Por Juan Bolívar Díaz/Tomado de Acento.com.do
Tocará a los jueces electorales,
vinculados al ex presidente Leonel Fernández y su Partido de la
Liberación Dominicana, decidir si dan el tiro de gracia al Partido
Revolucionario Dominicano o prolongan su calvario por algunas semanas o
meses.
La instancia que procura la
anulación de la cuestionada convención eleccionaria del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) llegará próximamente al Tribunal
Superior Electoral (TSE) que tendrá que decidir si le da el tiro de
gracia a la más antigua organización política nacional o prolonga su
agonía.
La prolongación del calvario por
el que atraviesa el PRD favorecería al partido de gobierno por cuanto
mantendría el descrédito de esa organización y la ilusión de su rescate
en los más acendrados perredeístas, y retrasaría el fortalecimiento del
proyecto de constitución de un frente de oposición.
La instancia de Guido
Cual llanero solitario que
desafía al grupo que secuestra la democracia interna del PRD, encabezado
por su presidente titular Miguel Vargas Maldonado, Guido Gómez Mazara
persiste en dar la batalla interna a la que renunciaron los mayores
líderes disidentes y anuncia que recurrirá hasta el TSE buscando que
anule la cuestionada convención eleccionaria que culminó en un visible
desastre el pasado 20 de julio.
Las exclusiones y el
autoritarismo con que se organizó la convención quedaron a la vista de
todos, lo mismo que la violencia y el desorden en que culminó. Esta
semana Gómez Mazara documentó que en catorce de las 31 provincias y el
Distrito Nacional no se realizó la votación y que en varias de las otras
18 sólo fue parcialmente, sosteniendo que sólo se contaron 19 mil
votos, de un padrón de 538 mil electores en los recintos donde pudo
acreditar delegados y que puede demostrar que la mayoría le benefició.
Aunque dice tener constancia
notarial para sustentar su petición de nulidad, no se debe descartar
exageración, pero reporteros de diversos medios informativos pudieron
documentar que no se votó en provincias como San Cristóbal, Peravia,
Azua, La Vega, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Montecristi,
Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, y Samaná, como tampoco en Santo
Domingo Este, el mayor municipio del país. En muy pocas ciudades se
reportó una concurrencia significativa.
La publicación de las actas por
recintos electorales, hubiese podido contribuir a la transparencia, como
demandó esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana,
experto en observación electoral, el cual deploró “la frustrada
convención”, y las actuaciones de la dirección del PRD y de los
organismos de control electoral, y planteó que esos acontecimientos
“deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se
supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la
ilegalidad y la parcialidad de las autoridades”.
Papa caliente para el TSE
La impugnación de la convención
fue sustentada fundamentalmente en que sólo fueron habilitados 161
(menos de la mitad) de los 341 centros de votación que se habían
programado, en la exclusión de los delegados de Gómez Mazara, en la
violencia con que se impidió a muchos votar y en la negativa a entregar
copias de las actas.
La Comisión Organizadora declaró
inadmisible la impugnación por haber sido interpuesta “de manera
extemporánea y en violación de los plazos establecidos”. Fue sometida
cuatro días después de la convención, pero se dijo que el límite era de
dos días, insuficientes para reunir documentación nacional y elaborar
una instancia. Se adujo también que no se presentaron pruebas
documentales que sustentaran la nulidad.
De inmediato Gómez Mazara
anunció que llevará su solicitud hasta elTSE, confiado en que
administrará justicia, con el precedente de dos decisiones a su favor
adoptadas por ese órgano antes de la convención, la que dispuso que le
entregaran el padrón de electores y los centros de votación y otra que
ordenó que le acreditaran sus delegados. Pero antes, sus abogados
procuraban agotar otra instancia interna, la Comisión Política del
partido, aunque sin esperanza de que este organismo, tan unilateral como
la comisión organizadora, vaya a variar el rechazo.
Esta sería la trigésima
instancia elevada al TSE desde el 2012 cuando, tras las elecciones
presidenciales, se desató la crisis que mantiene en capilla ardiente al
PRD, casi todas falladas en beneficio del sector que encabeza Vargas
Maldonado, quien junto al expresidente Fernández eligió los jueces de
ese tribunal, como los de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal
Constitucional. La mayoría de ellos son vinculados a esos dos dirigentes
políticos. De los cinco del TSE la excepción sería su presidente
Mariano Rodríguez, definido como “un buen hombre, jurista de vocación
académico pero incapaz de pelearse con nadie”.
¿Prolongar la agonía?
Habrá que esperar la instancia
de Guido Gómez para ver sus fundamentos, pero dado el descrédito en que
ha quedado la convención perredeísta, si pidiera pruebas documentales,
como las actas por centros de votación, el TSE pudiera encontrar
elementos suficientes para disponer por lo menos que se votara en las
provincias y municipios donde no se hizo y que se garantizara el
sufragio por lo menos a los que aparecen en el reducido padrón de Vargas
Maldonado..
La expectativa, al menos entre los perredeístas, es de que el tribunal
Seguirá abonando las actuaciones
del grupo de Vargas Maldonado, al que en el pasado reciente reconoció
la expulsión de dirigentes, y masivas exclusiones en los padrones del
Comité Ejecutivo, la Comisión Política y la membresía en general.
La anulación parcial o total de
los resultados convencionales implicaría nuevos plazos, de semanas o
meses, lo que prolongaría la agonía del partido blanco a sus 75 años.
Daría aliento a Gómez Mazara y a los perredeístas nostálgicos que
todavía creen en la posibilidad de restablecer la unidad, como el
suspendido exsecretario general Orlando Jorge Mera, el reelecto
presidente del Comité del Distrito Nacional Alfredo Pacheco y los
dirigentes Neney Cabrera y Eduardo Sanz Lovatón, quienes también han
solicitado la anulación y una nueva convención. Por igual Juan Santos,
otro que compitió por la presidencia del PRD, y al que tampoco se le
permitió votar, como a Gómez Mazara.
Si el TSE valida la traumática
convención de Vargas Maldonado, en la que ni los candidatos opositores
pudieron votar, el principal de ellos víctima de una agresión armada
ampliamente difundida, quedaría sellada definitivamente la división del
PRD, al perderse las mínimas esperanzas de restablecer la democracia
interna, empujando a todos los objetores de la convención hacia el
proyecto de frente opositor.
Beneficiaría al PLD
Mientras se espera a ver si
emerge una nueva fuerza política opositora, la división del PRD en lo
inmediato apuntará las posibilidades de que el PLD mantenga el monopolio
del poder en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales
del 2016, cuando incluso podría hasta incrementarlo.
La prolongación de la agonía
también le beneficia por la saturación que se registra en la ciudadanía
de la crisis del perredeísmo y sus múltiples incidentes. Pero sobre todo
porque dilata las definiciones frente el nuevo Partido Revolucionario
Mayoritario (PRM) constituido por los sectores que encabezan Hipólito
Mejía y Luis Abinader, y las posibilidades de armar su proyecto de
Convergencia opositora.
Las encuestas han indicado que
entre dos tercios y tres cuartas partes de los perredeístas se irían de
inmediato al PRM y la Convergencia, pero muchos dirigentes medios y
militantes todavía se aferran a los símbolos y banderas que ostentaron
durante décadas. A quienes tomaron la decisión de constituirse en un
nuevo partido les conviene que se cierre cuanto antes toda expectativa
de reunificación, que “ya sólo sirven para perder el tiempo”.
Estrategas del PRM y la
Convergencia consideran que Vargas Maldonado ha quedado noqueado por el
desastre en que culminó su convención, por lo que esperan cerrar el
capítulo, pero por eso mismo temen que los peledeístas favorezcan la
prolongación de la confrontación, incluso con la esperanza de que otro
desenlace fuera menos desfavorable para el grupo de Vargas. Aunque por
otro lado reconocen que sería un duro golpe que le declararan ilegítima
su convención.
Preocupación por la democracia
En muy diversos sectores
nacionales se expresan preocupaciones por la rumbo de la democracia con
la división del principal partido de oposición después que el PLD
absorbiera, en los últimos años, el tercer partido del sistema, el
Reformista Social Cristiano, y una docena de grupos políticos menores.
A esa preocupación se atribuye
el pronunciamento esta semana del embajador de Estados Unidos; James
Brewster, quien abogó por la prevalencia de un sistema multipartidista
donde no se concentre el poder en un solo partido. La misma preocupación
se expresa en los cenáculos empresariales, razón por la cual el Consejo
Nacional de la Empresa Privada pagó una amplia difusión de un
comunicado pidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos,
estimándola fundamental para la institucionalidad democrática nacional.
Tanto el comunicado del CONEP
como el planteamiento del embajador Brewster, han despertado rechazos
enfáticos de dirigentes peledeístas, incluyendo a miembros de su cúpula
como Franklin Almeyda, y a su vocero en la Cámara de Diputados Rubén
Maldonado, quien acusó al diplomático de “un atrevimiento y una
injerencia”. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto
Rosario, dijo que el pronunciamiento del norteamericano no es propio de
un embajador que respeta el ordenamiento institucional del país.
Las preocupaciones no se
refieren sólo al control del poder ejecutivo, y del Congreso Nacional,
sino también de las altas cortes y del ministerio público, así como de
la Junta Central Electoral, más que por un solo partido, por una sola
persona, el expresidente Fernández, ya en campaña por regresar al poder,
al que muchos advierten como patrocinador del desguañangue de grupos y
líderes políticos y sociales.-