La acusan de linchamientos y de quemar sus casas
Tomado de El Nuevo Diario
El Departamento de Estado de los
Estados Unidos se muestra tenaz y perseverante en su cuestionamiento a
los derechos humanos en República Dominicana, y en su última embestida
asegura que en este país caribeño impera una discriminación generalizada
que incluye “violencia xenófoba” contra las personas de ascendencia
haitiana, al extremo que, incluso, ha habido linchamientos públicos y
quemas de casas ocupadas por personas originarias de Haití.
La agencia que maneja la
política exterior del gobierno estadounidense se desborda en denuncias y
cuestionamientos contra la República Dominicana y su trato hacia los
inmigrantes haitianos y descendientes del vecino Haití, durante un aviso
que publica en su página web solicitando candidatos para optar por el
cargo de Oficial de Protección Adjunto (JPO-por sus siglas en inglés).
La andanada de críticas en el
referido portal viene precedida de los requisitos y condiciones para
optar por el puesto antes señalado, el cual estará adscrito a la ACNUR
(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados) y tendrá funciones específicas de protección y defensa de
los inmigrantes y descendientes haitianos.
Los argumentos expuestos en el
aviso coinciden marcadamente y guarda mucha relación con los
pronunciamientos de algunos sectores nacionales que cuestionan la
sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), lo que hace suponer
una afinidad y o conexión entre el Departamento de Estado norteamericano
y esos grupos.
Al respecto, la comunicadora y
regidora Consuelo Despradel, defensora nacionalista, consultada por El
Nuevo Diario, dijo que se evidencia una vez más que los argumentos que
exhiben en el país los “traidores de la patria” son provistos por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de agencias como
la ACNUR, las ONGs, los padres jesuitas, algunos comunicadores y
políticos dominicanos.
Tras citar a la República
Dominicana como el país principal de asilo en el Caribe para los
refugiados, el Departamento de Estado calcula en más de un millón el
número de inmigrantes haitianos que actualmente están en suelo
dominicano.
Igualmente, asegura que existe
un cuarto de millón (250,000) personas nacidas en República Dominicana
de ascendencia haitiana (dominico-haitianos).
Esos –añade- están en diferentes grados de riesgo de apatridia.
Cuando se refiere a la frontera
que divide a ambos países (Haití-República Dominicana), el organismo del
gobierno de los Estados Unidos sostiene que en esa zona se producen
tratas transnacionales de mujeres y niños haitianos para trabajar en la
industria del sexo o de servidumbre doméstica.
“La frontera es muy porosa
(permeable) y se caracteriza por frecuentes violaciones de los derechos
humanos por las autoridades militares y de la frontera”, sostiene.
En la publicación se repite una
vez más que durante varias décadas las autoridades dominicanas han
realizado redadas y expulsiones masivas indiscriminadas de inmigrantes
haitianos.
Señala que el problema de la
migración haitiana en República Dominicana es extremadamente sensible,
tanto a nivel político nacional, así como a nivel de la comunidad local.
Acusa al Estado dominicano de
históricamente privar de la nacionalidad a los niños de ascendencia
haitiana, a pesar del “jus solis en el marco constitucional”.
De igual modo, afirma que desde
el 2007 los gobiernos dominicanos han puesto en marcha nuevas políticas
que despojan de documentos de ciudadanía a personas de ascendencia
haitiana que ya los habían recibido.
“Una nueva constitucional,
promulgada en enero del 2010, ha cambiado el marco de la nacionalidad,
la creación de un orden constitucional para negar la ciudadanía a los
niños nacidos en el territorio (dominicano), a los migrantes no
residentes”, amplía.
Hace mención de que existe una
expectativa común de que las nuevas disposiciones de nacionalidad se
aplicarán con carácter retroactivo, proporcionando una plataforma al
gobierno para ampliar y aplicar de manera más sistemática las políticas
existentes.
“Esto agravará aún más los riesgos de apatridia para aciertas poblaciones”, complementa.
Es en contexto anterior en el
que actuará la persona que resulta elegida para el cargo de Oficial de
Protección Adjunto, obteniendo con ello experiencia de campo, exposición
y conocimiento de los temas de protección de los refugiados, la
apatridia y la protección de las poblaciones desplazadas por desastres
naturales, “dentro de un entorno migratorio altamente complejo”.
Se recuerda que El Nuevo Diario,
en su edición digital del 24 de febrero y la impresa el 25 del mismo
mes, publicó un trabajo bajo el título “Acusación de racismo contra RD
se origina en informes del Departamento de Estado EEUU”, el cual se
reseñaba que las denuncias de que República Dominicana es un país
racista y violador de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos
se remonta a los finales de la década de los 80, aunque es a raíz de la
sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que este tipo de
acusaciones cobra mayor cobertura y notoriedad a nivel nacional e
internacional.
Este artículo reseñó que El
Nuevo Diario dio un vistazo a los informes del Departamento de Estado de
los Estados Unidos, a partir del 1989, descubriendo que desde entonces
los dominicanos son presentados ante el mundo como los “verdugos” de los
haitianos en cuestiones de derechos humanos.
Planteó que las acusaciones
contra el país han sido reiterativas y sistemáticas en los informes que
el Departamento de Estado norteamericano envía a las Comisiones de
Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados
del Congreso de los EEUU, cuyos contenidos generales se refieren a la
situación de los derechos humanos en el país, y que la embajada
norteamericana reproduce en su página web, y corresponden a los años
1989, 1993, 1994, 2004, y 2012, en posesión de este periódico.
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POR FRANCIS JEREZ