Lauterio Vargas/Tomado de El Caribe
La directora del PEPCA dijo que muchas de las supuestas faltas son administrativas y no representan un delito penal
Laura Guerrero dijo que no encontraron indicios penales en las auditorías hechas por la Cámara de Cuentas. Laura Guerrero dijo que no encontraron indicios penales en las auditorías hechas por la Cámara de Cuentas. (El Caribe )
La procuradora especializada
para la Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero,
dijo que devolverán la mayoría de las auditorías realizadas por la
Cámara de Cuentas a más de 60 instituciones centralizadas y
descentralizadas, porque no encontraron elementos violatorios para
sancionar penalmente a los funcionarios.
Al ser entrevistada por la
periodista Nuria Piera para el programa “Nuria Investigación
Periodística”, que se transmite por NCDN, Canal 37, la funcionaria
manifestó que “si efectivamente esas auditorías no cumplen con los
parámetros para un proceso penal, simplemente deben ser devueltas
conjuntamente con un comunicado a la Cámara de Cuentas, explicando los
esfuerzos del Ministerio Público y los hallazgos que hemos encontrado de
que no procede una investigación”.
Precisó que la Procuraduría
Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA) tiene al menos 67 auditorías realizadas por la Cámara de
Cuentas, pero que la mayoría fueron remitidas a la antigua Dirección de
Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y que en su gestión
solo ha recibido siete.
Pero no especificó cuántas de
esas auditorías serán devueltas, tras precisar que primero tiene que
verificar para dar un número exacto.
Laura Guerrero fue enfática al
aclarar que cuando se habla de 67 auditorías, no son que han llegado
recientemente a la PEPCA, sino que se trata de expedientes acumulados de
las últimas tres gestiones de la Cámara de Cuentas y precisó que desde
el 17 de marzo del 2013, cuando entró en funcionamiento la PEPCA hasta
la fecha, solamente han llegado siete auditorías.
Principales escollos
Uno de los escollos que han
encontrado en la PEPCA es que en las auditorías los investigadores lo
que hacen son “unos levantamientos administrativos, una serie de
informaciones descriptivas y realmente no tienen elementos conclusivos a
la hora de establecer los indicios de responsabilidad penal” por violar
algunas de las leyes de transparencia pública. Dijo que eso se da
porque son auditorías financieras y de gestión “que lo que hacen es
establecer que lo ejecutado fue conforme a lo presupuestado, evidenciar
si existen algunas faltas dentro de lo que es la gestión y las normas de
contabilidad”. En ese sentido, insistió en que no son auditorías que
realmente van enfocadas a los aspectos forenses de una investigación
penal.
Ante esa situación, señaló que
en la mayoría de los casos terminan siendo faltas administrativas y que
muchas veces les llegan auditorías hechas a períodos antiguos desde el
2008 hasta el 2013 y cuando van a la institución a investigar, “las
pruebas, evidentemente están guardadas, distraídas y ya no tienen su
efecto inmediato ni dan certeza”.
Varias gestiones al mismo tiempo
Laura Guerrero se quejó de que
los técnicos de la Cámara de Cuentas “auditan diversas gestiones al
mismo tiempo y no hacen una individualización de la responsabilidad de
los operadores y de los incumbentes”.
También explicó que en cuanto a
las observaciones de los organismos y entidades auditadas “resulta que
luego de hacer una auditoría viene el informe preliminar, ese informe
preliminar debe ser notificado al organismo, al incumbente para que haga
las debidas réplicas y observaciones, pero muchas veces los organismos
no la hacen. Otra veces la hacen y no presentan los soportes
pertinentes, y otras veces, simplemente, la Cámara de Cuentas no los
acredita”.
Observó que cuando llega la
auditoría final al PEPCA, para dar un carácter de objetividad a la
investigación tienen que valorar todos los hallazgos, “todas esas
réplicas que no fueron presentadas ni soportadas a la Cámara de Cuentas y
eso varía muchísimo los resultados de las auditorías”.
En cuanto a la actitud que
asumiría la Cámara de Cuentas por la devolución de los expedientes, dijo
que deben entender que si en el transcurso de la investigación se
establecen que solo hay faltas administrativas, no pueden pretender que
sometan los casos por ante una jurisdicción penal. Agregó que en esos
casos, “ellos deben darle el curso exclusivamente administrativo a esas
auditorías y proceder a entenderlo” y que la ley establece sanciones
administrativas para esos funcionarios.
También explicó que de las siete
auditorías recibidas en su gestión le han dado salida rápida y que
todas han sido investigadas. Destacó que dos de esos expedientes se
encuentran en los tribunales, como es el caso del ayuntamiento de San
Francisco de Macorís, cuyo alcalde, Félix Manuel Rodríguez, fue acusado
de un presunto desfalco por más de RD$100 millones. Se le imputa la
violación de los artículos 123, 145, 150, 166, 167, 169, 170, 171 y 174,
así como 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Hacen un doble esfuerzo y al final no se logra nada
Laura Guerrero dijo que en el
proceso de investigación se hace un doble esfuerzo, porque cuando
reciben las auditorías tienen que hacer una experticia para comprobar
las supuestas anomalías. Consideró que cuando hay hechos que pudieran
convertirse en delitos penales, se debería informar a la PEPCA, para
hacer una auditoría conjunta que tenga un valor real y una certeza para
procesar penalmente a los responsables, pero no se hace así.
Explicación
Nepotismo. Cuando un funcionario tiene como empleados a familiares y amigos es una violación a una norma ética, no penal.
Objetividad. Cuando hay responsabilidad administrativa también se procesa al funcionario que se supone conoce las leyes.