Por Juan Bolívar Díaz/Tomado de Acento.com.do
El
proyecto reeleccionista de Danilo Medina conlleva un reparto del Estado
sin precedentes entre los tres partidos tradicionales, con auto
confesión de debilidad que podría polarizar con dos tercios de la
población que desconfía de ellos
Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do/Cristina Lizardo y Abel Martínez durante la Asamblea Nacional Revisora
La
forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha
manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación
del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha
tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la
corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.
Aunque
para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja
de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha
de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de
oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando
insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.
Costo de la financiación
Aunque
la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el
propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos
antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego
con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación
de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a
la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42
diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista
Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario
Moderno (PRM), éstos últimos en vías de expulsión.
La
reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente
democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante
más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un
frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una
concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como
en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.
El
pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus
diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que
para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún
organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus
líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.
En
el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo
responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al
reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus
colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavarez dijo sentirse
asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de
diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos
líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de
obras públicas.
Costo para la democracia
Este
proyecto continuista conlleva un alto costo para la democracia interna y
la integridad de los partidos. Se trata de imponer una “reelección
total”, ya pactada para las repostulaciones en el PLD de los actuales
legisladores y alcaldes, y extendida con el tres en uno a perredeistas y
refmásormistas.
Como
las 30 curules del PLD y las dos reformistas en el Senado tienen
propietarios garantizados, se proponen crear entre 2 y 5 nuevas
provincias, para candidatos del PRD, pero deberán modificar la Ley 55
del Registro Electoral que prohíbe nuevas jurisdicciones territoriales
desde un año antes de las elecciones. Las nuevas provincias, fruto de la
división de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega y San
Juan, originarían más municipios para el reparto.
Aunque
los diputados fueron los negociadores y se les prometió apoyar su
reelección, eso es imposible sin derogar la ley 157-13 del 27 de
noviembre del 2013 con la que este mismo Congreso restituyó el voto
preferencial en la elección de diputados, que había sido suprimido por
la Junta Central Electoral, y lo extendió a los regidores y vocales
municipales, a partir de las elecciones del 2016. Con el voto
preferencial, aunque vayan en listas comunes con el PLD, los 42
diputados del PRD y los 9 del PRSC quedan en el aire, ya que los
militantes darían preferencia a los de sus propios partidos, más si les
han impuesto las postulaciones.
Los
alcaldes actuales, que no participaron en el pacto tripartito
anunciado, sí tendrían garantías en listas comunes. El PRD obtuvo 57
alcaldes en la última elección, de los que 3 se pasaron al PLD y 28 se
han ido al PRM, quedándoles 26.
Costo para el presidente
Todo
el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta
en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido
fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto
costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte
como el de Leonel Fernández y seguidores.
La
palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso
no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que sólo gobernaría 4
años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia
dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo,
Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.
Abundan
los vídeos y las citas de Medina en la internet, resaltando el costo
económico, institucional y democrático del releccionismo, desde su
campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el
Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno.
En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones
Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó
explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba
prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los
votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo
quiero cuatro años y nada más”.
Danilo
se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es
antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles
todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período
sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el
fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas
instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó
que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no
distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes
partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la
imagen de los partidos y dañando la economía”.
Parece
que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso,
que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como
adjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la
Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo
poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia
nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.
Un gran desafío nacional
Aunque
hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho
por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad
dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor
País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis
Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.
Si
estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones
primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo
menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea
de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos
polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto
antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene
reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las
preferencias.
En
el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos
contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el
control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo
junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para
imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades
de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos
tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil,
Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a
Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron
electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los
situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan
antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las
masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar
a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad
social.
Muchos
creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente
no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte
insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última
Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada
por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento
de apoyo al sistema político, sólo un 37 por ciento con militancia
partidista y con los partidos en el último escalón de confianza
ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12
más importantes instituciones nacionales.
Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-