olimpia Tavárez Rodríguez de Liz, arrestada hoy por la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas h la DEA, estuvo tres meses de prisión preventiva, tras ser imputada por la Fiscalía de narcotráfico de lavar más de 100 millones de pesos de una red de 18 colombianos y venezolanos, fue dejada en libertad mediante la gracia del juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, al concederle salir de la cárcel con el pago de 100 pesos en efectivo. (FUENTE HOY)
El juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, la mandó a prisión con la acusación fiscal de que integra una red que pagaba ocho mil dólares a quienes adquirían vehículos para operar en el negocio.
El juez Berroa Hiciano, empero, envió a juicio de fondo, acusada de posser un auto Mercedes Benz, una yipeta y una villa, que de acuerdo a la Fiscalía no pudo mostrar la procedencia del dinero.
Operación Falcón
Más de 60 fiscales, coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezan desde la madrugada de este miércoles la Operación Falcón, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos en la que participan más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Como parte de la operación contra el crimen organizado se realizan más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. Las acciones llevaron al arresto de Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General de Comunidad Digna, así como de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, María Olimpia Tavárez, Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco, entre otros.
En los allanamientos, que siguen en proceso, las autoridades han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles, que incluyen estaciones de combustibles, vehículos de alta gama y relojes de lujo.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso resaltó que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada.