César Medina
Santo Domingo/Tomado de Listin Diario
El asalto a la cárcel de Najayo
estaba programado para el jueves 23– el día antes de producirse–, pero
falló la logística para introducir las armas de fuego “al área estéril”
del penal, de donde hace seis meses la Procuraduría General de la
República sacó a todos los miembros de la Policía para incorporar ese
recinto al modelo reformado del sistema penitenciario.
En la osada operación corrió
dinero a raudales para sobornar personal del recinto carcelario, y el
narcotráfico está metido hasta el tuétano en la trama criminal. Las
armas fueron entregadas a los reos horas antes del asalto después de ser
introducidas por personal del penal.
Se trata de dos pistolas de 9 mm
y un revólver Magnum del calibre 3.57. Con ellas fueron heridos cuatro
agentes de “vigilancia y tratamiento penitenciario”, conocidos por las
siglas VPT, dos de los cuales murieron al día siguiente, entre ellos el
sub director del penal. El director fue tomado de rehén “salvando la
vida milagrosamente”.
Las armas están en poder de las
autoridades. Imágenes y detalles específicos sobre cada una de ellas
fueron obtenidos por La Tecla y se presentan en el presente reportaje.
Son dos pistolas, una marca
Loncin, y la otra Smith and Wesson, ambas de 9 mm, y un revólver Magnum
3.57. Una de las pistolas fue robada al sargento policial Ramón Ignacio
Rodríguez Ortega en septiembre de este mismo año luego de ser asaltado y
herido mortalmente en el sector de Herrera.
La indagatoria determinó que las
armas fueron introducidas a la cárcel por agentes de la VPT que se
encuentran detenidos y son investigados por la Procuraduría General de
la República que extrañamente no comparte sus pesquisas sobre el caso
con los oficiales de la Policía que realizan una investigación paralela.
Sin embargo, hay piezas que no
encajan en el puzzle aún después de la investigación impecable llevada
por la Policía que ha descubierto la trama, identificado a los
responsables y apresado a varios de ellos. Dos de esos detalles no
descifrados parecen tan simples como inexplicables:
-Alguien del penal tuvo que abrir tres puertas con candados que permitieron la salida de los reos que intentaron escapar; y
-Uno de los reclusos muertos en
la refriega vestía pantalón largo cuando es norma básica que los
internos del penal usen pantalones cortos.
(( La complicidad adentro
En el modelo reformado del sistema penitenciario es
sencillamente impensable que un reo pueda tener las llaves de los
candados de alta seguridad de las puertas de acceso a las áreas de
reclusión y que, además, vista pantalón largo, exactamente lo que
ocurrió con el jefe del grupo, Andy Maríñez Alcántara, conocido en los
bajos fondos por los apodos de El Moreno, El Gordo, El Sicario.
Sus tres compañeros caídos
vestían pantalones cortos, como lo exige el sistema carcelario, pero al
igual que Andy estaban armados y dispuestos a escapar batiéndose a tiros
con los agentes del VPT, una especie de gendarmería carcelaria sin el
entrenamiento para enfrentar contingencias de tal magnitud.
Afuera los esperaban sus
secuaces fuertemente armados a bordo de una yipeta rentada la víspera en
una agencia del kilómetro 22 de la autopista Duarte.
Eran hombres curtidos en el
crimen, de largo prontuario delictivo, que llevaban años en conflictos
permanentes con las autoridades, y entraban y salían de la cárcel con
increíble facilidad. Su oficio más rentable era el sicariato, pero igual
cometían atracos y participaban en asesinatos viciosos para recuperar
armas que luego utilizaban en otros hechos delictivos.
Jesús Felipe Francisco, conocido
por el sobrenombre de Atahualpa; Álvaro Luis Capellán y Jorge Luis
Polanco Díaz, son incriminados por la Policía en numerosos crímenes que
incluyen el asesinato del ex jefe del Servicio Secreto de esa
institución, Ramón Henríquez Figueroa, Moncho, el 8 de septiembre de
2012.
Moncho Henríquez tenía vínculos
con el empresario gallístico Pascual Risik, acusado de narcotráfico y de
múltiples asesinatos, y contra quien se habían ejecutado atentados por
conflictos de intereses en negocios del bajo mundo. Es en este punto
donde aparecen en escena los cárteles de las drogas y las bandas del
sicariato.
(( El comando de apoyo
Hay un entramado criminal en todo esto tan difícil de
comprender como de explicar. La investigación policial luce completa y
ata cabos buscando colindancias cómplices, pero a final de cuenta se
reduce al propósito de poner en la calle a varios de los más peligrosos
personajes del sicariato que deriva el negocio de las drogas.
Difícil resulta imaginarse que
una acción tan osada, riesgosa y costosa como fue el asalto a la cárcel
de Najayo– el más importante recinto penitenciario del país–,se haya
llevado a cabo para liberar a cuatro asesinos asalariados cuando en el
bajo mundo criminal lo que más abunda son gatilleros a sueldo.
De ahí las conjeturas, algunas
inverosímiles, en el sentido de que esa acción se llevó a cabo por
tantas causas como es posible alcanzar la imaginación de los
dominicanos:
-Que fue para liberar a los
hermanos colombianos Buitrago, a quienes se atribuye vínculos con el
cártel de Cali y a quienes se les ocupó en Sabana Toro, San Cristóbal,
una caleta con 250 kilos de cocaína y gran cantidad de dinero;
-Que fue por conflictos de
intereses entre la Policía y la Procuraduría a propósito de la
convivencia en el penal de los dos sistemas carcelarios: el reformado
que dirige la PGR y el tradicional que controla la Policía;
-Que fue para “desviar la atención pública” del caso del senador Félix Bautista y el procurador Francisco Domínguez Brito;
-Que se usa como pretexto para
proteger la imagen del ex presidente Leonel Fernández de la andanada de
críticas y acusaciones por dolos atribuidos a su administración.
De todo se anda diciendo sobre
un acontecimiento que ha escandalizado a la opinión pública por carecer
de precedente en la historia de la delincuencia dominicana… que había
visto de todo, menos el asalto a una cárcel pública con un balance de
seis muertos a tiros.
Con el agravante de que la
investigación ha concluido con que se trató de una acción armada del
narcotráfico para liberar a sus secuacesÖ ¡todos matones a sueldo!
OBSTÁCULO. DURANTE MÁS DE UNA HORA LA PN NO PUDO ENTRAR AL LUGAR DEL SUCESO POR ORDEN DEL PROCURADOR
Un celular en el bolsillo del
pantalón largo– extrañamente pantalón largo–, del recluso Ángel Maríñez
Alcántara, jefe del grupo que tomó por asalto la cárcel de Najayo, fue
la clave que condujo a la Policía a esclarecer uno de los hechos
vandálicos más osados del crimen organizado en la República Dominicana.
Todo ocurrió por pura casualidad
porque durante más de una hora la Policía no pudo entrar al escenario
de los hechos por disposición del procurador general de la República,
Francisco Domínguez Brito, a pesar de que el general Manuel Castro
Castillo insistía en que se trataba de un asunto muy grave que exigía la
presencia de la institución del orden.
El procurador alegaba que hasta
su llegada nadie podía acercarse al sitio donde estaban tirados los
cadáveres de los cuatro reclusos muertos en la refriega para evitar que
se contaminaran pruebas y evidencias, razones entendibles en la
investigación forense siempre que el ministerio público no tarde tanto
en llegar.
Cuando por fin los
investigadores pudieron analizar los cuerpos, hallaron en el bolsillo
del pantalón de Alcántara– a quien apodaban El Moreno, El Gordo o El
Sicario–, un teléfono celular y varios chips. La primera revisión
descubrió las últimas llamadas del recluso, a partir de las 12:35 del
mediodía del viernes 24, menos de una hora antes del tiroteo…
Habían sido hechas de forma
consecutivas al teléfono de su hermano Gustavo Alcántara Valdez, alias
El Grande, que se encontraba en compañía de Elvin Féliz Alcántara, alias
Sadam; Hairo Brito Bello, alias El Jairo, y Abraham Sued García, alias
El Gordo, en una yipeta que merodeaba el recinto carcelario esperando
que se produjeran los acontecimientos para llevarse a los evadidos.
Las cosas ocurrieron de la
siguiente forma: El mismo día del intento de fuga, es decir el viernes
24, agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario de la cárcel,
conocidos en el nuevo modelo penitenciario como VTP, habrían advertido
que desde hacía rato merodeaba por el lugar una yipeta gris marca
Hyundai, pero no hicieron nada para indagar la sospecha.
Se confirmó que el mismo día
“alguien” introdujo al penal dos pistolas del calibre 9 mm y un revólver
Magnum 3.57, armas que se entregaron a Andy Maríñez Valdez y éste se
quedó con el revólver y dio las pistolas a sus secuaces.
Dos o tres horas después, y de
forma “extraña y sorpresiva”, Andy aparece vestido con pantalón largo–
algo prohibido en el penal, donde es norma rigurosa que los hombres
vistan pantalones cortos–, y después de cruzar junto a sus compañeros de
aventura tres puertas con candados de seguridad, encañonaron al
administrador de la cárcel, lo tomaron de rehén y se dirigieron a la
salida que hallaron franca y sin ninguna resistencia.
Los guardianes de la torre
lateral izquierda se percataron de la ocurrencia porque a los cuatro
delincuentes se sumaron otros reclusos que pretendían aprovechar la
oportunidad para una fuga masiva. Los vigilantes dispararon y alcanzaron
a uno de los cuatro hombres armados y lo derribaron…
… Andy respondió el fuego y
alcanzó al sub administrador de la cárcel, Starling de Jesús Amarante
Polanco, que recibió tres disparos mortales, y los otros dos reclusos
también dispararon e hirieron de gravedad al penitenciario Milcíades
Casanova Casanova, que murió al día siguiente.
A partir de ese momento se
desataron los demonios en el recinto penitenciario; el tiroteo duró casi
20 minutos, los cómplices de la yipeta dispararon hacia el interior de
la cárcel — dicen que usaron fusiles automáticos M-16 y otras armas de
guerra–, mientras escapaban rumbo a la capital tomando la autopista 6 de
Noviembre.
En la balacera también
resultaron heridos los reclusos Rayan Rafael Medina, Carlos Manuel de
León, Henry Blanco Polanco, Jhonatan Franco Heredia, Iván Fernando
Féliz, Francis Miguel Burgos y Yeremi Gutiérrez Peña, y los policías
penitenciarios Ruddy Lorenzo Pérez, Alexander Ramírez y Paula Díaz Peña,
el menor Miguel de la Cruz Rosario y su madre Cándida Rosario Holguín.
(( Inicia la investigación
El celular y los chips hallados junto al cadáver de Andy dio
inicio a la investigación policial. Una cosa llevó a la otra y en
cuestión de dos horas la Policía tenía el perfil de los principales
sospechosos y publicaba sus nombres y fotografías para lograr la
captura, mientras igualmente daba a conocer el prontuario criminal de
los delincuentes abatidos en la cárcel momentos antes.
“Dándole seguimiento al presente
caso, debido a la persecución de miembros de la Dirección Central de
Investigaciones Criminales, se entregaron en horas de la noche del día
26 de octubre Abraham Suero García, alias El Gordo, y Gustavo Alcántara,
alias El Grande. Y en horas de la mañana (del día siguiente) se entregó
Hairo Brito Bello, alias El Jairo, quienes están siendo investigados en
torno a su participación en el intento de fuga…”, dice la Policía.
Dos días después los tres fueron
libertados por una corte de San Cristóbal luego que los fiscales
retiraran la querella por falta de sustento probatorio.
Aún así la Policía siguió la
pista, y el pasado jueves a primera hora de la mañana allanó una
residencia en la calle Juan Goico Alix esquina Presidente Vásquez del
ensanche Ozama y apresó a Juan Diego Montero Estrella, alias Diego
Parrillada, y ocupó pertrechos y armas que pudieran estar vinculadas a
los sucesos de Najayo.
Al ser interrogado, Diego
Parrillada reveló que el asalto a la cárcel fue ejecutado por un tal
Miguel Ángel Rojas Alcántara, alias Tom, y otro sujeto a quien sólo
conoce por el nombre de Bastardo, ambos residentes en El Café, de
Herrera.
La investigación continuó. El
mismo día la Policía allanó un negocio de rent car en el kilómetro 22 de
la autopista Duarte y determinó que la yipeta utilizada en los hechos
de Najayo fue rentada allí por una mujer identificada como Rosa María
Martínez, quien estaba acompañada “de un hombre de unos 30 años de
edad”.
Las autoridades han recibido
informaciones sobre el origen de las armas utilizadas para el intento de
fuga colectiva de la cárcel y la forma en que fueron llevadas e
ingresadas hasta caer en manos de los delincuentes. Esos informes
señalan que quien las introdujo al penal fue un individuo identificado
como “El Pastor” o “El Cojo”, que reside en el sector de Herrera.
Sin embargo, la investigación
descarta la posibilidad de que dos pistolas y un Magnum 3.57 hayan
podido ingresar a la cárcel sin la connivencia de personal de vigilancia
y seguridad del penal.
“Resulta simplemente imposible
introducir a la cárcel esas tres armas, el mismo día y al mismo tiempo,
sin que hubiera complicidad con personal de seguridad de Najayo. Esas
son algunas de las cosas que nos faltan por determinar”, se reveló a La
Tecla.
En términos personales, se supo,
el Presidente Danilo Medina está muy atento de este caso y pendiente
del giro que van tomando las investigaciones.