Por Arturo Martínez Moya
a.martinez[@]hoy.com.do/Tomado de Hoy.com.do
Los
negocios, grandes o pequeños, que no cumplan con leyes y normas
fiscales no deben operar. Y mucho menos después que dejaron pasar plazos
negociados con la DGII. Implica competencia desleal para los que
cumplen, lo sabe la Federación de Comerciantes, que defiende, como he
leído, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal en sus diversas
formas.
Pero
ahora se dispara con un recurso de amparo ante el Tribunal Superior
Administrativo, para que ganen tiempo los que no se ocuparon de instalar
la impresora fiscal, para que continúen rentabilizando el Itbis que
cobran a los clientes y no envían al Fisco. Eso se llama incoherencia.
Debe decidirse por un discurso. Sabe que la DGII hace su trabajo cuando
exige instalar la impresora, para inutilizar las ventas no registradas
como mecanismo de fraude y eliminarlas como coladeros impositivos,
cuando sin discriminar cobra al que debe pagar, lo que se traduce en
ganancia de credibilidad para la entidad recaudadora. Si se quiere
prueba, ahí está la recaudación del Itbis por actividades comerciales,
excepto combustibles y ventas de vehículos aumentó 20 por ciento, tres
veces más que la economía que se expandió en 6.4 por ciento, periodo
2013-2015.
La diferencia se explica por el aumento de tasa, base de aplicación y
eficiencia en el cobro, también por las normativas para instalar las
impresoras fiscales donde no existen. Los números citados prueban que la
mayoría de los negocios cumplieron, instalaron los equipos, por eso es
injusto que ahora venga su Federación a pedir privilegio en favor de los
que dejaron pasar el tiempo. Planteamiento que es otra incoherencia
cuando se habla de una mesa para la reforma fiscal integral, de la que
formará parte la Federación.
Se encontrarán con que el fraude, en sus diversas formas, incluyendo la
retención indebida del Itbis, además de regímenes especiales y
bonificaciones fiscales para contribuyentes, estará en la agenda porque
frena el crecimiento de la tributación y resta recursos al Estado para
reducir la deuda social.
Recuerdo haber leído que la Federación se quejaba de que sus asociados
no tenían dinero para los equipos, lo que fue neutralizado cuando la
DGII decidió reconocer su costo, incluyendo el de instalación, como pago
a cuenta del Impuesto Sobre la Renta del Contribuyente. Es decir, al
final el Gobierno es quien paga. Ahora, dos años después de promulgarse,
pretenden que se derogue la norma sobre facilidades para soluciones
fiscales, alegan que viola la Constitución, leyes y derecho a la libre
empresa.
La Federación debe abandonar su posición absurda y servir de puente
para que sus asociados, sin excepción, cumplan las normativas. Para que
se formalicen y ganen credibilidad, porque los consumidores no perdonan
que el Itbis que pagan se quede en bolsillos privados. Excepto los que
aprovechan resquicios de la ley para eludir y los que están exentos,
pagan el Itbis y esperan que los comerciantes lo remitan al Fisco.
Con hechos estaría contribuyendo en la lucha contra la corrupción y el
fraude impositivo. Y con la reducción del abismo que se ha ampliado
entre los más ricos y los más pobres, está demostrado que el fraude, en
sus diversas modalidades, es una de las principales razones de ese
abismo.