“En un cambio con respecto a años anteriores señalado por los observadores independientes, el gobierno en general aplicó la ley con eficacia. La Procuraduría General de la República investigó a los funcionarios presuntamente corruptos”, dice el informe publicado por los Estados Unidos este martes.
Amplían que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas para procesar a los individuos acusados de corrupción era tradicionalmente la falta de voluntad política, sim embargo durante el Gobierno de Luis Abinader se iniciaron una serie de casos contra funcionarios públicos, del antiguo y actual nivel, citando la Operación 13, Operación Medusa, Coral, 5G, entre otros.
“No obstante, la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave”, dice el informe.
Explican que ante las denuncias de actos de corrupción de funcionarios por parte de ONGs y ciudadanos como la policía, los funcionarios de inmigración y de Prisiones, “el gobierno recurrió a castigos no judiciales por corrupción, como el despido o el traslado de militares, policías, jueces y funcionarios menores”.
De acuerdo al informe entre los problemas significativos de derechos humanos en República Dominicana están los asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno.
Además de condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
Los Estados Unidos indican que “el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad” y que los periodistas practicaron la autocensura, “sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios”.